A través de nuestras publicaciones se ofrece un canal de difusión para las investigaciones que se elaboran al interior de las universidfades e instituciones públicas de educación superior del país, partiendo de la convicción de que dicho quehacer intelectual sólo está comnpleto y tiene razón de ser cuando se comparten sus resultados con la colectividad. El conocimiento como fin último no tiene sentido, su razón es hacer mejor la vida de las comunidades y del país en general, contribuyendo a que haya un intercambio de ideas que ayude a construir una sociedad informada y madura, mediante la discusión de las ideas en la que tengan cabida todos los ciudadanos, es decir utilizando los espacios públicos.

Con esta colección Pública Ensayo presentamos una serie de estudios y reflexiones de investigadores y académicos en torno a escritores fundamentales para la cultura hispanoamericana con las cuales se actualizan las obras de dichas autores y se ofrecen ideas inteligentes y novedosas para su interpretación y lectura.

Títulos de Pública Ensayo

1.- México heterodoxo. Diversidad religiosa en las letras del siglo XIX y comienzos del XX

José Ricardo Chaves

2.- La historia y el laberinto. Hacia una estética del devenir en Octavio Paz

Javier Rico Moreno

3.- La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer

Álvaro Ruiz Abreu

4.- Amigos de sor Juana. Sexteto biográfico

Guillermo Schmidhuber de la Mora

5.- Los jeroglíficos de Fernán González Eslava

Édgar Valencia

6.- México en la obra de Roberto Bolaño

Fernando Saucedo Lastra

7.- Avatares editoriales de un “género”: tres décadas de la novela de la Revolución mexicana

Danaé Torres de la Rosa

8.- Los hijos de los dioses. El Grupo filosófico Hiperión y la filosofía de lo mexicano

Ana Santos

9.- Los dioses llegaron tarde a Filadelfia. Una dimensión mitohistórica de la soberanía

Ignacio Díaz de la Serna

Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de los legítimos titulares de los derechos.

Primera edición, octubre de 2015

De la presente edición:

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ISBN 978-607-02-7188-5 (UNAM)

ISBN ePub: 978-607-8450-22-0

Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores

Diseño editorial y de portada: Teresita Rodríguez Love

Ilustración de portada: Bonilla Artigas Editores

Hecho en México

Contenido

Preámbulo

1. Las dos grandes revoluciones modernas

2. Más que una revolución social

3. Cuando Edmund Burke sintetiza

4. Mientras que la ruptura

5. El término “convención”

6. El abad Mably escribe

7. No es sencillo fundar

8. ¿En qué consistía esa crisis?

9. Resulta interesante asomarse

10. El árbol de la libertad debe ser refrescado

11. La soberanía popular es la ley

12. El Federalista se irguió como un bastión

13. Al alertar sobre el peligro

14. De ahí que el bando

15. La idea que los Padres Fundadores

16. El federalismo es sin duda la gran novedad

17. Hoy, después de lo visto y vivido

Fuentes

Sobre el autor

Para Nonor, Varabán y Aline

La Historia de la que aquí se habla es sinóptica y simultánea, es la desmesurada alfombra sin límites en la que es posible yuxtaponer y anudar estrechamente, bajo la mirada, los acontecimientos más dispares o más distantes, donde los hechos y los comentarios sobre éstos permanecen perpetuamente atados a un lecho de tortura y de placer, donde las formas y las fuerzas no alcanzan a distinguirse, donde la mirada está desde siempre expuesta al terrible peligro de tocar los símbolos. Cualquier juicio es aquí un hilo perdido en la urdimbre de la alfombra y su única pretensión es la de sumarse con su tenue color a la trama del conjunto.

Roberto Calasso, La ruina de Kasch

Preámbulo

Las líneas iniciales del artículo “América”, en la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, aseguran que la historia del mundo no ofrece otro suceso tan singular como el descubrimiento del nuevo continente (Diderot y D’Alembert, t. 2, 1778a: 347).

Esta afirmación quizá parezca desmesurada. No lo es tanto si recordamos que una de las consecuencias más significativas de la conquista de nuevos territorios durante los siglos XV y XVI por parte de las naciones europeas emergentes fue la invención del mundo como “mercado”. A la par de ese acontecimiento, los Estados nacientes adquirieron conciencia de su individualidad irreductible, conciencia que ganaría su concreción en una forma específica: poder político. Así, Europa irá convirtiéndose en un novedoso campo de ensayo histórico. Poco a poco surgirán los Estados soberanos en busca de una identidad propia y lucharán por consolidar su independencia con respecto a los Estados restantes.

A partir de esa realidad, la filosofía política desarrollada en aquella época estableció tres ejes principales de reflexión en torno a la soberanía. El primero consistirá en postular el principio de un fundamento humano de la ley. El segundo diseñará y llevará a cabo la semántica de un relato fundacional: el mito de la soberanía. El tercero estará abocado a la tarea crucial de construir el personaje político que distinguiría a la Modernidad: el pueblo.

De tal suerte, el primer eje de la reflexión moderna acerca del Estado consistió en definir qué era la ley, tanto en su origen como en sus fines. La ley es inmanente, lo cual significa que es humana y positiva. En la práctica, la ley positiva reside en la voluntad del soberano cuando hace empleo de su poder. Por ende, la ley es la forma inmanente de ese poder en la vida civil. Proviene de la civitas en el momento en que ella es fundada como tal. La ley es condición esencial de la civilidad. Gracias a ella la sociabilidad entre los individuos no sólo aflora como una aspiración, sino que ocurre de facto, cuando los saca del estado de naturaleza en que viven inicialmente. Y gracias también a la ley el cuerpo político logra constituirse.

La ley cumple así una doble función, una moral y otra pragmática. Está al servicio de lo justo y de la paz en el seno del Estado. En ese sentido, la ley resume y expresa la esencia misma del Estado: la unión de los individuos dentro de un mismo cuerpo y su sujeción a una misma norma. Debido a que la ley soberana tiene un origen y un fin inmanentes a la existencia histórica de los hombres, no está de más subrayar su carácter profano. En otras palabras, el Estado es poder profano, y la ley mediante la cual el poder soberano se hace concreto y se expresa también es completamente profana.

La civilidad fue proclamada como el elemento central de la reflexión filosófico-política acerca del Estado, una vez que la noción de ley divina fue erradicada como fundamento racional de dicha civilidad.

Por otra parte, si la soberanía resulta ser un principio de justicia, lo anterior no se debe, en ningún caso, a que exista una norma de justicia viable para los hombres que provenga de la naturaleza o de un dios. La política, en el sentido de acción y reflexión, es un hecho que nace del mundo histórico profano y lo modela. En el ámbito de la teoría política moderna, no son los teólogos quienes establecen la definición de lo que socialmente se entiende por “justo”, “injusto”, “bien” y “mal”. Toda definición útil para la paz civil ha de emanar de la ley civil, ley que procede —según la evidencia histórica— del poder soberano.

En efecto, la política no se limita al terreno de la acción; es un asunto que concierne al lenguaje y a la palabra. Esto lo intuyó Hobbes con increíble perspicacia al abordar el tema del lenguaje en el Leviatán.

El campo de la política es en buena medida un campo de disputas semánticas. La interpretación del significado de esos términos no puede quedar abierta ni ser ambigua, lo que resultaría peligroso. Definirlos claramente corresponde al poder soberano; constituye un acto de soberanía, ya que a través de ese esclarecimiento semántico es posible prevenir alguna causa de ruptura del lazo civil. Ante todo, la ley es léxico. Proporciona un entramado de significación común y de comunicación. Por ello se instituye como un código universal que todos los individuos dentro del Estado están obligados a seguir.

Un segundo eje de la reflexión moderna acerca del Estado ahonda en la construcción semántica de la narración mítica sobre el la soberanía como una consecuencia profana de la fundación de la ley. ¿Qué abarca dicha narración o relato? La conocida secuencia de tres instancias: estado de naturaleza –celebración de un contrato social– estado social.

Esa narración mítica sobre la soberanía es el mito fundacional que permite explicar el advenimiento histórico de la ley. Dios ya no es fundamento ni garante de contrato alguno. En el Estado, el único fundamento posible de la ley es el poder soberano, poder que avala también el fundamento mismo. Dicho de otro modo, al juez último no hay juez que lo juzgue. Ésta es una máxima de la política moderna, totalmente opuesta a la tradición reinante durante la Edad Media.

A manera de ejemplo, me referiré al caso de Hobbes. En su narración mítica acerca del origen del Estado que despliega en el Leviatán, el Estado social deriva de la naturaleza humana. El psicodrama de los orígenes políticos acontece en el ámbito de la responsabilidad humana y sólo allí, es decir, cancela la necesidad de remitirse a cualquier instancia trascendente. Hobbes elabora una narración mítica novedosa de la soberanía con el propósito de fundar el Estado profano en un principio profano, legitimando así una autofundación de la soberanía.

La narración de Hobbes, como después lo hará la de Locke y la de Rousseau, muestra a las claras el principio esencial de la política moderna. Al considerar su condición natural, los hombres optan por su facultad de pensar y se dotan de una ley común, artificial, la cual es elaborada y ejecutada por un individuo o por una asamblea. A partir de ese instante, Dios se ha quedado sin empleo, pues ha sido borrado de los orígenes de la ley.

En conclusión, lo que he denominado “narración mítica de la soberanía” relata cómo la historia comienza con la sumisión de los individuos al poder soberano y a la ley que emana de aquél.

En cuanto al tercer eje de la reflexión moderna sobre el Estado, conviene señalar que Hobbes es el autor que crea por primera vez la entidad conceptual “pueblo” como fuente originaria del Estado. Si la finalidad de la asociación civil es asegurar la paz mediante la ley, cabe preguntarse entonces de dónde proviene la legitimidad de tal asociación.

Antes de Hegel, los tres grandes modelos teóricos de una filosofía política —Hobbes, Locke y Rousseau— darán un paso muy importante al sostener que ninguna legitimidad a priori justifica al Estado. La única legitimidad posible procede del pueblo. La voluntad que fundamenta a la ley —y, por supuesto, instituye el Estado— es la voluntad del pueblo. De tal manera, en más de un sentido, la narración moderna de los orígenes de la asociación política no es más que el relato de la constitución del “pueblo” como sujeto central de la ley.

Por lo que toca a Locke, y al igual que ocurre en Hobbes, el hecho de recurrir a la narración mítica acerca de la soberanía para fundar el Estado no implica, en ningún momento, el deseo de regresar a un supuesto pasado histórico. El estado de naturaleza no es una etapa de la vida anterior de los hombres. La figuración del estado de naturaleza sirve en exclusiva para construir conceptualmente un esquema funcional de la “naturaleza humana”. El hombre propietario y razonable del que ambos autores hablan no es, desde luego, el descendiente de Adán y Eva. En el caso específico de la concepción de Locke, la soberanía emana de los propietarios; ella es un poder derivado de la propiedad. El sujeto político es el propietario y pronuncia la ley. En otras palabras, el propietario es sujeto de la ley, no está sometido a la ley.

En consecuencia, propiedad y Estado forman el núcleo de la teoría política de Locke y del constitucionalismo moderno. Y a partir de ese constitucionalismo, Montesquieu establecerá los fundamentos filosóficos y jurídicos del Estado constitucional moderno. En efecto, inspirándose en la Constitución inglesa, que surgió después de la Revolución de 1688 [Bill of Rights] y en el Segundo tratado sobre el gobierno de Locke (2003),1 Montesquieu formula la teoría más sistemática y acabada del modelo constitucionalista. Sin embargo, ello no significa que Francia haya adoptado ese modelo. Cuando aparece El espíritu de las leyes, Francia está muy lejos de ser un “Estado libre”, muy lejos de asemejarse a Inglaterra, cosa que no escapa a Montesquieu.

El despotismo de la monarquía absoluta francesa constituye una larga tradición política desde 1589, fecha en que Enrique IV sube al trono. Y, por si lo anterior no bastara, el parlamentarismo aparecerá en Francia varias décadas después de la Revolución.

Tengamos presente que la teoría política de Montesquieu se dedica sobre todo a pensar el concepto de libertad, pero no lo piensa desde un fundamento metafísico, sino desde condiciones políticas de posibilidad. De hecho, el objeto de la política es la libertad. Por tanto, tales condiciones políticas no son otras que las condiciones constitucionales de la libertad. El proyecto de Montesquieu permite comprender el momento crucial en que se construye el principio de la soberanía: la Constitución. Mediante ella, y sólo a través de ella, el principio democrático mismo se insinúa ya como soberanía. Así, el principio constitucional presupone la representación, es decir, la Constitución remite el principio de la ley a su origen primero: un pueblo o una nación.

Poco después, en la época en que aparece publicado el Contrato social de Rousseau, Francia había estado bastante agitada desde hacía diez años por la cuestión primordial de la representación. Los numerosos parlamentos regionales que salpicaban el reino intentaban apropiarse de algunas de las capacidades legislativas y, por ese camino, oponerse a la voluntad centralizadora del rey. Esas supuestas cortes soberanas estaban reducidas en la realidad a la categoría de cámaras legales, donde se registraban las ordenanzas y disposiciones de la justicia real. De parlamento, únicamente tenían el nombre.

Testigo, durante largo tiempo, de esa situación lamentable, no es de extrañar que Rousseau sostenga que la idea misma de representación se remonta al gobierno feudal. Sin remilgos, condena el principio de representación porque sabe que dichos “parlamentos” no son el pueblo; no representan a nada ni a nadie.

En resumidas cuentas, si Rousseau se opone al principio de la representación con plena firmeza, como lo hace, es porque advierte que el ámbito parlamentario no conlleva progreso alguno, sino que propicia un nuevo ardid de la monarquía para privar al pueblo de la soberanía. En ese contexto histórico, la afirmación suya, contundente, a favor de la soberanía del pueblo, directa y sin representación, fue increíblemente innovadora.

De ese modo, Rousseau da pie, al menos en términos filosóficos, a una posible revolución que tendría por finalidad la institución de la soberanía del pueblo, erradicando de una vez y para siempre la soberanía real y también la soberanía parlamentaria. Entre los dos extremos, la Revolución encontrará un término medio en la retórica acerca de la soberanía nacional, enunciada por Sieyès, y que la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano pondrá en vigencia.

Aunque la idea de nación era consustancial al Antiguo Régimen, ella contribuirá a volver factible el paso de la monarquía a la república como continuidad del principio de soberanía. Así sucederá. A partir de 1789, la soberanía se trasladará del monarca al pueblo a través de la “nación”.

Entonces una nueva era, la de las naciones, se iniciará con la invención de la soberanía nacional.

La nación es unidad. Consecuentemente, el Estado es la soberanía en acto de la nación, la cual, sin el pueblo, queda condenada al silencio. Ésta hablará de ahora en adelante por boca del pueblo. Europa se convertirá pronto en un territorio de naciones, el sitio donde ocurrirá una vasta territorialización de la soberanía.

Si bien es verdad que el proceso de singularización de los territorios nacionales había comenzado en el Renacimiento, será gracias a la guerra entre los Estados-nación ya constituidos, o en vías de formación, que dicha singularización alcanzará su término. A lo largo de la Modernidad, la guerra será inseparable del estado de soberanía. Y en el marco de ese proceso, irrumpirán la americana, en primer lugar, y luego la Revolución francesa.

Pero a diferencia de esta última, revolución que falló al pretender instaurar una sociedad democrática, pues pronto desembocó en el establecimiento del imperio napoleónico, la revolución mediante la cual Estados Unidos afirmó su soberanía frente a Inglaterra no sólo tuvo éxito, sino que, en realidad, no se trató propiamente de una revolución.

¿Por qué? El pueblo, lejos de ser aquella primera convención social definida por Rousseau, en el ámbito de las antiguas colonias inglesas en América, es ya multitud inmediata, “número” de individuos organizados en unidades comunales. La libertad es una práctica cotidiana que surge de la proximidad que los individuos mantienen entre sí, previa a que un gobierno centralizador los organice, proclamándose garante de esa libertad.

Sin duda, la historia del surgimiento de la nación americana ofrece un caso de fundación social exitosa por completo singular. Su singularidad estriba, me parece, en que no se ajusta a la secuencia narrativa acerca de la soberanía instituida por la filosofía política europea, secuencia razonada y argumentada por Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau.

En las páginas que siguen no pretendo reconstruir una historia del gobierno representativo. Me limitaré tan sólo a destacar su momento de irrupción en aquellas antiguas colonias para discernir, desde una perspectiva genealógica, tal como lo enseñó Nietzsche, el sentido soterrado de su origen; en qué condiciones surge y hacia dónde apunta.

A este respecto, es preciso que traiga a colación una de las obras del historiador estadunidense Edmund S. Morgan. Me refiero a La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos. Se trata, sin duda, de un libro extraordinario por la amplitud de su investigación y el carácter insólito de su afirmación central. Morgan sostiene que la “soberanía popular” fue la nueva ficción que reemplazó al derecho divino de los reyes, ficción en torno a la cual se organizará la vida política y social a partir de la época moderna.

Todavía hoy la noción de “soberanía popular” constituye un credo prácticamente incuestionable; goza de una solidez a prueba de cualquier vacilación. Quien se atreve a discutir su carácter metafísico desemboca tarde o temprano en una impiedad, acto que no pocas veces puede llevarlo a finalizar con sus huesos en un auto de fe orquestado por alguna fuerza progresiva. Sin embargo, a pesar de reconocer su valor, debo manifestar mi sorpresa con ese libro en dos puntos que me parecen esenciales.

En primer lugar, el uso que Morgan hace del término “ficción” presupone —y conserva intacta— una dicotomía entre lo que “es real” y lo que “no es real”, entre “realidad” y “ficción”. Mantiene de ese modo una proliferación innecesaria de entidades, respaldándose en un esquema epistemológico que justamente la Modernidad, no sin sortear ciertas resistencias, se encargaría de desechar. Por ejemplo, en el apartado “La invención del pueblo soberano”, Morgan se aboca a explicar cómo el pueblo ficcional termina por sustituir al pueblo real. A mi juicio, “pueblo” es siempre ficcional; en ningún caso deja de serlo. Por eso he preferido referirme a la “soberanía popular” como un dispositivo y no una ficción. Con ello aludo a un conjunto de estrategias y operaciones novedosas en el orden de lo político, cuyo análisis a lo largo de este ensayo, así lo espero, pueda revelar tanto las condiciones históricas de su surgimiento como las razones últimas que la hicieron tan apetecible y aceptable para nosotros.

En segundo lugar, confieso que mientras avanzaba en la lectura de esa obra, un detalle iba llamándome cada vez más la atención. Si bien es cierto que Morgan anuncia ya desde el subtítulo que su trabajo se circunscribe a la tradición anglosajona, resulta difícil aceptar la ausencia de Montesquieu y de Rousseau en el curso de dicha investigación. En efecto, ambos están inexplicablemente ausentes; no se encuentran allí ni siquiera como referencia secundaria. Jamás se menciona a Rousseau…

En cuanto a Montesquieu, Morgan se refiere a él de modo tangencial en un solo párrafo. Lo hace cuando escribe:

Era una máxima aceptada del pensamiento político de la época que el gobierno republicano estaba confinado, por propia naturaleza, a estados pequeños. Montesquieu, quien había expresado de manera más influyente esta idea, la había fundamentado en la experiencia de las ciudades Estado de la Antigüedad, que no habían utilizado la representación (Morgan, 1989: 266).

Sobre el tema de la soberanía y de la representación en el pensamiento político-filosófico del siglo XVIII, considero que omitir a esos autores significa un lamentable vacío, pues se sabe, por estar documentado con amplitud, que varios de los Padres Fundadores los leyeron con detenimiento, conocían bien al menos una parte de su obra, y en algunas de sus ideas principales se inspiraron para hacer realidad el proyecto de una república federal sustentada en la noción de “pueblo soberano”.

Diré de paso que semejante falta de curiosidad, de interés, para tomar en cuenta cualquier mirada que provenga del exterior, es nota común en muchos historiadores estadunidenses. En última instancia, hacerlo de vez en cuando les acarrearía el beneficio de poder relativizar el conocimiento que poseen de los procesos históricos de su país. Precisamente esa falta de curiosidad despertó en mí la inquietud por indagar qué pensaron algunos europeos contemporáneos de Adams, Franklin, Washington y Jefferson, del nacimiento de Estados Unidos como nación independiente. Asomarse a los comentarios de Mably, Mazzei, Raynal, Condorcet, Turgot o de Graf von Hertzberg era una tarea no sólo recomendable, sino imprescindible, pues todos ellos ofrecen la oportunidad de discernir mejor por qué se debatieron —y en qué términos se debatieron— las ideas rectoras que fueron puestas en práctica durante esa época en Occidente, y sin las cuales no es factible comprender la fisonomía del mundo actual.

He de añadir también que procuraré mostrar en estas páginas cómo la Revolución americana fue el contrato social mismo. El pueblo es el que funda la república, y no el Estado quien funda al pueblo. Al no haber unificación superior al pueblo, la ley proviene espontáneamente de él, y no de un poder soberano que encarna al Estado.

Al decir que la Revolución americana no es, hablando con propiedad, una revolución, apunto simplemente al hecho de que, en el caso de Estados Unidos, no fue necesaria una revolución para fundar la república sustentada en el principio de la soberanía del pueblo. Éste es siempre soberano. Lo ha sido y lo será. En ese sentido, cabe agregar que la democracia americana no fue inicialmente una democracia política. No tenía necesidad de serlo. Fue una sociedad democrática, practicante de la igualdad, por lo que el principio de la soberanía del pueblo no expresaba una concepción política de la vida social. Así, mientras que las naciones europeas iban constituyéndose poco a poco en territorios de libertad política, Estados Unidos fue desde el comienzo lugar de igualdad civil. De ahí provino el carácter pragmático de su democracia.

Tal pragmatismo recorre de principio a fin los artículos de la Constitución federal de 1787. También alienta el funcionamiento de las instituciones que se crearon a partir de ese momento. Contra la idea a veces difundida sobre las capacidades casi divinas de los delegados que dieron forma y contenido a esa primera Constitución moderna, baste señalar que aquellos representantes fueron simplemente hombres interesados en construir un país muy distinto del que antes había sido colonia. Quizá sea una exageración decir que eran individuos comunes y corrientes. La mayoría de ellos gozaba de una situación económica holgada y poseía una extensa cultura clásica. Asimismo, la mayoría tenía una amplia experiencia política derivada de su participación en múltiples instancias de los gobiernos locales. La tarea que se propusieron no era fácil, sobre todo porque carecían de antecedentes históricos en los que inspirarse. Fueron inventivos. Por eso lograron llevarla a cabo con éxito.

Nunca sabremos si los dioses desearon intervenir en esa obra. A fin de cuentas, saberlo poco importa. Lo cierto, lo único cierto, es que los dioses llegaron tarde a Filadelfia.

1] Misteriosamente, el título original de Second Treatise on Government se ha popularizado en toda Iberoamérica como Ensayo sobre el gobierno civil. La mayoría de las traducciones que existen al español han adoptado ese título imaginario. Es verdad que el ensayo lleva el subtítulo de An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government. Por mi parte, prefiero apegarme el título que Locke concibió para su obra.

1

LAS DOS GRANDES REVOLUCIONES MODERNAS,1 la Revolución americana y la francesa, han suscitado una cantidad exorbitante de literatura histórica y crítica. No es para menos. Fueron dos acontecimientos que abrieron, como ninguno otro, el camino hacia nuestro mundo. Sobre cada una existe, por así decirlo, una vastísima historia de su historia.

Los primeros historiadores de la región que se convertiría en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron individuos nacidos en Europa. Para ellos, registrar los sucesos de los que habían sido testigos o en los que habían tomado parte, más que un asunto de veracidad, significaba una labor piadosa. Virginia y Massachusetts fueron las colonias que contaron con un mayor número de testimonios. La historia de los asentamientos europeos que sucedieron en los años iniciales de colonización fue escrita por autores como el capitán John Smith, William Strachey, Edward Maria Wingfield, John Pory, Ralph Hamor, el reverendo Alexander Whitaker y George Sandys. La mayoría eran miembros de la Iglesia de Inglaterra. Vivieron en un tiempo inspirado por las reformas religiosas de la época isabelina, tiempo también en que la influencia del Libro Común de Oración [Book of Common Prayer]fue determinante.2

El proceso de poblamiento en Massachusetts fue descrito con detalle por Edward Winslow, William Bradford y John Winthrop, todos ellos ingleses leales al propósito con que habían sido fundadas las colonias en Nueva Inglaterra: abrir y consolidar nuevas rutas que estimularan una creciente expansión comercial. Escribieron para que la posteridad no olvidara cómo los peligros y penalidades de la colonización habían sido superados gracias a la tenacidad inquebrantable de los primeros colonos; inquebrantable porque su voluntad descansaba en una fe religiosa a prueba de todo.

Posteriormente, surgieron los historiadores que pertenecen a lo que se conoce en la historiografía estadunidense como the middle period, el cual comienza poco después del final de la revolución. Sus autores más connotados fueron Jeremy Belknap, George Bancroft, Jared Sparks, William Hicling Prescott y John Lothrop Motley. Ellos analizan y escriben la historia de su país con un nuevo enfoque. Belknap, por ejemplo, en su Biografía americana, dibuja a no pocos de los personajes históricos que colonizaron América del Norte con un halo heroico. En su perspectiva, hay una clara tendencia a valorar las acciones de los individuos en términos de una gesta épica. Y no es de extrañar. Tal periodo se encargará de consolidar la corriente patriótica estadunidense. Concluirá varias décadas después, cuando en 1884 se funde la American Historical Association. Hasta esa fecha, la historia de Estados Unidos había estado “teñida” por el resplandor de la Guerra Civil y su resultado positivo para los estados del norte. Pero con dicha asociación arranca una nueva etapa más fecunda y más crítica de la historiografía norteamericana. Uno de los historiadores que le dieron aliento fue el prolífico Francis Parkman, quien tuvo la inteligencia y el buen tino de no limitarse al estudio de la colonización anglosajona en América del Norte, sino que también abordó el fenómeno de la colonización francesa.

En la actualidad, Bernard Baylin y Edmund S. Morgan son autores de varios textos fundamentales para la comprensión de la historia moderna estadunidense, incluida, por supuesto, su revolución.

Por otro lado, los libros sobre la Revolución francesa son incontables: opúsculos, estudios, memorias, panfletos, redactados desde múltiples perspectivas ideológicas, no han cesado de aparecer desde 1789. Para darnos cuenta de las dimensiones de ese repertorio bibliográfico, reparemos en un hecho. De 1890 a 1913, Maurice Tourneux publicó cinco gruesos volúmenes, cada uno con un promedio de 650 páginas, con la bibliografía acerca de la historia de la revolución, disponible hasta esos años, circunscrita solamente a París. Se trata de la Bibliografía de la historia de París durante la Revolución francesa. Lo anterior da una idea aproximada de la infinidad de monografías que existen hoy sobre el tema. Ante semejante magnitud, cualquiera que pretende sumergirse en el estudio de la Revolución francesa pronto siente la tentación de abandonar la tarea por antojarse inabarcable. Sin embargo, de esa abultada bibliografía, hay ciertos hitos que no deben ser ignorados. Los mencionaré a continuación.

El primer análisis de la Revolución francesa que vale la pena destacar es la monumental historia (“Historia de la Revolución francesa”, 1839) que Adolphe Thiers publicó entre 1823 y 1827. Su valor científico e histórico consiste en que, a pesar de encontrarse muy próximo a los sucesos, se esmeró en ofrecer una explicación, sobre todo de los años del Terror, que no se restringiera a juicios simplones de orden moral, como proliferaban en su tiempo, tachando a los revolucionarios de malhechores enloquecidos, de bribones y sinvergüenzas que condujeron la patria a una hecatombe ignominiosa. Thiers utilizó el Moniteur como una de sus fuentes principales de información; había sido el periódico casi oficial del movimiento revolucionario. Además, aún le fue factible hallar personas que habían participado en tal o cual episodio y tuvo la fortuna de interrogarlos.

Alphonse de Lamartine hila —como era de esperarse— una visión romántica en su Historia de los girondinos, libro que se lee con agrado debido a su prosa rítmica, nada despreciable, aunque desde un punto de vista historiográfico, resulta mucho menos consistente que la obra de Thiers.

La Historia de la Revolución del socialista Louis Blanc está profundamente signada por la ideología de su autor. Quizá su mayor mérito estriba en que Blanc fue el primero en usar archivos histórico-gubernamentales para su investigación que no habían sido consultados hasta entonces.

Luego está un clásico, El antiguo régimen y la Revolución de Alexis de Tocqueville. En las páginas de ese libro se ocupa exclusivamente del comienzo de la revolución. A juicio suyo, era inevitable que el movimiento revolucionario estallara en 1789. No obstante, creía que si se hubieran realizado ciertas reformas al Antiguo Régimen, podría haberse evitado el periodo del Terror. Algunos historiadores contemporáneos, como François Furet, han contribuido a que la relevancia de la obra de Tocqueville sea reconocida y apreciada en nuestros días.

Otro clásico del siglo XIX es, sin duda, la historia de Jules Michelet. El lirismo que puebla su obra no consigue sustituir, ni tampoco ocultar, la carencia de un criterio historiográfico sólido. Con Michelet, señalémoslo, nace la leyenda negra en torno a Robespierre. Y no sólo en torno a él. Tanto Marat como Collot d’Herbois salen bastante mal parados. Aventuro un motivo probable en relación con el segundo. Durante la primera sesión de la Convención, d’Herbois intervino con una prolongada alocución. Sus palabras y argumentos contribuyeron a que la monarquía fuese abolida en el transcurso de esa misma jornada. Aquella postura decididamente antimonárquica fue tal vez lo que tanto disgustó a Michelet.

En 1901 aparece la Historia política de la Revolución francesa de Alphonse Aulard. De hecho, ésta es la primera historia elaborada con una metodología rigurosa y basada en una investigación pionera de archivos. Aulard enfatiza el carácter político del movimiento, restando peso a las razones económicas y sociales. Por eso, a veces se le ha acusado de reducir su idea de la revolución a la historia de la idea republicana. Para él, Danton es el personaje central de todo el movimiento, hasta que irrumpe Napoleón en la escena política.

En medio de una corriente que, en general, veía con buenos ojos a la revolución, Pierre Gaxotte, miembro de la Academia Francesa, da a conocer en 1928 su libro La revolución francesa, en el que no tiene reparo en mostrar su radical oposición al movimiento. Con un tono idílico y nostálgico, describe el final del Antiguo Régimen. Considera que la revolución fue originada por una crisis intelectual y moral que corroía en lo más hondo al “alma francesa”, y los responsables de esa penosa situación eran, qué duda cabe, los enciclopedistas… Sin comentarios.

La Revolución francesa y el Compendio de historia de la Revolución francesa, dos obras de Albert Soboul, son indispensables para comprender qué fue dicho movimiento, cuál fue su alcance y hasta qué punto somos deudores de éste, pues nos permitió modelar nuestro mundo actual.

Por último, se encuentran los dos tomos de La Revolución francesa de François Furet, los cuales abarcan desde 1770 hasta la época de Jules Ferry, o sea, 1880. Furet encabezó la escuela de los historiadores franceses “revisionistas”, llamados así por discrepar de algunos antecesores de corte marxista como Georges Lefebvre o Albert Soboul. Furet pensaba que la lucha encarnizada entre las diferentes facciones —hebertistas, dantonistas, girondinos, jacobinos, etcétera— pervirtió el derrotero de la revolución, apartándola de su espíritu liberal, provocando así la depravación que dio lugar al Terror y la condujo a su fracaso. Furet llegó incluso a sostener que toda revolución, por su naturaleza misma, desemboca tarde o temprano en el Terror o en el estalinismo, e instituye irremediablemente el gulag.

Entre estas dos ricas tradiciones historiográficas que acabo de sintetizar, existe un rasgo notable que las distingue.

A diferencia de los franceses, quienes todavía hoy —como es el caso de Furet— suelen discutir sobre su revolución, si acaso ha concluido o si restan objetivos por cumplir, los estadunidenses tienen la supuesta ventaja de poseer certezas inamovibles acerca de su historia. Hicieron su revolución. Conocen a la perfección las causas que la desencadenaron, su desarrollo; dominaron las fuerzas inerciales que obstaculizaban su triunfo y, a la larga, supieron imponerle un marco constitucional duradero. La Constitución federal de 1787, la primera Constitución escrita de un Estado, brindó estabilidad a las instituciones republicanas nacidas en el lapso de unos cuantos años y que fueron obra de las trece colonias después de lograr su independencia.

Los estadunidenses se sienten orgullosos de esas certezas. Jamás han puesto en duda que llevaron a cabo su revolución exitosamente, debido a que fueron capaces de concluirla, dando lugar a las formas más influyentes de la legalidad republicana. La mayoría de los historiadores dedicados al estudio de esa época parece coincidir sobre un punto en particular: que la Convención de Filadelfia significó la cima del movimiento revolucionario, ya que con ella culminaría la acción de 1776 iniciada por los insurgentes y fijaría para la posteridad los grandes principios cívico-políticos enunciados en la Declaración de Independencia. En ese sentido, ofreció un modelo para toda la humanidad.

La idea de una revolución, además de exitosa, plena por haber alcanzado los fines que se había propuesto, apareció ya alrededor de 1788. En la conciencia de no pocos americanos3 existe la certidumbre de que su revolución constituye un glorioso espectáculo para la historia; excepcional como ninguno y, por lo mismo, casi imposible de creer frente a las costumbres reinantes. Yendo más allá de las opiniones esclarecidas de los filósofos europeos, no ignoran que el conjunto de sus acciones ha despertado admiración en el mundo entero. De tal suerte, se sienten orgullosos por haber enseñado al género humano esta gran verdad: que a partir de ese momento los hombres son capaces de gobernarse a sí mismos, y que pese a la debilidad de su naturaleza, ya no están obligados a permitir que un tirano les imponga su voluntad ni los humille.

No obstante, la visión de una América-modelo que ha logrado aproximarse a la realidad de una democracia perfecta, como ninguna otra república antigua o moderna lo ha conseguido, no fue compartida por todos. Hubo excepciones en Europa. Por ejemplo, el abad Raynal, a quien no es fácil achacar una mala predisposición hacia América, se resistía a creer, poco después de la Declaración de Independencia, que los americanos fuesen los autores de una verdadera revolución. Consideraba que en realidad el acontecimiento se reducía al simple hecho de discernir si la metrópoli tenía o no el derecho de añadir un impuesto más a las colonias. Dicho gravamen era el impuesto al té.

Así refiere Thomas Paine la opinión de Raynal en Una carta dirigida al abad Raynal, panfleto escrito en 1782:

Ninguna de esas poderosas razones que han producido tantas revoluciones en el globo existieron en América del Norte. Ni religión ni ley alguna había sido allí ultrajada. La sangre de mártires o patriotas no había corrido desde los patíbulos. La moral no había sido insultada. Los modales, las costumbres, los hábitos, ninguna cosa cara a las Naciones había sido objeto de ridículo. Allí, el poder arbitrario no había arrebatado a ningún habitante de los brazos de su familia y de sus amigos para arrastrarlo a un lóbrego calabozo. El orden público no había sido trastocado. Allí, los principios de la administración no se habían cambiado, y las máximas de Gobierno siempre habían permanecido iguales. Toda la cuestión se reducía a saber si la madre patria tenía o no el derecho de imponer, directa o indirectamente, un pequeño impuesto a las colonias (Paine, 1817: 7-8).

Más adelante, propiciará, mediante una crítica acertada, que Raynal cambie de opinión, aceptando por fin la novedad y los méritos loables de la Revolución americana.

Paine no dejará de insistir en el efecto de ruptura contundente provocada por la Revolución americana. Subrayará entonces que los americanos son un pueblo completamente distinto; que su manera de pensar ha experimentado una revolución más honda que la revolución política del país.

Después de los errores de apreciación que Paine le indica en su carta, Raynal acepta de buena gana que su análisis de los motivos que condujeron a la revolución era insuficiente. En consecuencia, propondrá con entusiasmo en su libro Revolución en América que se levante un monumento para celebrar la gloria de los fundadores de la nueva América republicana:

La posteridad tendrá conocimiento de todos ellos. Sus honorables nombres le serán transmitidos por una pluma más feliz que la mía. Bronce y mármol los mostrarán a los siglos más remotos. Al mirarlos, el amigo de la libertad sentirá que su corazón palpita con júbilo, que sus ojos se colman con lágrimas deleitosas. Bajo el busto de uno de ellos se ha escrito: arrebató al cielo el relámpago y el cetro a los tiranos. Todos compartirán con él las últimas palabras de este elogio (Raynal, 1781: 86-87).

En lo sucesivo, la mirada queda así protegida. Ya no corre el terrible peligro de tocar los símbolos.

2

MÁS QUE UNA REVOLUCIÓN SOCIAL, la de Estados Unidos fue una revolución de principios. Y esos principios, por los cuales los insurgentes estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, se encuentran muy lejos de ser ideas abstractas. Se trata de los “viejos principios”, de derechos “antiguos e inestimables”, de esas célebres “libertades inglesas” tan vanagloriadas por los defensores de la Gloriosa Revolución de 1688, que los juristas sitúan en un pasado sajón bastante lejano, anterior a la conquista normanda (Bailyn, 1992b: 55-93).

No resulta exagerado afirmar que la Revolución americana constituye ante todo una revolución copernicana. Los colonos proclaman su separación de la metrópoli para proceder a restaurar las reglas de la “auténtica” Constitución que ha sido traicionada por Jorge III. Pero, ¿cuáles son esas libertades, esos derechos? ¿Cuál es esa Constitución casi mítica que John Adams describe, y con la cual la mayoría de los americanos está de acuerdo antes de 1763, como “la más perfecta combinación de los poderes humanos en sociedad que la finita sabiduría haya ideado y puesto en práctica para la preservación de la libertad y la producción de la felicidad”? (Bailyn, 1992b: 67). La auténtica Constitución inglesa, en opinión de los colonos, no es una carta magna, sino un repertorio de reglas, costumbres y pronunciamientos relativos al funcionamiento del gobierno británico y al respeto de derechos fundamentales como el habeas corpus y la existencia de un jurado en los procesos civiles y judiciales. De tal modo, les parece que dicha Constitución carece de límites bien definidos porque incluye, sin orden ni concierto, derechos naturales revelados por la Razón, derechos implícitos aceptados por siglos de common law y derechos escritos en dos textos ampliamente venerados: la Magna Carta de 1215 y el Bill of Rights de 1689.

En vísperas de la guerra de independencia, los colonos de América del Norte están persuadidos de que poco les incumbe el contenido de una Constitución que les resulta vaporosa. Lo que verdaderamente les interesa es el principio que ella encarna. Para los insurgentes, quienes han adquirido con el correr de los años una sólida cultura jurídica y están familiarizados con la obra de los mejores exégetas del derecho inglés —la de William Blackstone y la de Edward Coke—, la Constitución es sobre todo un instrumento de limitación del poder al que reyes y asambleas deben someterse. Un soberano que no respeta la ley fundamental comete un grave crimen, cuyo castigo, tal como Locke lo defiende en su Segundo tratado sobre el gobierno, es la rebelión popular.

John Mayhew, pastor de la West Church en Boston, se plantea este asunto en su famoso discurso sobre la validez de la sumisión ilimitada que pronuncia en enero de 1750. Se pregunta sin rodeos si acaso es lícito desobedecer la voluntad del Príncipe en determinadas circunstancias. Su respuesta constituye una sorprendente defensa del derecho a rebelarse. Argumenta que la sumisión no es algo que debe observarse frente a todos los que detentan el título de gobernantes, sino sólo ante aquellos que realmente desempeñan sus obligaciones como gobernantes, ejerciendo una autoridad justa y razonable para garantizar el bien de la sociedad. Si el Príncipe llegara a faltar a su deber, señala Mayhew, está más que justificado el hecho de resistirse a su voluntad y, en todo caso, destronarlo (Mayhew, 1818: 36). Tal sería la manera indicada de garantizar el respeto a la libertad y al justo derecho de la nación. Por consiguiente, la resistencia es legítima en nombre de un derecho sagrado: el derecho a la autodefensa.

Años más tarde, cuando la metrópoli intente recuperar el control de sus territorios en América del Norte, redoblando el poder de la autoridad colonial y disminuyendo el de las asambleas coloniales mediante la imposición de nuevos impuestos, los colonos no vacilarán en hacerse de nuevo la pregunta de Mayhew: ¿el rey o el Parlamento de Su Majestad han respetado los compromisos constitucionales? ¿Acaso no han usurpado un poder que no les pertenece? Un gravamen como la Stamp Act, votada por la Cámara de los Comunes sin consultar a los colonos, ¿no es anticonstitucional?

La respuesta es de sobra conocida. La Constitución inglesa, ese objeto de una auténtica veneración, esa “fortaleza de la libertad” —tal como la denomina el Town Meeting4 de Boston en un comunicado a su Asamblea de representantes legislativos en 1770 (Bailyn, 1992b: 94)—, ha sido violada por esa medida arbitraria, en detrimento de un viejo principio consuetudinario: no taxation without representation.

Para los representantes de la Asamblea de Connecticut, se trata de un principio fundamental de la Constitución inglesa. De igual modo, para los representantes de la House of Burgesses de Virginia,5 constituye un antiguo derecho sin duda venerable. Consideraciones idénticas son proclamadas, por ejemplo, en las resoluciones de las asambleas provinciales de Rhode Island y de Maryland.

Como lo ha mostrado Bernard Bailyn en su análisis de la literatura política del periodo revolucionario, las recriminaciones de los colonos pronto rebasarán el marco de un descontento relacionado con la fiscalización para convertirse en una crítica acérrima de las instituciones políticas británicas. Después de la Boston Massacre en 1770 y del Boston Tea Party en 1773, acusarán a la monarquía de pretender instaurar en América del Norte un nuevo despotismo imperial.

Al denunciar esa tiranía, los insurgentes recurrirán a la virulencia empleada por los whigs radicales a comienzos del siglo. Se inspirarán en sus escritos; los reeditarán, los copiarán y los repetirán en numerosos panfletos y proclamas. Al hacerlo, trasladarán al contexto americano la crítica de los excesos y abusos de la Corona que Walpole hizo: la corrupción electoral, la proliferación de los cargos ministeriales, los favores y privilegios otorgados a los cortesanos y a otros muchos parásitos, la existencia de un ejército permanente, el aumento de los impuestos, los agravios a los derechos del Parlamento por parte de un gobierno sediento de lujo y grandeza.

El control de sus colonias en América del Norte, que Inglaterra recobró a partir de 1760, las enfureció en la medida en que, hasta entonces, disponían de una gran autonomía política con respecto a la metrópoli. En teoría, la legislación de cada colonia estaba supeditada a la ley suprema del Parlamento británico. Sin embargo, esas asambleas contaban en realidad con un poder casi absoluto para todo lo relativo a la política interna, incluidos el funcionamiento de la justicia y de la fiscalización. El imperio debía su vida prolongada y su prosperidad a una extrema descentralización. Pero esa práctica administrativa dejaba sin determinar la relación política entre el centro y la periferia del imperio. Cualquier medida nueva que fuera impuesta por la metrópoli ponía en peligro la delicada relación de poderes entre las asambleas coloniales y el Parlamento inglés.

Poco antes de la crisis suscitada por la Stamp Act, el gobernador de Massachusetts tenía razón al inquietarse porque la relación formal entre los gobiernos subordinados de América del Norte y el poder soberano de la metrópoli nunca había sido regulada con claridad. Por consiguiente, no era de extrañar que dicho poder soberano fuese incomprensible para los colonos. Y debido a esa falta de comprensión fundamental, el porvenir era incierto. De ahí que surgiera una pregunta clave: ¿las colonias americanas debían o no someterse al Parlamento de Gran Bretaña?

3

CUANDO EDMUND BURKE SINTETIZA, ante la Cámara de los Comunes el 22 de marzo de 1775, los argumentos que los colonos han esgrimido un año antes de la ruptura definitiva con Inglaterra, apenas se esfuerza en ocultar la simpatía que siente hacia los insurgentes (Burke, 1803b: 23-132). En su alocución, expone seis elementos explicativos con el propósito de disculpar el “ánimo de desobediencia” de los americanos.

El primero es una causa de orden geográfico. Las colonias se encuentran muy lejos. Las órdenes que provienen de la metrópoli circulan con exasperante lentitud. Cuando llegan a su destino, las hacen ya extemporáneas, por lo que muchas veces resultan incomprensibles. En un imperio, al igual que en todo cuerpo con cierto tamaño y extensión, la circulación del poder alcanza las extremidades con menos vigor.

El segundo, una realidad religiosa. Los americanos no son protestantes típicos. Entre ellos, los anglicanos son minoritarios. Encarnan, por así decirlo, la disidencia de la disidencia, el protestantismo de la religión protestante. Constituyen las sectas más radicales y defienden a cualquier precio la libertad religiosa. Por eso son los que ofrecen mayor resistencia a cualquier tipo de sumisión del espíritu.

El tercero, apunta Burke, se trata de una causa regional. En el sur, donde la Iglesia anglicana domina, la esclavitud, la división tajante de clases, el enorme contraste entre ricos y pobres, a la par de las manifestaciones anacrónicas de un antiguo “orgullo aristocrático”, confieren a la idea de libertad un gran peso, el cual está asociado a un espíritu caballeresco dominante.

El cuarto, una causa institucional. Las asambleas elegidas por las colonias son con frecuencia más democráticas que en Inglaterra. De hecho, algunas practican formas increíblemente cercanas al sufragio universal. Apegados a sus representantes elegidos, los colonos son muy sensibles a cualquier medida que tienda a restringir el poder de aquéllos.

El quinto, la educación. Muchos siguen la profesión de la abogacía. Poseen un conocimiento solvente en jurisprudencia. El derecho es un tema de estudio y reflexión que apasiona a los americanos como ningún otro tema. No es casual que un autor como Blackstone, de lectura difícil, logre vender más ejemplares de sus Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra en América del Norte que en Gran Bretaña. Gracias a ese interés, se han vuelto expertos en el ataque y la defensa jurídicos. Detectan con facilidad los errores del gobierno; son capaces de adivinar el tufo a tiranía en cuanto se manifiesta, ahí dondequiera que se manifieste.

Por último, y Burke lo subraya como el más importante, es el hecho de que los americanos son descendientes de los ingleses. Comparten con éstos un amor excepcional a la libertad. Y ese amor es decididamente más fuerte que en los británicos o que en los habitantes de cualquier otra nación. Con razón o sin ella, su amor a la libertad se ha centrado, desde siempre, en la fiscalización. Para los americanos, dentro de la mejor tradición constitucionalista inglesa, es ilegítima toda imposición de gravámenes sin el consentimiento popular. Su fuerza reside en haber podido demostrar con su propio ejemplo que, en una monarquía, el pueblo debe detentar, y sólo él, el derecho a recabar sus recursos; de lo contrario, no dispone siquiera de un ápice de libertad. Burke se pregunta si los americanos tienen razón al aplicar este argumento a su caso particular. Juzga que esto no viene al caso. Lo que en realidad importa es que han esgrimido un argumento general derivado de una concepción antigua de la libertad común a ingleses y americanos. Todo intento debe hacerse para conservar esa herencia. Por ese motivo, todo debe hacerse para que los americanos se reconcilien con sus hermanos ingleses.

A primera vista, llama la atención que Burke se muestre a favor de la Revolución americana, cuando algunos años más tarde, en 1790, publicará sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia, la crítica más antigua y más sistemática de la Revolución francesa hasta hoy escrita. ¿Se trata de una postura contradictoria? ¿O quizá de un cambio de parecer?

En Burke mismo se halla la respuesta. Él no cree en la posibilidad de una genuina revolución en América del Norte. En las primeras revueltas de los americanos advierte simplemente una repetición de la revolución de 1688 en Inglaterra, es decir, una confirmación solemne de las viejas libertades inglesas. Piensa que la revolución en ciernes no se inscribe en una lógica de ruptura contra el orden antiguo. Según él, los británicos están equivocados al inquietarse por las noticias que llegan desde América porque los insurgentes se están comportando como dignos descendientes de los ingleses, respetuosos de una herencia constitucional y de un patrimonio ideológico que han ido construyéndose tras siglos de ensayos, errores y correcciones (Burke, 2003: 29). Ninguna voluntad de hacer tabula rasa amenaza en esos acontecimientos, así como tampoco ningún deseo de erigir nuevas instituciones gubernamentales. La desobediencia de los americanos resulta estimable debido a que preserva la herencia del pasado.

En cambio, Burke considera que la Revolución francesa es inaceptable desde cualquier punto de vista porque la anima una voluntad de ruptura radical. Rompe la cadena de las generaciones, vínculo esencial que une a los vivos con sus antepasados. Un pueblo que reniega de su pasado está condenado al fracaso y, tarde o temprano, a su desaparición.

Los americanos, por su parte, han hecho fructificar el tesoro que les habían legado los ingleses artífices de la gloriosa revolución. Y dicho tesoro consiste en la verdadera libertad, the noble liberty, que sólo puede existir en comunión con los ancestros.

Es preciso admitir que Burke no se equivoca en su apreciación sobre la importancia de la herencia jurídica a la que se refiere. En efecto, los primeros escritos emanados de la Revolución americana ofrecen un testimonio inobjetable del peso y relevancia que tiene el pasado. Así, la Declaración del Primer Congreso continental, redactada en octubre de 1774, denuncia enfáticamente las leyes injustas, crueles y anticonstitucionales del Parlamento británico, y las denuncia en nombre de los principios de la Constitución inglesa y de la transmisión hereditaria de derechos inmutables que los americanos y sus descendientes han disfrutado desde siempre —derechos iguales a los que poseen los sujetos libres, nacidos dentro del reino británico—.

Menos explícita, la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 sólo es susceptible de ser comprendida en todo su alcance si se entiende que su reivindicación de la libertad y la felicidad se remonta a la Constitución inglesa. La larga enumeración de una serie de abusos y usurpaciones cometidas por el rey Jorge III, acusado de imponer medidas que lo han convertido en tirano, desglosa, en un sentido negativo, los derechos garantizados por dicha Constitución.

Desde la óptica de los colonos, la revolución es un acontecimiento inevitable porque el monarca inglés ha traicionado la misión que le corresponde al fijar unos impuestos sin haberse ganado previamente el consentimiento del pueblo americano. Y no sólo lo anterior. También ha creado empleos innecesarios con el propósito de devorar “la sustancia del pueblo”, obligándolo a costear con sus aportaciones el mantenimiento de un ejército permanente en tiempos de paz. Ha puesto trabas a las resoluciones de los juzgados; ha disuelto abusivamente las asambleas legislativas de las colonias y se ha rehusado a responder a las justas recriminaciones de sus súbditos americanos. Y a pesar de todo ello, el texto de la Declaración precisa hacia el final, en un párrafo cuya importancia rara vez se señala, que los colonos han hecho su mejor esfuerzo para conservar los vínculos ancestrales que los unen con sus “hermanos ingleses”; esfuerzo que no ha sido correspondido. Veámoslo:

Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Los hemos prevenido de tiempo en tiempo de las tentativas de su poder legislativo para englobarnos bajo una jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y nuestro arraigo aquí. Hemos apelado a su innato sentido de justicia y magnanimidad, y los hemos conjurado, por los vínculos de nuestro parentesco, a repudiar esas usurpaciones, las cuales interrumpirían inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad. Debemos, pues, convenir en la necesidad que establece nuestra separación y considerarlos, como consideramos al resto de la humanidad: enemigos en la guerra; en la paz, amigos (Maier, 1998: 240-241).6

No obstante esa filiación con la Constitución británica, dos elementos novedosísimos, ajenos a la tradición política inglesa defendida por Burke, adquieren un lugar preponderante en la Declaración de Independencia americana.

El primer elemento proviene de la filosofía de las Luces y de la tradición jusnaturalista desarrollada en el continente, y da nacimiento al sujeto de una utopía democrática, el cual combate Burke con denuedo en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Se trata del individuo abstracto, producto especulativo de una aritmética igualitaria que reduce a los hombres a simples unidades contables, en opinión de Burke. En efecto, la Declaración afirma: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables” (Maier, 1998: 236). Esto significa que, a las viejas libertades sajonas y los derechos reconocidos por la Constitución inglesa, ahora se yuxtaponen derechos todavía más fundamentales y más antiguos, ya que escapan, por definición, al sustrato cultural que atraviesa de extremo a extremo la historia humana. Entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

El segundo elemento, opuesto a la hipótesis de dicha filiación, reside en la afirmación del derecho que posee el pueblo americano a crear las instancias de gobierno que tenga a bien elegir con el propósito de preservar sus derechos naturales que han sido traicionados por el régimen tiránico de los ingleses. El texto de la Declaración es contundente a este respecto. Con él comienza el punto de ruptura, haciéndolo explícito, que entraña el proceso revolucionario. Los americanos se arrogan el derecho inalienable de cambiar o de abolir su gobierno colonial para reemplazarlo por un nuevo gobierno fundado según los principios y la forma que ellos escojan.

El siguiente pasaje no deja lugar a dudas sobre ese derecho que los americanos reclaman suyo:

cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar a ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno (Maier, 1998: 236-237).

La obligación de respetar o de ajustarse a un modelo inglés, cualquiera que éste sea, es rechazada.

En otras palabras, el nuevo postulado consiste en la afirmación de un pueblo soberano capaz de defender las causas que lo favorecen y lo consolidan como soberano. Esta autonomía resulta inaceptable para Burke, ya que el hombre —piensa—, una vez que ingresa en sociedad, renuncia a ser su propio amo.

La fuerza que emana de la Declaración de Independencia reside en la conjunción de dos culturas políticas inteligentemente yuxtapuestas por su autor inicial, Thomas Jefferson. Por un lado, la cultura del constitucionalismo inglés desde el cual se juzgan las acciones ilegales del tirano Jorge III; por otro, la tradición jusnaturalista proveniente de la Ilustración francesa que ofrece la posibilidad insólita de hacer tabula rasa y crear un nuevo gobierno.

El mensaje de la Declaración es doble. Inaugura una estrategia de ruptura, plenamente justificada en nombre de los derechos del hombre, sin dejar intersticio alguno por donde pueda darse marcha atrás. Pero tampoco ignora una cierta continuidad histórica, puesto que juzga los abusos de la monarquía a la luz del patrimonio constitucional inglés que sigue siendo un objeto evidente de admiración y orgullo para los colonos. Por esta razón, la Declaración de Independencia nunca representó una amenaza para la soberanía del rey o del Parlamento dentro del territorio de Gran Bretaña. Así, no es casual que la Revolución americana haya estado casi ausente en el discurso político británico de la época; en ningún momento representó un desafío a la percepción que los ingleses tenían de su gobierno y de sus instituciones.

A este respecto, cabe señalar que Richard Price es una de las raras excepciones a esa indiferencia en la literatura política de los ingleses. En su libro Observaciones acerca de la importancia de la Revolución americana no sólo se refiere a dicho acontecimiento, sino que lo hace de la manera más elogiosa. Desde el inicio, proclama a la revolución de los americanos como un suceso crucial en la historia: “Veo con profunda satisfacción la revolución a favor de la libertad universal que ha tenido lugar en América; una revolución que abre una nueva perspectiva en los asuntos humanos y da comienzo a una nueva era de la humanidad [...]” (Price, 1785: 1-2).

La mezcla de esas dos tradiciones políticas que llevó a cabo Jefferson puede resumirse del siguiente modo: la invocación a los derechos del hombre justifica el surgimiento de un pueblo soberano, deslindado de cualquier acto de obediencia hacia la Corona de Gran Bretaña. La referencia a las viejas libertades inglesas da pie a la crítica de un rey que ha traicionado a la Constitución y que, en consecuencia, no es apto para gobernar a un pueblo libre.

4

MIENTRAS QUE LA RUPTURA no estaba oficialmente consumada, y que una reconciliación parecía aún posible, convenía ocultar la radical novedad de la revolución emprendida por los colonos, poniendo como justificación el aprecio que ellos guardaban hacia las libertades inglesas. Sin embargo, cuando la revolución terminó, un lenguaje distinto se hizo imprescindible: el de la ruptura y la novedad. Las libertades inglesas muy pronto serán olvidadas. Alrededor de 1789, lo que se tiene en mente son las libertades americanas, conquistadas a un alto precio, defendidas con las armas contra los ejércitos despiadados del tirano inglés.

Los Padres Fundadores, los primeros historiadores de la guerra de Independencia, y algunos extranjeros admiradores, como Filippo Mazzei y Thomas Paine, serán los primeros propagandistas de la “novedad americana”. Todos ellos desarrollarán una retórica de la ruptura, expresada con acierto inmejorable por Paine en su Sentido común, el panfleto político más leído en América en 1776. Los americanos, indica Paine, disponen de un poder sin precedentes, el de comenzar un mundo nuevo. Una situación comparable a la actual no ocurre desde la época de Noé. El nacimiento de un Nuevo Mundo está al alcance de la mano. Y su entusiasmo lo lleva a sostener que la causa de América es, en gran medida, la causa de la humanidad entera (Paine, 1987b: 65).

Aunque rechaza toda inspiración de carácter mesiánico, Madison también resalta con énfasis el efecto de ruptura de la Revolución americana. En El federalista xiv comenta que el pueblo americano, por fortuna, no fue propenso a expresar una veneración ciega hacia la Antigüedad ni hacia las costumbres o nombres de los fundadores de otras naciones. De tal suerte, la revolución que emprendió y que ha terminado no tiene paralelo en los anales de la humanidad. Más aún, concluye que el gobierno erigido por las trece colonias carece de igual en el mundo (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 144-45).

Paine volverá al mismo tema en su escrito titulado Los derechos del hombre, aparecido en 1792. Allí explica que la Revolución americana habría tenido escasa relevancia si tan sólo se hubiera limitado a ser un acto de separación de la madre patria. Fue un auténtico parteaguas debido a que realizó una revolución en el sistema de los gobiernos, fundada en nuevos principios y en una nueva práctica del poder. Fue también una verdadera revolución por el alcance universal de su mensaje. Paine aventura con perspicacia: “Lo que Atenas fue en miniatura, América lo será a escala mayor. Una fue la maravilla del mundo antiguo; la otra está convirtiéndose en objeto de admiración y modelo del presente” (Paine, 1987d: 281).

¿Cuáles son los nuevos principios proclamados por los americanos? El más importante es sin duda el descubrimiento del origen popular del poder. Dicho principio, inspirado en la Ilustración francesa y en la teoría de Locke sobre la soberanía,7 asegura que el pueblo se encuentra en el origen del poder y que ese origen no es otro que el de la libertad. Un pueblo libre es el que decide someterse a la autoridad que él elige; un pueblo esclavo es aquel que no puede hacer tal elección.

En una época en que la forma usual del poder era la monarquía, ese planteamiento constituiría una novedad por demás sorprendente. Hamilton lo establece con claridad en las últimas líneas de El Federalista XXII: El Consentimiento del Pueblo —y lo escribe así, con mayúsculas, para subrayar lo categórico de su afirmación— es la base sólida en la que descansa el edificio gubernamental. En él se encuentra la fuente de toda autoridad legítima, en su forma más pura e inalterable (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 184).

Desde esta perspectiva, la ciencia política dará un enorme paso adelante al postular que el gobierno ya no es el fruto del azar o de la violencia, sino el resultado de una elección reflexiva. De tal manera, el gobierno se funda ahora en un pacto original. Todo el poder pertenece al pueblo; todo poder deriva de él directamente. Los diputados no son más que administradores de dicho poder, por lo que el pueblo puede destituirlos y poner a otros en su lugar cuando le parezca adecuado. La Constitución misma es obra suya y, si lo cree necesario, puede reformarla o hacer una nueva.

Las implicaciones de semejante planteamiento son a todas luces significativas. Madison las resume en 1792, diciendo que, en Europa, las cartas constitucionales de la libertad han sido concedidas por el poder. Por el contrario, en América, quien ha puesto el ejemplo y Francia lo ha seguido, dichas cartas han sido otorgadas por la libertad (Bailyn, 1992b: 184).

Otro descubrimiento no menos importante fueron los medios para fundar un poder de origen popular. Esos medios fueron puestos en práctica rápidamente por las trece colonias al día siguiente de una resolución tomada en el transcurso del Segundo Congreso continental, el 10 de mayo de 1776.

El Congreso carecía hasta entonces de poder real; en consecuencia, su resolución era sólo propositiva, pero no por eso dejaba de constituir una primicia, pues faltaban todavía algunos meses para que apareciera la Declaración de Independencia. Dicha resolución consistió en el acuerdo alcanzado para que el Congreso invitara a las colonias, en guerra contra la metrópoli, a que adoptasen un gobierno que, según la opinión de los representantes del pueblo, sería el más conveniente para traer la felicidad y garantizar la seguridad. El llamado no indicaba la naturaleza de los estados que debían crearse. Sin embargo, resultaba evidente para los colonos que se trataba de una estructura republicana, ya que la guerra de Independencia era una lucha que se oponía, por definición, a la monarquía.

El efecto no se hizo esperar. Apoyado por la Declaración de Independencia, la convocatoria que lanza el Congreso desencadena una ferviente actividad constitucional. Algunos portavoces de la revolución exponen su ideal político. Thomas Paine lo hace en Sentido común; Jefferson en su proyecto de Constitución para el estado de Virginia. No son pocos los americanos que se creen un nuevo Solón, dispuestos a proporcionar las nuevas leyes que regirán la vida del país naciente. Otros como Paine, ya lo indiqué antes, se jactan de ser testigos de un nuevo origen del mundo.

La conversión republicana es tan veloz, tan fulgurante, que sorprende a muchos observadores de la época. Quién hubiera podido predecir que sería posible modificar en tan poco tiempo —dos años escasos— a la mayoría de los habitantes de los trece estados, al punto de volverse completamente republicanos. La idolatría hacia los reyes, la aceptación servil de los valores aristocráticos, nunca antes habían sido extirpadas de las mentes con tanta rapidez.

Y en una auténtica oleada imparable de republicanización, Virginia se transforma el 29 de junio de 1776, Nueva Jersey el 2 de julio, Delaware el 21 de septiembre, Pensilvania siete días después, Maryland el 8 de noviembre, Georgia el 5 de febrero de 1777, Nueva York el 20 de abril, etcétera. La mayor parte de las constituciones se escriben de novo. Otras, más antiguas, pero con un cierto tono republicano, como la de Connecticut, sufren enmiendas; cualquier referencia a la monarquía se suprime.

Cada estado crea nuevas formas políticas al cambiar radicalmente las instituciones heredadas del periodo colonial. En la mayoría de los casos, el puesto de “gobernador”, heredado del antiguo régimen, se mantiene, pero sus prerrogativas son disminuidas en beneficio de las asambleas legislativas, cuyo poder se incrementa considerablemente.

También en la mayoría de los casos, el gobernador pierde su derecho al veto legislativo, sus privilegios diplomáticos, comerciales y judiciales, así como su poder para nombrar miembros del Consejo de gobierno. De ser jefe del Poder Ejecutivo y gozar de la correspondiente autonomía, se convierte en un simple administrador al servicio de las asambleas elegidas por votación. Con el objeto de subrayar la mengua de su poder, las asambleas lo nombran, reduciendo el tiempo de su cargo a un solo año. En el estado de Nueva York, el gobernador es directamente elegido por el pueblo. La Constitución de Pensilvania, quizá la más democrática de todas, llega al extremo de eliminar el puesto de gobernador porque le resulta demasiado monárquico para su gusto, y decide reemplazarlo por un Consejo ejecutivo integrado por doce miembros, todos ellos elegidos por el pueblo.

Con el crecimiento del sufragio electoral, la vida política se democratiza irreversiblemente. Es una tendencia que nadie puede detener. En su introducción a El Federalista, Isaac Kramnick estima que el número de ciudadanos que votan en los estados se extendió entre 1776 y 1789, de tal manera que la proporción de adultos blancos masculinos susceptibles de ejercer el voto se incrementó del 70 al 90 por ciento (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 23). A la par de ese crecimiento del sufragio electoral, desaparecen por completo los juramentos de tipo religioso. La participación en las elecciones, escasa durante la época colonial, pues no rebasa el 40 por ciento, supera por lo general el 65 por ciento en el periodo poscolonial. Todo lo anterior produjo un dramático cambio en la clase de individuos que resultaban electos para participar en las asambleas legislativas estatales. Aumentaron los pequeños granjeros y los ciudadanos de escasos y medianos recursos. La presencia de hombres comunes y corrientes en la política acabó constituyendo uno de los rasgos más notables de esos años. Este hecho no se les escapó a los líderes del país, quienes estaban concientes de que la lucha revolucionaria había despertado en los hombres la ambición social y había politizado al individuo común.

Ciertos estados, como Massachusetts, autorizaron a que todos los hombres que tuvieran ya 21 años participaran en las elecciones constitucionales de 1778 y 1779. Pero los negros quedaron excluidos. Sólo Nueva Jersey instauró el verdadero sufragio universal al otorgar el derecho a voto a las mujeres y a los negros.

La década de 1776 a 1786 vio crecer una extraordinaria avalancha de innovaciones políticas y sociales. Cada estado experimenta con nuevas formas de organización política. Las sopesa, las evalúa, las corrige, las mejora.

Se proponen soluciones de diversa índole para modificar el papel de las asambleas, de los gobernadores y de los jueces. La frecuencia con que se celebran elecciones y el perfil de los elegidos varía de estado a estado. Las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son también distintas: van desde la fusión, como es el caso de Pensilvania, hasta la más estricta separación, como en Massachusetts. Las modalidades de ratificación constitucional están sujetas a modificaciones. Unos estados consideran que es necesario fundar la república a partir de una declaración de derechos; otros juzgan el tema irrelevante; unos establecen una distinción formal entre “poder constituyente” y “poder constituido”; otros rechazan semejante distinción; unos escogen un Parlamento bicameral, mientras que otros optan por una solución unicameral y concentran la autoridad del pueblo en una única Cámara de Representantes.

Pero todas esas opciones están lejos de representar una supuesta situación de anarquía. Si bien es verdad que hay estados que vacilan en darse una constitución duradera,8 hay otros, en cambio, como Massachusetts, que toman las precauciones necesarias para perfeccionar la “nueva ciencia del gobierno” y proveerse de una ley definitiva. El progreso logrado más importante se relaciona con las condiciones de creación de las nuevas repúblicas y con el desarrollo de un nuevo tipo de asamblea popular. Es la convención.

5

EL TÉRMINO “CONVENCIÓN” es bastante común en el vocabulario político inglés. Es sinónimo de asamblea representativa. Su significado moderno data de la Gloriosa Revolución. Cuando el Parlamento destituye a Jaime II y declara que el trono está vacío, resuelve autodenominarse “Convención”. Esa misma convención es la que ofrece la corona a Guillermo de Orange y su esposa María.

Edmund S. Morgan sintetiza con lucidez ese episodio, mostrando su alcance:

Una convención elegida de nuevo, sin un rey que pudiera vetarla, podría ser la oportunidad de Inglaterra para establecer su Constitución por medio de esa clase de contrato original del que los voceros de la soberanía popular habían estado hablando desde la década de 1640 (Morgan, 1989: 107).

Los partidarios más radicales de la Gloriosa Revolución saben de sobra que la “Gran Convención” de 1688 no es un parlamento cualquiera. Se trata de una asamblea extraordinaria, llamada a ejercer el poder en una circunstancia tan excepcional como es el fin de la tiranía de Jaime II, con el propósito de reconstruir el sistema político inglés y consolidar, de una vez y para siempre, la supremacía del Parlamento. Diferente de un parlamento normal, esa “Convención” no representa al pueblo, jerarquizado en distintos estamentos u órdenes sociales, sino a la multitud indiferenciada del pueblo concebido así en su estado natural.

Por consiguiente, para los whigs radicales, la autoridad política de la “Gran Convención” no es por fuerza superior a la de un parlamento ordinario. Posee, cierto, la capacidad legítima para cambiar a un rey por otro y transformar la estructura del gobierno. Al sostener que el rey Jaime II ha violado las leyes fundamentales del reino, puede dictaminar que el monarca ha roto los vínculos que lo unían con el pueblo, según un contrato original, y por ello merece ser destronado.9 Pero sus atribuciones legales son limitadas.

Mediante la multiplicación de las convenciones y haciendo más sólidos los procedimientos de creación gubernamental, los americanos perfeccionan una ciencia política inventada por los whigs radicales del siglo anterior. Las primeras constituciones republicanas son elaboradas por comités de redacción, nombrados éstos a su vez por las asambleas estatales. En ocasiones, esas asambleas se llaman a sí mismas “convenciones” porque llenan el vacío de poder. No son verdaderos parlamentos. Más aún, rara vez están dotadas de un poder constitucional. No en balde Jefferson opina que una constitución se encuentra por encima del poder de la ley. No puede ser el fruto de una ley ordinaria votada por una asamblea ordinaria. Jefferson se refiere al caso sucedido en su estado, Virginia, donde el Parlamento ha creído disponer de la autoridad necesaria para crear y adoptar una nueva constitución. El error estriba en haber actuado con precipitación y, sobre todo, en la falta de experiencia de los virginianos en la ciencia del gobierno.

En ¿Qué es el tercer Estado?, Sieyès recuerda a los futuros delegados de los Estados Generales que sus poderes tienen límites: “Los representantes ordinarios de un pueblo están encargados de ejercer, dentro de las formas constitucionales, toda esa porción de la voluntad común que es necesaria para el mantenimiento de una buena administración. Su poder está limitado a los asuntos del gobierno” (Sieyès, 1982: 71).

Sólo un cuerpo de representantes extraordinarios, disponiendo de un “poder especial”, puede tomar el lugar de la nación independientemente de todas las formas constitucionales. Investidos como diputados por un tiempo determinado, esos representantes extraordinarios pueden expresarse entonces tal como lo desean los individuos en el estado de naturaleza, concluye Sieyès.

Los poderes legislativos de Delaware y de Pensilvania son los primeros en reclamar el establecimiento de convenciones especiales destinadas a perfilar la forma futura del gobierno. De ese modo, reconocen la necesidad de distinguir entre el poder constituyente y el poder constituido. En Massachusetts es donde más se progresa gracias a la iniciativa local de crear los town meetings en tres pequeñas poblaciones: Concord, Lexington y Pittsfield. La guerra de Independencia ha creado un vacío de poder. La General Court, un parlamento bicameral del estado, sustituye provisionalmente a las autoridades coloniales. Se apresura a anular la Carta constitucional de la colonia y encarga a un comité especial la tarea de elaborar el texto de una nueva constitución. Un grupo de asambleas locales denuncia esa iniciativa. Están en desacuerdo porque les parece que la General Court se está extralimitando en sus funciones. Una resolución del Town Meeting de Concord exige la elección de una convención que forme y establezca una constitución. Precisa, además, que una constitución tiene como meta proteger los derechos y privilegios de los individuos contra los actos arbitrarios del gobierno. En la medida en que los asuntos gubernamentales son resueltos por el Poder Legislativo del estado, dicho poder no puede pretender hacer y deshacer la constitución y al mismo tiempo gobernar. Al final, como resultado de un poderoso movimiento constitucionalista, la General Court capitula y convoca a todos los hombres con veintiún años de edad para que elijan a los representantes que formarán una convención con el único propósito de forjar una constitución.

Hacia finales de 1780, la redacción de constituciones estatales por parte de convenciones se ha convertido en el procedimiento regular de creación de la vida política. Tales convenciones son en realidad extraordinarias debido a que simbolizan un retorno del pueblo al estado de naturaleza e instauran, al mismo tiempo, una nueva jerarquía de leyes. Las leyes que emanan de ellas son leyes fundamentales a las que deben someterse las leyes ordinarias de los parlamentos regulares. Las convenciones revolucionarias legitiman así la revuelta de los insurgentes. Enuncian las reglas iniciales del constitucionalismo moderno y, por lo mismo, significan un gigantesco progreso en la ciencia del gobierno. Para Thomas Paine, las constituciones americanas son a la libertad lo que la gramática es al lenguaje: descomponen las instituciones políticas tradicionales y reconstruyen, mediante nuevos elementos, una nueva sintaxis de la política (Paine, 1987d: 240).

Ante la envergadura de todas estas innovaciones americanas, no resulta difícil comprender hasta qué punto los revolucionarios franceses desearon apropiarse de dicha sintaxis.

6

EL ABAD MABLY ESCRIBE a John Adams el 24 de julio de 1783:

Mientras que todas las naciones de Europa ignoran los principios constitutivos de la sociedad, y sólo miran a los ciudadanos como bestias de una granja que es gobernada para el beneficio particular del propietario, nos sorprende, nos sentimos edificados, porque vuestras trece repúblicas hayan conocido la dignidad del hombre al mismo tiempo que han sacado de las fuentes de la filosofía más sensata los principios humanos mediante los cuales desean gobernarse (Mably, 1792: 286).

Con estas palabras reconoce sin ambages cuán adelantados están los americanos en materia de política.

Condorcet, por su parte, expresa también una enorme admiración por el método de las convenciones extraordinarias y el consenso social que las hace factibles. Considera que ese nuevo método manifiesta una gran confianza en los principios de la razón natural, un profundo conocimiento de los derechos esenciales de la humanidad, y una manera sensata, sosegada, de tratar los asuntos públicos que los franceses harían bien en imitar.10

Pero tal vez el ejemplo más representativo de la influencia americana en el pensamiento político francés de esa época es la iniciativa que Benjamin Franklin tuvo durante su estancia en Francia como embajador plenipotenciario, encargado de negociar la ayuda económica del gobierno de Luis XVI para apoyar la guerra de Independencia contra Gran Bretaña. A pesar de la reticencia del ministro Vergennes, Franklin consigue que un aristócrata, el duque de la Rochefoucauld d’Enville, traduzca las trece constituciones de los estados americanos. Las primeras traducciones aparecen en periódicos. En 1783 son publicadas finalmente en un solo volumen, con el título de Constituciones de los trece Estados-Unidos de América, bajo el cuidado directo de Franklin.11

En no pocas reuniones de los Estados Generales durante 1789 se debate acaloradamente el modelo de esas constituciones. La obra que las reúne se convierte en objeto obligado de consulta y continua referencia para los que participan, de una manera u otra, en la ardua tarea de crear las nuevas leyes e instituciones del Estado. Los miembros de la Asamblea Constituyente recurren a ella en sus intervenciones desde la tribuna. Todos los individuos involucrados en el quehacer político tienen presente, como ejemplo a seguir, el modelo americano.

La existencia de un buen número de obras críticas y apologéticas consagradas a esas célebres constituciones facilita la tarea de los que intervienen en las discusiones y proyectos legislativos. Es el caso de Mably, quien pone a disposición del público sus cartas a John Adams, difundiéndolas con el título de Observaciones sobre el gobierno y las leyes de los Estados-Unidos de América. El florentino Filippo Mazzei, naturalizado americano, sale en defensa de las repúblicas americanas en sus Indagaciones históricas y políticas sobre los Estados-Unidos de América septenrional, donde incluye y traduce al francés una cantidad importante de documentos relativos a la Independencia y a la actividad política efervescente en el seno de dichas repúblicas. Jefferson, por su lado, elabora un comentario crítico de la constitución de su estado natal en sus Notas sobre el estado de Virginia. Cuando sucede a Franklin como ministro plenipotenciario ante el gobierno de Luis XVI, sus tareas diplomáticas le brindan la oportunidad de comprobar la influencia que ejerce su país en Francia, lo cual le proporciona una gran satisfacción.

En efecto, es testigo privilegiado de cómo los franceses están perfeccionando la ciencia del gobierno inventada por sus compatriotas. En una carta que escribe a James Madison desde París el 28 de agosto de 1789, luego de ponerlo al corriente de las decisiones que la Asamblea Nacional ha tomado sobre la nueva organización de los poderes —el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial—, Jefferson resume esa influencia con las siguientes palabras:

Resulta imposible desear una mejor disposición hacia nosotros de la que prevalece en esa asamblea. Nuestros procedimientos han sido vistos por ellos como un modelo en toda ocasión; y aun cuando en el calor del debate los hombres son generalmente propensos a contradecir cada autoridad impulsada por sus oponentes, han tratado a la nuestra como si fuera la de la Biblia, abierta a ser explicada pero no a ser puesta en entredicho (Jefferson, vol. 5, 1904: 491).

Pocos años antes, ante la petición de M. Meusnier, encargado de redactar la parte titulada “Economía política y diplomática” de la Enciclopedia política, escribe tres extensos artículos donde aclara al editor diversos puntos sobre la historia, la economía y la estructura política de su país. Son “Respuestas a las preguntas planteadas por M. de Meusnier”, “Preguntas adicionales de M. de Meusnier, y respuestas” y “Observaciones sobre el artículo Estados-Unidos preparadas para La Enciclopedia” (Jefferson, vol. 5, 1904: 3-72). Estos textos revelan, entre otras cosas, un conocimiento cabal de la situación contemporánea.

Sin embargo, de las trece constituciones americanas, los franceses no admiran todas por igual. La que más los deslumbra es la de Massachusetts por su declaración de derechos y la importancia que otorga a la separación de los poderes. Muchos hacen suya la idea de que el objetivo de cualquier constitución es inequívocamente establecer un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres, tal como lo establece el artículo 30 (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters, and the Other Organic Laws of the United States, 1878, vol. 2: 960).12 Muchos también aprecian la Constitución de Pensilvania, la más democrática y la más antimonárquica de las trece. Pero se inquietan por su audacia al proponer la creación de un consejo elegido de censores,13 que tendrá a su cargo investigar el buen funcionamiento del gobierno estatal y disfrutará del poder de obligar a que la Constitución sea revisada y se modifiquen las partes que convengan. Todavía más preocupante les resulta lo que sostiene el artículo XVI de su declaración de derechos. Autoriza a que el pueblo dé instrucciones a sus representantes para que obtenga la reparación de los daños que juzgue le han sido infligidos mediante memoriales, peticiones o amonestaciones (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters, and the Other Organic Laws of the United States, vol. 2, 1878: 960).

Mably es un claro ejemplo de las reticencias que acabo de mencionar. Tiene sus reservas acerca del enorme poder que detenta el Poder Legislativo de Pensilvania y la facilidad con que el sufragio se pone en manos de sus habitantes. Ve en ese “exceso” de democracia un peligro que puede propiciar la anarquía y el despotismo. En su opinión, basta recordar la Antigüedad romana y el Renacimiento florentino; ambos demuestran que semejante amenaza puede convertirse en realidad. Escribe:

Quizá se me dirá que creo en quimeras por el gusto de combatirlas, pero le ruego, Señor, que vuelva a leer la historia de Florencia; y tendrá miedo, si no me equivoco, de que en Pensilvania aparezcan Médicis que pasarán de su banco o de su almacén al trono. ¿A qué no pueden conducir la ambición, el genio, el dinero y el favor popular? (Mably, 1792: 310).

Conviene no olvidar que el Monsieur al que interpela es John Adams.

Líneas más abajo, Mably se refiere textualmente al artículo XVI de la declaración de derechos y comenta:

Que el pueblo tenga derecho a consultar sobre sus intereses, a dar instrucciones a sus representantes cuando se reúne para nombrarlos, nada es más justo y más razonable; nada, por tanto, resulta sedicioso. Pero pregunto si el pueblo tiene derecho a reunirse todas las veces que se le ocurra, sin restringirse a ninguna regla, a ninguna policía y sin la vigilancia de un magistrado. Si éste es el espíritu de la ley, es preciso convenir, Señor, que a fuerza de ser popular, ella resulta verdaderamente anárquica (Mably, 1792: 311).

A continuación argumenta que los medios con los que el pueblo cuenta para hacer valer su voluntad —los memoriales, peticiones y amonestaciones— son útiles en Inglaterra porque los representantes en el Parlamento permanecen en sus funciones por espacio de siete años. Sin embargo, en Pensilvania de nada sirven porque la asamblea legislativa se renueva cada año, al igual que los magistrados encargados del Poder Ejecutivo.

Pero no todo es negativo para Mably. Confiesa tener un profundo respeto por los legisladores que crearon la Constitución de Pensilvania, cuyas leyes revelan un vasto conocimiento “de los derechos naturales y del corazón humano”.

Tras compararlas, Mably se inclina a favor de la Constitución de Massachusetts. La considera superior a la de Pensilvania porque limita los procedimientos democráticos, dándole un carácter más sensato. No obstante, prefiere la de Georgia por encima de las restantes.

En suma, cada cual tiene su constitución preferida. Los miembros de la Asamblea Constituyente no cesan de invocar los méritos y logros de una o de otra. Al final, por supuesto, minimizan su valor, pues se saben obligados a crear una constitución más perfecta que las que invocan, más adecuada a las costumbres francesas. Así como los americanos han conseguido superar a sus antiguos amos, los ingleses, así deben ellos superar el mejor fruto del genio político americano.

Al redactar y ratificar las trece constituciones con una rapidez asombrosa, los americanos mostraron que se habían convertido en maestros consumados del arte de la política. Habían ganado su apuesta inicial: mediante el acto fundador de una república, lograban sustituir un antiguo reino de violencia por un nuevo reino de la razón. Habían sido capaces de erigir un gobierno de leyes, y no de hombres. Más aún, habían conseguido crear un buen gobierno mediante la reflexión, porque así lo eligieron, conservando lo que valía la pena conservar de la tradición constitucional inglesa, e integrando en ella la extraordinaria novedad de ese siglo: los derechos del hombre.

En esa combinación reside justamente la singularidad americana. Jefferson la describe con acierto a propósito de las instituciones de Virginia, argumentando que su gobierno carece de rasgos característicos o especiales que lo distingan; tan sólo mezcla máximas de la Constitución inglesa que avalan la libertad con otras máximas derivadas del derecho natural y de la razón.

No obstante, pese a su triunfo, aún quedaba a los americanos un desafío mayor: la creación constitucional, más compleja, más ardua, sin parangón en los anales de la historia política, de un Estado federal republicano. Semejante tarea exigía tener cuidado de no alterar los mecanismos de las democracias recién instauradas, así como tampoco borrar la variedad de experiencias republicanas que habían surgido de cada uno de los trece estados originales.

Los americanos sabían redactar constituciones. Sí; lo habían demostrado con creces. Pero nada anticipaba que consiguieran ponerse de acuerdo y hacer una constitución, válida para el conjunto de la Unión y compatible con los regímenes sociopolíticos de los estados.

A juicio de los Padres Fundadores, lo que estaba en juego no era poca cosa. No se equivocaban. Se trataba, ni más ni menos, del porvenir de su nación. Uno de ellos, Alexander Hamilton, no tiene empacho en asegurar que: “nuestra crisis actual debe ser considerada como el momento propicio para decidir el problema; y cualquier elección errónea de la parte que habremos de desempeñar merecerá calificarse, conforme a este punto de vista, de calamidad para todo el género humano” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 87).

7

NO ES SENCILLO FUNDAR un régimen político; mucho menos cuando es necesario lograr el acuerdo de todo un pueblo. El acto de fundación representa sin duda un hecho insólito, extraordinario, pues la posibilidad de fracasar es mayor que la de triunfar. Por eso, Hamilton se pregunta en El Federalista LXXXV, con “temblorosa ansiedad”, si podrá realizarse con éxito un proyecto tan ambicioso (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 487).

El trabajo que espera a los delegados de la Convención de Filadelfia es gigantesco. Además de tener que redactar una nueva constitución, deben convencer a los adversarios de una consolidación del país a través de un poder central que los apoyen y vencer sus reticencias; deben también convencerlos de que su iniciativa descansa sobre fundamentos sólidos y que está bien intencionada. Al mismo tiempo, han de probar que el nuevo régimen no tenderá a convertirse en monárquico, a pesar de las apariencias, ni arrasará con la soberanía de los estados de la Unión. Más tarde, cuando la Constitución ya esté redactada, los Padres Fundadores tendrán que incitar a cada estado a reunirse en convenciones especiales para que ratifiquen el proyecto de Filadelfia.

Esas tareas se vuelven más inciertas en la medida en que los delegados, en cuanto se reúnen, uno de sus primeros gestos consiste en traicionar el propósito de su misión. Se les había encomendado que revisaran minuciosamente los artículos de la Confederación; ellos deciden eliminarlos y reemplazarlos con un nuevo proyecto de Constitución federal.

Aunque a Hamilton le parece que el establecimiento de una constitución mediante el consenso de todo un pueblo representa un auténtico prodigio, lo cierto es que no hay por qué exagerar, pues la Constitución de 1787 no es la primera. En realidad, es la segunda Constitución nacional de Estados Unidos. Ella sustituye a los Artículos de la Confederación de 1781, y es por completo distinta.

Una comparación aún somera entre ambas constituciones deja ver con claridad la distancia que las separa. La primera es fruto del Segundo Congreso continental, organizado informalmente en Filadelfia en 1776, cuyo objetivo primordial era coordinar las actividades de resistencia de las colonias frente a la tiranía británica, al poco tiempo de ocurrir los enfrentamientos iniciales entre soldados ingleses y americanos en Lexington y en Concord. La guerra incitó al Congreso, que carecía de poderes bien definidos, a proponer la necesidad de reforzar la Unión. Para satisfacerla, nombró en 1777 a trece miembros y les encargó redactar un conjunto de artículos destinados a establecer y delimitar los poderes de la Confederación. Por último, pidió que esos artículos fueran ratificados por las trece legislaturas de los estados miembros. La ratificación tomó tiempo y enfrentó contrariedades. Cuatro años después, los estados de la Unión ratificaron el nuevo sistema confederativo.

El preámbulo de los Artículos de la Confederación puntualiza que

delegados de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso el quinceavo día de Noviembre del Año del Señor de mil setecientos setenta y siete, y en el Segundo Año de la Independencia de América, acuerdan aceptar ciertos artículos de Confederación y Unión perpetua entre los estados de Newhampshire [sic], Massachusetts-bay [sic], Plantaciones de Rhodeisland [sic] y de Providencia… (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters, and other Organic Laws of the United States, vol. 1, 1878: 7), etcétera.

En ningún sitio los Artículos proclaman algún principio o indican una misión diferente a la de formar una “sólida liga de amistad”, según el artículo iii, que contribuya a su defensa común, a la seguridad de sus libertades y al bienestar mutuo y general. Nada más.

Por su parte, el artículo ii garantiza que cada estado conserva su soberanía, libertad e independencia, al igual que todos sus poderes, jurisdicciones y derechos, a menos que estén expresamente cedidos mediante el documento constitutivo de tal Confederación.

En cambio, la Constitución de 1787 se define a sí misma, desde el inicio, como republicana. Goza de una autoridad constitutiva porque la fuente de su poder, así lo declara, es popular. Su preámbulo comienza con estas palabras de sobra conocidas:

Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el Fin de formar una Unión más perfecta, establecer la Justicia, asegurar la Tranquilidad interna, proporcionar los medios para la defensa común, promover el Bienestar General y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los Beneficios de la Libertad, ordenamos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters, and other Organic Laws of the United States, vol. 1, 1878: 13).

Cabe recordar que, en su momento, algunos patriotas pusieron en tela de juicio el derecho de los delegados en la Convención Federal para comenzar el texto de esta manera: “Nosotros, el pueblo [...]”. Patrick Henry, en la Convención de Virginia, pregunta quién los había autorizado para hablar en nombre del pueblo, y no, por ejemplo, en nombre de los estados. La discusión se zanjó cuando se hizo explícito que la Constitución debía recibir la aprobación del pueblo porque sería sobre el pueblo donde se aplicaría en caso de ser adoptada. De no confirmarla el pueblo, jamás llegaría a ser obligatoria. Su comienzo significa que el gobierno procede directamente del pueblo; se instituye y se ordena en su nombre.

Dicho sea de paso, lo que escapó a esos críticos fue el círculo vicioso que hoy podemos advertir a simple vista. Al darse esa Constitución, el pueblo soberano se constituye precisamente como pueblo soberano. Puede otorgarse la Constitución porque es soberano, e instituye esa soberanía mediante la Constitución. Se trata, pues, de un acto autorreferente que desemboca en la siguiente tautología: nosotros, el pueblo soberano, nos constituimos como pueblo soberano.

Los delegados supusieron que esta dificultad se resolvía aceptando los derechos naturales; ergo, la soberanía del pueblo era un derecho natural. No cayeron en la cuenta de que el verdadero problema era la noción de “pueblo”, no la de “soberanía”, ya que el “pueblo” nunca es visible. Antes de adjudicarle la soberanía, es necesario imaginar o suponer que esa entidad existe. Debemos personificarla como si fuera un solo cuerpo capaz de pensar, de actuar, de tomar decisiones y llevarlas a cabo. Tiempo atrás, aún cuando se pusiera en duda la divinidad del monarca, al menos éste hacía su aparición en público. Tenía una presencia tangible. En diversas ceremonias y solemnidades llevaba su corona en la cabeza y portaba un cetro en la mano. Periódicamente se organizaban entradas en los poblados y ciertos rituales, más allá del ámbito de la corte, con ese propósito.

Pero el pueblo…

Compuesta por trece artículos, la Constitución confederativa pasa por alto cualquier tipo de división de los poderes. Instituye un cuerpo legislativo unicameral, el Congreso, y lo dota con una variedad de funciones. Las ejecutivas, la ejecución de las leyes, acuñar moneda, nombramiento de jefes militares, embajadores y principales administradores civiles. La legislativa, el voto y el veto a las leyes. La judicial, juzgar, como último reducto, los conflictos entre los estados.

Por el contrario, la Constitución de 1787 instituye una estricta división de poderes, y lo hace de inmediato, pues la consagra en los tres primeros artículos, dedicando el artículo I al Legislativo, el II al Ejecutivo y el III al Judicial (13-18). La diferencia más profunda entre las dos constituciones reside esencialmente en la naturaleza de los poderes enunciados y no en las condiciones prácticas de su aplicación.

La Confederación dispone de poderes restringidos para todo lo relativo a defensa, comercio y fiscalización. Por ejemplo, no le está permitido cobrar de modo directo los impuestos ni imponer derechos de aduana a las mercancías provenientes del extranjero. Cada estado se encarga de contribuir con el tesoro común; lo hace proporcionalmente al valor de las tierras que poseen sus habitantes (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters, and other Organic Laws of the United States, vol. 1, 1878: 9). No prevé mecanismo alguno para asegurar que los estados paguen su contribución, y como nada ni nadie puede obligarlos, sucede a menudo que no cumplen con ese compromiso.

La Confederación tampoco dispone de medios legales para regular el comercio entre los estados y con el extranjero. A causa de esto, proliferan los obstáculos que impiden una mínima fluidez en el ámbito del comercio interno. Turgot, el antiguo controlador general de Finanzas de Luis XVI, critica esa debilidad de la Confederación en una carta que dirige a Richard Price el 22 de marzo de 1778:

Ningún principio fijo establecido acerca del impuesto; se supone que cada provincia puede determinar su fiscalización como le venga en gana, establecer impuestos personales, impuestos sobre el consumo, sobre las importaciones, es decir, atribuirse un interés contrario al interés de las otras provincias (Price, 1785: 95).

Debido a esa falta de regulación, prevalece por doquier una situación caótica en la que los estados multiplican sus tarifas sin orden ni concierto, así como las tasas sobre los productos que cruzan sus fronteras.

Por si lo anterior no bastara, hay otro aspecto aún más preocupante, más grave. La mayoría exigida para que se tomen las decisiones importantes es de nueve votos sobre trece (un voto por cada Estado). Esta proporción vuelve el voto prácticamente imposible, ya que un voto presupone que los delegados de un estado alcancen la unanimidad. Además, el artículo V exige que cada uno de los estados envíe por lo menos dos delegados al Congreso. Con una sola ausencia, o la falta de acuerdo entre ambos delegados, es suficiente para que un estado pierda su derecho a votar y bloquee entonces la posibilidad de llegar a una decisión.

De tal suerte, no resulta exagerado afirmar que la Confederación es una especie de Estado fantasma, endeble, desprovisto de soberanía real y efectiva. Es verdad que posee ciertas prerrogativas, pero le corresponden gracias a que sus miembros —los trece estados— aceptan delegarle voluntariamente algunos de sus poderes. El artículo II es contundente a este respecto: los estados nunca, y en ningún caso, pierden su soberanía, su libertad y su independencia (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters and other Organic Laws of the United States, vol. 1, 1878: 19).

A la luz de semejante fragilidad, la opinión de Turgot parece atinada:

En la unión general entre las provincias, no veo coalición alguna, una fusión de todas sus partes, que hagan un solo cuerpo, y que sea homogéneo. No es más que una agregación de partes, siempre demasiado separadas, y que siempre conservan una tendencia a dividirse por la diversidad de sus leyes, de sus costumbres, de sus opiniones, por la desigualdad de sus fuerzas actuales, y más aún, por la desigualdad de su progreso ulterior. No es sino una copia de la República Holandesa, y ésta, al menos, no tenía que temer, como la República Americana, el crecimiento posible de algunas de sus provincias (Price, 1785: 96).

En las antípodas de esa legislación tan débil, tan anómala, la Constitución de 1787 contiene todos los elementos necesarios que definen a un Estado fuerte. Legitima un Poder Ejecutivo unitario, nombrado por elección, el cual posee la capacidad de veto; instaura un parlamento que puede imponer gravámenes y recibirlos, y puede regular el comercio entre los estados y con el extranjero; da cauce a un procedimiento simple y rápido de decisión, pues toda ley es votada por mayoría simple en las dos cámaras; erige un auténtico Poder Judicial que descansa en una red de tribunales federales sometidos a la autoridad máxima de una corte suprema. Pero la modificación más sustancial que introduce esta Constitución, y que la hace diferir totalmente de los Artículos de la Confederación, es la cláusula que establece una nueva jerarquía de las leyes en el segundo párrafo del artículo VI. Reza así: “Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los Tratados celebrados o que se celebren bajo la Autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley suprema del País” (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters and other Organic Laws of the United Satates, vol. 1, 1878: 19).

Las implicaciones de estas palabras son enormes. Al establecer que la ley federal es superior a las constituciones y leyes estatales, los tribunales federales están capacitados entonces para imponer a los estados la Constitución federal y, en última instancia, declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley estatal. Sin embargo, esta primacía no significa que la Constitución pisotee la soberanía de los estados. Garantiza una responsabilidad compartida, asumiendo, es verdad, ciertas prerrogativas que antes correspondían a los estados, pero permitiéndoles conservar bastantes derechos que gozaban hasta entonces.

Dicho de otra manera, todo lo relativo a la common law, y que no se encuentra cedido a las autoridades federales, pertenece estrictamente a la competencia de los estados. Así, a la esfera estatal toca lo que concierne a la actividad de las empresas (responsabilidad civil, contratos, fusiones), todo lo que tiene que ver con la fortuna de los particulares (herencia, compra y venta de bienes inmuebles, etcétera), y todo lo relativo a los procesos tanto civiles como criminales, lo que significa un porcentaje muy alto de los asuntos judiciales.

La novena enmienda a la Constitución federal precisa, sin dejar lugar a dudas, que la enumeración de ciertos derechos no puede ser interpretada como una negación o restricción de otros derechos que han sido “conservados por el pueblo” (The Federal and State Constitutions, Colonial Characters and other Organic Laws of the United States, vol. 1, 1878: 22).

En algunos libros de historia estadunidenses, el lector se topa con la idea de que la Constitución federal fue el fruto de una inspiración casi divina que tuvo un congreso —similar a una reunión de los dioses en el Monte Olimpo— formado por hombres sabios y virtuosos.

Aquí conviene precisar dos cosas.

En primer lugar, es verdad que el republicanismo americano se funda en la virtud pública. Las instituciones de la nueva era, se creía, forjarán buenos ciudadanos capaces de crear leyes apropiadas que, a su vez, redundarán en el mejoramiento de las costumbres reinantes. Los hombres virtuosos están llamados a dirigir la comunidad política y su gobierno, pues son los más adecuados para encargarse de la res publica.

En segundo término, no pocos de esos historiadores aseguran que tal acontecimiento no sólo fue único en el pasado; profetizan, ufanos, que jamás se repetirá en el futuro. De ser esto cierto, uno podría pensar que, ante la aparición de semejante instrumento de gobierno, tan brillante, tan sabio, tan justo y tan perfecto, los contemporáneos de aquellos delegados reunidos en Filadelfia lo recibieron con alborozo, agradecidos por ese obsequio casi divino, en medio de un consenso universal.

La realidad está muy lejos de esa imagen idílica. En cuanto aparece, la Constitución federal levanta de inmediato una ola de controversias y reacciones contrarias. Por ejemplo, John Lansing, del estado de Nueva York, la compara con un “monstruo de tres cabezas, expresión de la conspiración más sagaz y más perversa jamás inventada desde la Edad Media contra las libertades de un pueblo libre” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 14). Los antifederalistas constituyen la parte más conocida de esa reacción. Ellos representarán uno de los polos opuestos en la gran discusión nacional que la obra de la Convención de Filadelfia desencadenó.

El paso de una Constitución confederativa a una Constitución federal, más centralizada, con mayores recursos legales para intervenir de modo coercitivo en los estados, sólo se explica si se tiene en cuenta la crisis política que domina la vida americana alrededor de 1780.

La redacción de la Constitución federal14 y su posterior ratificación no son ciertamente hechos aislados. Sería un error suponerlo así. En realidad, es el acto final de un drama que había comenzado con la imposición de la Stamp Act —además de otros impuestos y regulaciones aduaneras— por parte del Parlamento inglés, hasta desembocar en la Declaración de Independencia.

La Revolución americana fue algo más que un conflicto entre colonos y británicos disputándose el control de las colonias. Fue también una lucha entre americanos para dirimir quién gobernaría en casa. Para muchos de ellos, la independencia marcó, por fortuna, el punto final de su revolución. Pero para otros muchos, ésta tenía un significado más amplio, en la medida en que repudiaban, viviendo ya en una nación independiente, las formas tradicionales del gobierno colonial que habían persistido y, sobre todo, detestaban a los grupos sociales que habían dominado la vida social y política durante la colonia.

Por lo tanto, la Constitución federal intentará resolver esa crisis a la vez política, económica y social, que había durado ya más de veinte años.

8

¿EN QUÉ CONSISTÍA ESA CRISIS?, ¿qué circunstancias la habían originado? A diferencia de lo que pudiera suponerse, al término de la guerra contra los ingleses, Estados Unidos no padecía de pobreza. Sin embargo, la situación en que se encontraba era preocupante. En tanto que país, era únicamente un nombre, “Estados Unidos”, el cual en nada correspondía a la realidad. Las antiguas colonias se habían liberado de Gran Bretaña, es verdad, pero carecían de una unión efectiva entre ellas. La industria, cómo era lógico, se había paralizado con el estallido de la guerra. Y luego, ya en el transcurso de los enfrentamientos, la industria bélica que entonces se desarrolló tuvo su fin una vez pactada la paz con la metrópoli. De tal modo, existió una doble dislocación del comercio y de la industria. Aunado a esto, muchos granjeros, tras experimentar la vida citadina, ya no estaban dispuestos a regresar a las labores del campo. Y también contra lo que pudiera imaginarse, la guerra no había mermado la producción agrícola, que era la más importante del país. Por el contrario, la alentó, ampliando su mercado con las necesidades del ejército insurgente.

Pero ahora, finalizada la guerra, aquellos combatientes, acostumbrados a recibir alimento del pueblo agradecido, se resistían a volver a sus faenas habituales. Así, soldados y civiles aprendieron con rapidez que era muy sencillo pedir préstamos y posponer el pago. Su noción de libertad incluía el derecho a endeudarse y gastar casi ilimitadamente sin tener que responsabilizarse de las obligaciones financieras correspondientes.

En poco tiempo, innumerables deudas fueron contraídas no sólo por los individuos, sino también por el Congreso continental y los estados. Pronto llegaron a la fecha de vencimiento y debían ser liquidadas, cosa que en general no se hizo.

La crisis imperante se manifestó de un modo especialmente violento en Massachusetts con la rebelión que llevaron a cabo los partidarios del capitán Daniel Shays. Las ciudades costeras de ese estado eran, en aquella época, los principales puertos de entrada de las mercancías importadas, y se vieron muy afectadas por la supresión de las importaciones.

El movimiento que Shays encabezó fue una reacción ante la agobiante situación económica, cuya causa principal, además de las otras causas que mencioné, era el abuso de la emisión de papel moneda por parte de los estados y del Congreso federal para tener capacidad de financiar la guerra de Independencia. La veloz depreciación del papel moneda trajo consigo grandes ganancias para algunos, al menos temporalmente, como fue el caso de comerciantes y granjeros endeudados que pagaban sus préstamos con billetes devaluados. Esa situación provechosa terminará en el momento en que sus acreedores exijan la liquidación de los montos que se les deben con moneda acuñada. Jefferson no exagera cuando señala que hay una cadena interminable de deudas que se extiende desde Londres y Manchester hasta Springfield y Massachusetts.

En efecto, los acreedores americanos —mercaderes a gran escala y negociantes que viven en las ciudades más importantes de la costa este— están endeudados con un sinnúmero de proveedores ingleses que los abastecen de diversos productos. Éstos sólo aceptan pagos en especie; el dinero depreciado de los americanos no les interesa, pues carece del mínimo valor.

El error que cometieron los negociantes americanos fue importar demasiadas mercancías provenientes de Inglaterra poco después de la firma del Tratado de París de 1783. Supusieron que las circunstancias serían favorables para que el número de consumidores internos creciera significativamente. Pero ocurrió todo lo contrario.

El incremento de la demanda que tanto esperaban jamás tuvo lugar. Llegó un momento en que disponían de una gigantesca cantidad de mercancías almacenadas, pero no conseguían venderlas por ningún medio, lo que ocasionaba que sus deudas se acumularan. Para hacer frente a la crisis, sus acreedores no tardaron en exigir el pago de los créditos que les habían ofrecido, pago que debía realizarse, no con dinero, sino en especie. Y para tener éxito, no dudaron en recurrir a la justicia.

Como respuesta ante la falta de pago, Inglaterra consiguió paralizar la navegación comercial de Estados Unidos, la cual rendía sustanciosos ingresos al país, orillando al resto de las naciones europeas a que no permitieran la entrada en sus puertos a barcos de aquel nuevo país.

La gravedad de tal situación puede ser entendida con facilidad si tenemos presente que, en la tradición de la common law, el pago irrevocable de préstamos o de hipotecas era un asunto por demás serio. El deudor que se resistía a cumplir con el compromiso adquirido era sujeto de una acción delictuosa; por ende, podía ser encarcelado, sus bienes personales y sus utensilios de trabajo podían ser confiscados, y lo peor, podía ser objeto de la suprema humillación que consistía en someterlo a un régimen de esclavitud forzosa. Así, el deudor incumplido era susceptible de convertirse, por espacio de algunos años, en siervo o empleado no remunerado de su acreedor. Ante semejante posibilidad, resulta comprensible que numerosos granjeros endeudados, encontrándose ya al borde de la bancarrota, se hayan movilizado contra la exigencia, que ellos juzgaban abusiva, de pagar sus deudas con mercancías que eran fruto de su trabajo.

Al pequeño granjero siempre se le pagaba por la venta de sus productos en papel moneda bastante devaluado. Por consiguiente, no es de extrañar que surgiera una rebelión en la que participaran granjeros y artesanos con importantes deudas a cuestas, cuyo objetivo era forzar la intervención del Estado y obtener de ese modo una reglamentación tanto de la economía como del sistema judicial que, a la larga, les fuera favorable.

El movimiento dirigido por Shays abarcó principalmente los estados del Norte y Nueva Inglaterra. Los habitantes del Sur tuvieron mayor suerte. Bajo la presión de los grandes productores agrícolas, los congresos detuvieron la maquinaria judicial y prohibieron el reembolso obligatorio de los préstamos. Por ejemplo, en Virginia, los tribunales, que habían permanecido inactivos a lo largo del periodo revolucionario, no volverán a abrir sus puertas sino hasta 1790.

En Vermont, el congreso local no vacila en intervenir en cualquier proceso judicial para revocar toda decisión favorable a los acreedores. Los ciudadanos de Rhode Island corren aún con mejor suerte. Una ley aparecida en 1786 prohíbe la devolución de las deudas en moneda y amenaza con sanciones penales al acreedor que se rehúse a aceptar papel moneda devaluado.15

A falta de una legislación comprensiva de la desastrosa situación que impera o de leyes que den un pequeño respiro a los granjeros más endeudados, se forman grupos de ciudadanos armados que a veces sitian los lugares donde las asambleas se reúnen para presionar a los representantes, y a veces ponen un cerco a la residencia de los tribunales, con el objeto de intimidar a los jueces. En más de una ocasión toman como rehenes a los representantes y no vacilan en borrar toda huella de sus deudas, quemando los archivos judiciales.

Iniciada por los granjeros de New Hampshire, de Vermont y del oeste de Massachussets, la revuelta crece cuando un antiguo combatiente de la guerra de independencia, el capitán Daniel Shays, organiza un ejército de unos dos mil quinientos hombres. Su meta, al parecer, es conseguir el derrocamiento del gobierno de Massachussets, poco comprensivo hacia la gente de escasos recursos y los endeudados. El ejército de Shays hace su aparición, sobre todo a través de acciones masivas, para interrumpir el curso de la justicia. Lleva a cabo incursiones contra la “nueva aristocracia”, es decir, los acreedores, los especuladores y los representantes conservadores que no tienen reparo en mostrar su total desacuerdo con la causa de los revoltosos.

Después de algunos éxitos locales conseguidos gracias al amotinamiento de la milicia del condado de Worcester encargada de contenerlos, los seguidores de Shays deberán enfrentarse a una tropa privada, es decir, no gubernamental, de poco más de cuatro mil hombres, reunida por iniciativa del gobernador del estado y financiada por los grandes comerciantes de las ciudades del Este. La comandaba el general Benjamin Lincoln. Asimismo, se solicitó al ministro de Guerra del gobierno confederado que reuniera el mayor número posible de hombres para que se sumaran a dicho ejército privado. La leva fue por demás infructuosa. Sólo se logró juntar escasamente mil individuos, y a la postre, no tuvieron la necesidad de combatir. En seis meses, la revuelta fue sofocada, Daniel Shays condenado a muerte in absentia, y sus seguidores privados de sus derechos civiles.

A fin de cuentas, la revuelta encabezada por Shays produjo más temor que resultados. Alrededor de cincuenta de sus seguidores resultaron muertos o heridos, más del doble de los muertos o heridos entre las filas del ejército de Benjamin Lincoln. Los principales instigadores recibieron pronto el beneficio de una amnistía. Al mismo tiempo, la elección de un gobernador menos conservador acabó por apaciguar los ánimos.

Sin embargo, es preciso señalarlo, el impacto de ese movimiento no fue nada despreciable, tanto en el resto del país como en el extranjero. En primer lugar, porque el resto de los campesinos y granjeros endeudados no tardaron en imitar el camino que los partidarios de Shays habían inaugurado. Así lo hicieron en Pensilvania, en Maryland y en Carolina del Sur. En segundo lugar, y esto es fundamental, porque ponía al descubierto varias cosas: la debilidad del sistema confederado, el peligro de recurrir en cualquier momento a las milicias populares, y el desorden de una anarquía siempre amenazante.

Además, la revuelta de Shays ofreció argumentos más convincentes a los que estaban a favor de una reestructuración completa de la Confederación. Ellos constituían una corriente que apoyaba la idea de un sistema más centralizador y nacionalista.

¿Quiénes eran nacionalistas? Políticos y militares que antaño habían compartido una experiencia común dentro de la vida política a nivel de la estructura de la Confederación, más que a nivel de los estados. Dicha experiencia consistía en haber formado parte del ejército continental, o bien haber sido representante de su estado en el Congreso de la Confederación, o haber pertenecido al cuerpo diplomático. Entre los más reconocidos estaban George Washington, antiguo comandante en jefe del ejército continental y retirado de los asuntos públicos desde 1783; Alexander Hamilton, antiguo ayuda de campo de Washington; James Madison, representante de Virginia en el Congreso de la Confederación, y John Jay, ministro de Asuntos Exteriores de la Confederación.

Todos ellos llevaban tiempo denunciando la crisis económica y los excesos provocados por la emisión irresponsable de papel moneda. Hamilton, por ejemplo, señala en El Federalista LXXXV que dicha práctica ha socavado los fundamentos de la propiedad y del crédito, ocasionando que surja en el corazón de los ciudadanos una clara desconfianza (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 482). Y más aún, sentencia: “Una nación sin un gobierno nacional es, desde mi punto de vista, un horrendo espectaculo” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 487).

La crisis que asola al país se ve agravada por las múltiples rivalidades que existen entre los estados a propósito de los territorios del Oeste o de ciertos enclaves que anhelan la independencia y amenazan separarse. De tal manera, el estado de Nueva York se revelará impotente ante la secesión de Vermont, y su gobernador general, George Clinton, se quejará por la falta de acción del Congreso de la Confederación para impedirla.

No obstante, la razón principal del conflicto entre los estados es la carencia de una reglamentación uniforme sobre el transporte de mercancías. La variedad de derechos de aduana, de impuestos sobre el consumo, de tarifas proteccionistas suscita una enorme rivalidad entre los estados que a veces se convierte en una auténtica guerra comercial sin cuartel. Comités interestatales de comerciantes se reúnen y hacen llegar su petición al Congreso de la Confederación sin obtener lo que solicitan: que dicho Congreso reglamente el comercio y fije tarifas y derechos iguales.

Además, la crisis resulta más seria de lo imaginado debido a que se trata de una crisis no sólo interna, sino también exterior, la cual hace vacilar la integridad territorial de la Unión y, en última instancia, su presencia en el contexto internacional de las naciones.

Lo cierto es que los americanos no han respetado siempre las cláusulas del Tratado de París que habían firmado con Inglaterra en 1783.16 Dicho tratado tenía prevista la indemnización de los realistas,17 cuyos bienes habían sido incautados por los insurgentes, así como el pago de las deudas contraídas antes de la guerra de Independencia. Prohibía también que se legislara en contra de aquellos mismos realistas. Es verdad que esas cláusulas son respetadas en raras ocasiones, incumplimiento que incita a los ingleses a mantener algunas tropas suyas en los fuertes militares que aún ocupan en la zona de los grandes lagos. Esperan así controlar el acceso al comercio americano por vía marítima en dicha región. Por otra parte, las negociaciones diplomáticas con España fracasan. Los españoles se niegan a abrir el Mississippi a la navegación americana. En suma, como no han pagado la deuda originada por la guerra, los americanos temen que Francia o España exijan que les sean hechas concesiones territoriales. Ese peligro explica por qué algunos ven con buenos ojos la rápida creación de un gobierno central que permita defenderse mejor del hostigamiento europeo.

Los dirigentes que condujeron la independencia de Inglaterra poseen una conciencia clara de la profunda crisis que amenaza a la Confederación. El mayor mal que la aqueja, su punto más débil y crítico, es sin duda su falta de efectividad. Washington, entre otros contemporáneos suyos, la llama “falta de energía”. Y según él, esa falta de energía del gobierno continental ha provocado, entre otras cosas, que la guerra de Independencia durara más de lo necesario y tuviera un costo exorbitante.

En los años posteriores a 1780, muchos se refieren ya abiertamente a la “imbecilidad” de la Confederación, afirmando que la Unión confederada no es más que un simple nombre, una entidad sin soporte ni sustancia. Otros denuncian el ridículo papel que desempeñan los embajadores americanos en el extranjero, ofreciendo involuntariamente el triste simulacro de una soberanía sustentada casi en el aire. Otros más deploran la extrema debilidad del sistema nacional, el cual está precipitando al país hacia la anarquía. El despotismo de los débiles constituye a la postre una gran amenaza. Por tal motivo, Hamilton señala en El Federalista XV que demasiado poco poder resulta ser tan peligroso como el exceso de poder, pues semejante situación lleva a la anarquía, y la anarquía al despotismo.18

El tema de si Estados Unidos es o no una nación unida es debatido por un sinnúmero de personas en múltiples frentes. Si lo es, debe entonces actuar buscando promover objetivos nacionales y desarrollar un carácter nacional. Si no, debe al menos abandonar ese doble juego, el juego de la Confederación, una unidad superficial y tambaleante, a riesgo de ganarse el desprecio del resto de las naciones.

Madison es uno de los protagonistas políticos más entusiastas en dejar atrás dicho juego y proceder a desmantelar el frágil aparato político e institucional de la Confederación. No es casual que comente en una carta a Edmund Randolph, fechada en Nueva York el 8 de abril de 1787: “En verdad, mis ideas en torno a una reforma atentan tan profundamente contra la vieja Confederación y conducen a tal cambio sistemático, que apenas resultan comedidas” (Madison, 1840: 631).

Propone que se otorgue al gobierno nacional una autoridad irrestricta para todos los casos que requieran de criterios uniformes, como la reglamentación del comercio, la imposición de tarifas y de derechos aduanales, las condiciones que deben ser satisfechas para la naturalización, etcétera. De igual modo, considera absolutamente necesario que ese gobierno disponga del derecho, también sin restricciones, a vetar cualquier acto legislativo que intente socavar sus decisiones. Sin contar con semejante medida, piensa Madison, los estados seguirán boicoteando la jurisdicción nacional, violando los tratados internacionales que Estados Unidos firma con otros países, y acosándose entre ellos mismos al tomar decisiones dictadas por su interés individual. Por supuesto, esa supremacía nacional tiene que abarcar también a los órganos judiciales.

Tales medidas representaban una seria amenaza a la soberanía de los estados. Aunque había en ellas un eco que recordaba al centralismo del gobierno británico, fueron adoptadas y propuestas por los redactores de la Constitución federal, aquellos delegados representantes en la Convención Federal conocidos con el nombre de Framers. Sin duda ponían al descubierto las intenciones de los nacionalistas. Su objetivo era derrocar el sistema constitucional de 1781, construir un centro desde el cual se gobernara el país y someter los estados a la supremacía de dicho centro.

Con suma habilidad, los nacionalistas se negaron a ser llamados así, a ser identificados con la estructura gubernamental que preconizaban, evitando cualquier similitud con un gobierno, el británico, que hasta hacía muy poco los había dominado. Se dieron a conocer como “federalistas”, nombre que tomaron de sus adversarios, los defensores de la soberanía regional e integral de los estados. En esa época, cabe señalarlo, el federalismo era sinónimo de confederación. Para colmo, con gran ironía, los nuevos federalistas asignaron a sus adversarios el calificativo de “antifederalistas”.19

9

RESULTA INTERESANTE ASOMARSE a las opiniones que algunos pensadores y políticos en Europa tuvieron de las circunstancias por las que atravesaba la Confederación americana. Intervinieron animosamente, de un modo u otro, en las discusiones que mantenían entre sí los americanos. Debatían, polemizaban, no en el vacío. Sus voces críticas eran escuchadas con atención, produciéndose así un territorio fértil de debate y un intercambio enriquecedor de ideas. Uno de los casos que mejor ejemplifica ese intercambio son las cartas que Mably dirige a John Adams y que resuelve publicarlas con el título de Observaciones sobre el gobierno y las leyes de los Estados-Unidos de América.

De esos europeos, no son pocos los que comulgan con el pesimismo que ha invadido a los nacionalistas americanos sobre el futuro de la Unión. El abad Raynal, por ejemplo, aventura que la Confederación será incapaz de sobrevivir, ya que la compone un grupo de colonias que dan la impresión de mantenerse asociadas más por resentimiento que por apego a ciertos principios comunes. Su diagnóstico es contundente: “Si algo hace falta a la América inglesa, es que no constituye precisamente una nación” (Raynal, vol. 6, 1773: 251).

Este hecho obedece, entre otras razones, a que las familias que viven allí provienen de diversas regiones de Europa. Dondequiera que han decidido establecerse, esos colonos conservan con una persistencia notable la lengua y las costumbres de su patria. Por consiguiente, el único remedio que puede ayudar a prevenir la disolución de dichas colonias depende del régimen que adopte un gobierno central, cuyo objetivo sea unificarlas.

Y Raynal no es el único. Turgot piensa lo mismo. Con una participación tan dilatada en la política ministerial de su país, cosa que le ha permitido ser testigo prácticamente de todo el proceso de formación del Congreso de la Confederación en Estados Unidos, está convencido de que ésta se halla condenada al fracaso porque no ha logrado constituir un cuerpo homogéneo; tan sólo es un conjunto deficiente de partes añadidas, frágilmente cohesionadas, cada una muy distinta a las restantes en costumbres y leyes. Hasta el momento, agrega, Estados Unidos se ha limitado a ser una copia de la República Holandesa, pero al menos aquella república no corre el peligro en el futuro de tener nuevas provincias sumándose a un conjunto ya de por sí caótico (Price, 1785: 96).

Turgot ahonda en una de las razones primordiales que han dado lugar a ese caos: la falta de un criterio común en la fiscalización. Como lo indiqué páginas atrás, el ministro francés apunta que no existe un principio general para fijar los impuestos. Cada provincia puede gravar el consumo, las importaciones, las exportaciones, según le parezca. En otras palabras, tiene la libertad, sin restricción alguna, de actuar conforme a su interés particular y de manera contraria a los intereses de las colonias restantes (Price, 1785: 95).

Otro personaje que reflexiona sobre la situación americana es el conde Ewald Friedrich Graf von Hertzberg. Aunque menos conocido que Raynal y Turgot, no por ello sus comentarios al respecto son menos significativos. Resumiré a continuación algunas de sus ideas.

En un discurso (Hertzberg, 1787: 141-180) que pronuncia en francés ante los miembros de la Academia Real de las Ciencias y las Bellas Artes de Berlín el 29 de enero de 1784, día en que se celebra oficialmente el aniversario de Federico II, lo que hace Hertzberg, desde los párrafos iniciales, es infundir confianza a los defensores de la monarquía prusiana al expresar sus dudas sobre la posibilidad de que la experiencia americana tenga éxito. Señala que el tema que ha elegido para su alocución es arduo, pero de gran relevancia para el género humano. Reconoce que Montesquieu, como ningún otro autor antiguo o contemporáneo, ha permitido a través de su obra comprender la intrincada naturaleza de los gobiernos. Manifiesta entonces su predilección por la monarquía; defiende su necesidad y su permanencia innegable en la historia. La mayoría de las naciones ha tenido un gobierno monárquico desde sus orígenes —China, Persia, Turquía, Rusia, Alemania, Francia, España, Suecia, Dinamarca, etcétera—, lo que demuestra la extraordinaria longevidad de la monarquía a la par de sus bondades, aún cuando esos países hayan sufrido revoluciones e interrupciones en la sucesión hereditaria.

“Ninguna República podría jactarse de una duración tan prolongada”, subraya Hertzberg (1787: 146). Más adelante, continúa diciendo que las dos repúblicas más célebres que el mundo ha conocido, Roma y Cartago, sólo fueron capaces de conservar un gobierno de talante republicano durante pocos siglos para sucumbir luego al despotismo más cruel, más sanguinario, el cual duró una larguísima época. Agrega que los días más gloriosos de ambas repúblicas tuvieron lugar cuando las gobernaron dictadores.20 Estima que el tiempo de las repúblicas ya ha pasado. No obstante, comenta lo siguiente:

Nuestro siglo nos ha proporcionado un nuevo fenómeno mediante el nacimiento de la nueva República Americana, que no debe su origen más que a los errores del gobierno británico y a los celos tanto políticos como comerciales de las potencias vecinas. Habrá que aguardar al menos medio siglo para ver si —y cómo— esa nueva República, o ese Cuerpo confederado, consolidará la forma de su gobierno; al menos no ha dado pruebas hasta ahora a favor de la forma republicana (Hertzberg, 1787: 147).

Quizá el menos esperanzado de los comentaristas europeos sea Mably. No es casual que confiese que sus amigos, bromeando, lo llaman a veces “el profeta de la desgracia”.

En su cuarta y última carta a John Adams, “De los peligros a los que está expuesta la confederación americana” (Mably, 1792), expone reiteradamente su temor por los efectos nocivos que el crecimiento descontrolado del comercio puede acarrear en las costumbres del país y su inmediata repercusión en las leyes. En cierto momento establece un paralelismo entre el fin de la República romana y el cataclismo que espera a la Confederación. Pronostica que es posible que estallen revoluciones locales debido al conflicto entre los diferentes grupos de la población. A ese respecto, indica: “En cuanto los burgueses de vuestras ciudades, corrompidos por su fortuna, sólo miren con desprecio a los habitantes del campo y los artesanos, ¿no es verdad que vuestras leyes habrán establecido inútilmente la más perfecta de las igualdades? (Mably, 1792: 390).

El remedio a cualquier amenaza de desintegración, piensa Mably, consiste en el fortalecimiento de un Congreso continental que sea juez supremo de las diferencias que surjan entre los diversos ciudadanos en Estados Unidos, y aclara:

Ese remedio, señor, vuestros compatriotas lo tienen al alcance de la mano. No es cuestión de crear nuevas magistraturas ni de erigir entre vosotros un estatúder; se trata tan sólo de otorgar al Congreso continental una autoridad que lo ponga en condición de seros tan útil durante la paz de la que gozaréis como lo fue durante la guerra que os hizo triunfar sobre vuestros enemigos. Esa augusta asamblea ha sido el eslabón, la cadena que ha mantenido estrechamente unidos a los trece estados; ha sido su alma; ha dado a todos un solo y único espíritu, un solo y único interés (Mably, 1792: 398).

En contraste con el pesimismo de Mably, Filippo Mazzei se esforzará en presentar una imagen saludable de la Confederación. Para ello publicará sus Indagaciones históricas y políticas sobre los Estados Unidos de América Septentrional. Desde el aviso que dirige a sus conciudadanos, es decir, al pueblo de Estados Unidos de América, explica que su deseo es destruir los prejuicios que él ha encontrado en Europa relativos a la situación actual de su país. Advierte también que al proponerse esa tarea, no actuará como apologista, sino como un historiador empeñado en que su trabajo resulte exacto y verdadero.

El objetivo que Mazzei persigue, por un lado, es ofrecer la idea más clara y precisa posible de la situación política que reina en cada uno de los trece estados; por el otro, rebatir las tesis de Mably acerca de la anarquía en la que supuestamente se halla Estados Unidos. Resalta esto último en los siguientes términos:

Si la ignorancia es preferible al error, es preciso convenir que el estado actual de la opinión en Europa sobre América es peor que antes de la revolución; y las observaciones del abad Mably han contribuido singularmente a consagrar las innumerables invenciones que no han dejado de circular acerca de ese continente en perjuicio de Estados Unidos (Mazzei, vol. 1, 1788: ix).

Las observaciones de Mably, prosigue Mazzei, no se sustentan en fundamento alguno. Pero lo que molesta sobre todo es el hecho de que Mably ha aconsejado a los legisladores americanos algunas ideas para redactar “leyes constitutivas”. Condena ese gesto, pues pone en duda la capacidad del pueblo confederado para regirse como un pueblo independiente. A fin de cuentas, con su postura crítica, Mazzei demostrará un patriotismo acendrado, cosa que aún era desconocida en Europa.

A la larga, la obra de Mazzei será poco tenida en cuenta, aunque no olvidada del todo, cuando lleguen a Francia las noticias sobre las revueltas populares en Massachusetts y los desórdenes que también han sacudido la vida política en Pensilvania, Carolina del Sur y Rhode Island. Pese a ello, hay que reconocérselo, Mazzei fue, en más de un sentido, el precursor de aquellos autores europeos de la segunda mitad del siglo XVIII que fueron apologistas entusiastas del modelo americano.

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“EL ÁRBOL DE LA LIBERTAD DEBE SER REFRESCADO de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Es su abono natural”. Más de uno apostaría que semejante frase fue pronunciada por Robespierre o por alguno de sus camaradas jacobinos durante la época del Terror en Francia. Pero no es así. Fue escrita por Jefferson. Aparece en una carta que dirige a William Stephens Smith, desde París, el 13 de noviembre de 1787 (Jefferson, 1904: 360-363).

En efecto, Jefferson se encuentra a la sazón en París como embajador plenipotenciario. Uno de sus cometidos principales es abrir nuevos mercados en el mundo para los productos americanos mediante la firma de tratados comerciales.

Los informes que le llegan de la situación en la que está inmerso su país lo alarman. No obstante, en esa carta a Smith minimiza el alcance de la rebelión de Shays, lo cual resulta extraño. Comenta que han tenido (ellos, los americanos) trece estados independientes por espacio de once años, y sólo ha habido una rebelión, lo que arroja la cuenta de una rebelión en siglo y medio por cada estado. ¿Qué país ha disfrutado de una paz tan prolongada, es decir, de un siglo y medio sin alboroto de ninguna clase? No es posible preservar las libertades adquiridas si no se ven amenazadas ocasionalmente. En consecuencia, concluye, dejemos que los insurrectos tomen las armas. El mejor remedio será esforzarse para hacerlos entrar en razón y pacificarlos. En última instancia, añade: “¿Qué significan unas pocas vidas perdidas en un siglo o dos?” (Jefferson, 1904: 362).

Aunque da la impresión de no inquietarse demasiado por el levantamiento en Massachusetts, su convicción es otra. Jefferson se da cuenta de que el movimiento del capitán Shays pone de manifiesto la fragilidad de las trece nuevas repúblicas que conforman los Estados Unidos. Es probable que los observadores pesimistas no estén tan equivocados: la nación se encuentra en vías de hundirse en el desorden y la anarquía.

Frente a los acontecimientos, Jefferson mantiene dos actitudes, según el público de que se trate, lo que demuestra su habilidad diplomática. Con los franceses, se comporta como un agente de propaganda más que convincente. Presenta siempre a su país como una gran potencia capaz de saldar sus deudas y actuar en el contexto internacional como un Estado sólidamente unido. Además, es consciente del carácter republicano de esa nueva nación que es la suya, y la ve como un modelo a seguir porque es única en el mundo. Pero ante sus compatriotas, Jefferson da muestras de comprender los motivos que animan a los nacionalistas. Piensa que es necesario consolidar la Confederación y dotarla de un centro que controle los levantamientos y arbitre entre los conflictos territoriales. Sin embargo, tiene temor de que el impulso nacionalista vaya demasiado lejos. Por otra parte, ese temor es lo que lo irá distanciando de Washington, de Adams, de Jay y de Madison.

Lejos de ser un radical, Jefferson desaprueba las insurrecciones. No tendrá reparo en mostrarlo cuando sea testigo de los disturbios de mayo de 1789 en París; expresará abiertamente su malestar por el comportamiento de las masas sublevadas. Supone que la inestabilidad que azota a Francia puede arreglarse mediante algunas reformas que se realicen en el marco de una monarquía renovada, como sería el caso de una monarquía constitucional. Y al igual que muchos contemporáneos suyos, achaca a la reina no poca responsabilidad de lo que está sucediendo. A quienes pensaban así, hay que subrayarlo, se les escapaban las auténticas causas sociales y económicas que motivaron la Revolución francesa.

En efecto, numerosos políticos franceses y extranjeros fueron incapaces de advertir la hecatombe que se avecinaba, y Jefferson estuvo entre ellos. Durante su estancia en París fue indiferente a la dura realidad del pueblo francés, su miseria, su pobreza, su hartazgo de vivir en tales condiciones. En ese sentido, Jefferson apenas difería de los aristócratas liberales, con quienes compartía una buena cantidad de valores. Con una imagen deformada de Francia, quizá fue su actividad diplomática lo que le impidió ver la profundidad de las fracturas que recorrían el tejido social francés.

El proyecto de creación en su país de un Poder Ejecutivo federal centralizado preocupa a Jefferson debido a que detecta en él una tentación difícil de resistir. Con tal poder, ¿qué detendría a un presidente para no convertirse en un nuevo monarca?

Más allá del debate entre federalistas y antifederalistas, una mayoría abrumadora concuerda en que el declive de la Confederación es constatable. Su escasa viabilidad salta a la vista. Esto conduce a que algunos deseen reunirse en una “conferencia” o “convención” para discutir la suerte de la Unión y los medios que han de seguirse para adaptarla a las exigencias modernas de la diplomacia y del comercio.

Una de esas reuniones informales tiene lugar en Annapolis durante el otoño de 1786. Su objetivo es la reforma de las relaciones comerciales entre los estados y la adopción de un sistema reglamentario uniforme que haga progresar el interés común y la armonía de los miembros de la Unión. No obstante, la convención de Annapolis desemboca en un rotundo fracaso. Sólo cinco estados enviaron a sus respectivos representantes. Puesto que no hay suficiente representación nacional, los asistentes deciden posponer sus trabajos y disolver la asamblea, no sin antes hacer una recomendación importante. A través de un comunicado, solicitan a los parlamentos de Virginia, Nueva York, Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania que envíen comisionados para debatir las medidas que serán necesarias en la tarea de hacer compatible una constitución del gobierno federal con las exigencias de la Unión. Proponen Filadelfia como sitio de encuentro. Hasta cierto punto, la imprecisión de la convocatoria que se lanza para la convención de Annapolis ayudará para que la mayoría de los estados envíe delegados a Filadelfia, pues contribuirá a zanjar el camino a los partidarios de la idea federalista.

Un paso decisivo se da cuando el Congreso de la Confederación ve con buenos ojos la futura reunión en Filadelfia tras exigir que se cumplan ciertos requisitos. El principal, que los delegados se reúnan con el propósito expreso —y nada más con ese propósito— de revisar los artículos de la Confederación y someter al Congreso y a los cuerpos legislativos de los estados todas las modificaciones que deberán ser aceptadas por dicho Congreso y ratificadas por los estados, las cuales propiciarán que la constitución federal sea compatible con las exigencias de poder y preservación de la Unión.

En realidad, las cosas transcurrieron de otro modo. Los Framers estuvieron lejos de respetar ese límite de funciones acordado para el Congreso continental. Sobrepasaron sus atribuciones al poner todo lo que estaba a su alcance para demoler los artículos de la Confederación y erigir en su lugar un gobierno nacional poderoso, legitimado por un principio inédito: la soberanía popular.

Cuando se adopta un nuevo texto constitucional, el cual se da a conocer públicamente el 17 de septiembre de 1787 después de cuatro meses de discusiones secretas llevadas a cabo por cuarenta delegados de los estados, se produce sin duda una fractura significativa en la historia de la Confederación.21 Estados Unidos se convierte por fin en un Estado moderno que descansa sobre bases sólidas, gracias al establecimiento de un sistema de poder tripartita. Como es sabido, lo compone un Poder Ejecutivo único, sumamente fuerte, con facultades casi monárquicas; un amplio conjunto de tribunales judiciales a nivel nacional dependientes por una Corte Suprema, y un congreso que dispone por primera vez de la soberanía sustraída a los estados para satisfacer las necesidades de la Unión.

El resto es parte de la historia archisabida. Me refiero al éxito logrado por la Convención de Filadelfia. De ella surgirá un texto cuya perdurabilidad no cesa de sorprender y causar admiración. A lo largo de su historia, la Constitución estadunidense ha sufrido mínimas variaciones en su reducidísimo número de artículos. Justo lo contrario ha sucedido, por ejemplo, a la Constitución mexicana de 1917 que todavía nos rige. Pero hubo algo aún más importante. De dicha convención nació la ley fundamental de Estados Unidos, ley que representará un contundente desmentido de las tesis enarboladas por la teoría conservadora acerca del origen del Estado.

En efecto, de la experiencia política americana se derivan ciertas enseñanzas que no pueden ser pasadas por alto. La primera, que sí es factible dar la espalda a la herencia de los padres y construir ex nihilo un gobierno nacional, sin que tal acción desemboque en un régimen de violencia, caos y horror. La segunda, que una asamblea de invididuos —y no sólo un legislador virtuoso como Solón o Licurgo— es perfectamente capaz de crear un nuevo código político válido y aceptable para una sociedad. La tercera, que sí es posible hacer realidad algo que la filosofía moderna estimaba ser una especie de locura: un conjunto de leyes fundamentales para la vida de un país, es decir, una constitución.

Para los Padres Fundadores, ese conjunto de leyes fundamentales es una obra como cualquier otra que requiera inteligencia, conocimientos y práctica. Nada tiene de especial, nada hay en ella de divino.

En cuanto a las tesis de talante conservador a las que acabo de referirme, pienso sobre todo en Edmund Burke o Joseph de Maistre, dos de sus principales exponentes en el siglo XVIII.

Por su parte, Burke considera que una tradición jurídica es lo más preciado; por ello debe ser conservada a toda costa. De ahí que sostenga en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia: “La Revolución fue hecha para preservar nuestras antiguas, indisputables, leyes y libertades, y esa antigua Constitución del gobierno que es nuestra única seguridad para la ley y la libertad” (Burke, 2003: 27). Además, es inaudito que Burke guarde silencio y no arriesgue comentario alguno sobre la experiencia constitucional americana. Su falta de pronunciamiento es, por decir lo menos, sintomática.

A su vez, de Maistre, convencido de que los hombres no pueden hacer la soberanía, da su opinión, minimizando el valor de dicha experiencia. Afirma que los americanos se han limitado a importar los fundamentos del imponente edificio constitucional británico. América no ha dado pruebas todavía de su madurez; lo reciente de su vida constitucional no permite emitir aún un juicio certero. Las siguientes palabras que escribe en sus Consideraciones acerca de Francia revelan su más profunda convicción a este respecto:

Ninguna Constitución resulta de una deliberación; los derechos de los pueblos nunca están escritos, o al menos, las actas constitutivas o las leyes fundamentales escritas nunca son más que títulos declaratorios de derechos anteriores, sobre los cuales no puede decirse ninguna otra cosa sino que existen porque existen (de Maistre, 2007a: 232).

Por surgir después, la Constitución federal toma en cuenta las diversas experiencias constitucionales de los estados. De esa manera, consigue perfeccionar el “arte de gobernar” a un punto jamás logrado hasta entonces. Esto es lo que probablemente haya incitado a algunos historiadores y comentaristas a exagerar la consecución de esa obra y el éxito que alcanzó. No sólo son individuos posteriores al acontecimiento los que tienden a magnificarlo; también lo sacralizan algunos contemporáneos o participantes en él. Aunque Jefferson considera poco aceptables algunos artículos de la nueva constitución, ve en los trabajos legislativos de Filadelfia una “asamblea de semidioses”. John Adams no es menos elocuente. Sostiene que en esa reunión ha sucedido la mayor manifestación del entendimiento humano; de igual manera, el mayor ejercicio de deliberación que ha existido en el mundo. Madison se inclina a creer que ahí ha tenido lugar una intervención divina.

Una abundante ristra de elogios aparecidos en esa época contribuye a deificar la Constitución recién elaborada. Transforma así aquel texto en un mito fundacional. La nación posee a partir de ese momento raíces firmes sobre las cuales puede ya descansar orgullosamente.

Esa incursión en la esfera de lo mítico asegura, perpetuándola, la unidad necesaria del país. Además, dicha sacralización contrarresta los ataques virulentos de los antifederalistas. Una vez divinizada la Constitución, resulta irrebatible. Atacarla ya no es un ejercicio de crítica, sino una blasfemia, un gesto imperdonable que atenta contra la salud de la nación. Por ello es importante la referencia a lo divino; se alude a él como garantía del bien que ha animado de principio a fin el acto constitucional.

Sin embargo, más allá de esa tendencia sacralizadora, me parece inobjetable el reconocimiento que hay que brindar al resultado que se obtuvo de aquella asamblea. Está fuera de toda duda razonable: la Constitución de 1787 fue un logro colosal. Por primera vez, instaura un gobierno nacional y “enérgico” por encima de los trece gobiernos locales. Los Padres Fundadores, ¿de verdad hicieron progresar la vida social y política con su obra? Si tomamos en cuenta dos hechos hoy comunes para nosotros, la respuesta es afirmativa. El primero, sin tener a su disposición antecedentes de cualquier tipo, elaboraron un sistema complejo y equilibrado de legitimidad basada en la representación. El segundo, desarrollaron una soberanía “compuesta” —llamémosle así— que amalgamaba las instancias de un poder nacional y de los poderes regionales. Sobra decir que ambos logros han marcado positivamente las condiciones en las que hoy se desenvuelve la vida política en nuestros países.

La tarea acometida por los participantes en la convención de Filadelfia corroboraría lo que Rousseau había señalado años antes en sus Cartas de la montaña: “Los pueblos antiguos ya no son un modelo para los modernos; les resultan demasiado extraños en todo” (Rousseau, 1740: 214).

11

LA SOBERANÍA POPULAR ES LA LEY suprema del sistema político estadunidense. Ella aparece como piedra angular del resto de las leyes habidas y por haber. Ya lo advertía atinadamente Tocqueville, quien afirma que para hablar de las leyes políticas en Estados Unidos siempre hay que comenzar refiriéndose al dogma de la soberanía del pueblo (Tocqueville, vol. I, 1961: 106).

El pueblo es fuente de todo poder. Constituye el soporte sólido y origen de toda autoridad legítima. Ningún derecho ni ninguna prerrogativa escapa a la voluntad del pueblo. No tiene enemigos; su único enemigo posible es él mismo, es decir, cuando el pueblo, guiado por la torpeza o por el celo de alcanzar la perfección, muestra una tendencia excesiva a la autorreforma mediante la proliferación de leyes nuevas y de convenciones constitucionales.

A la par de la soberanía popular, otro hallazgo que traería consigo un inmenso progreso en el arte de conducir las repúblicas —y que distingue a los americanos tanto de los antiguos como de los modernos— es el principio novedoso de la “representación”. Los ingleses, la nación más democrática de los modernos, gozan de ese principio, pero de manera parcial. Su Poder Ejecutivo no es elegido. En cuanto al Poder Legislativo, los representantes en la Cámara de los Comunes no son nombrados a través de un sufragio.

Donde se encuentra mejor expuesta y explicada la doctrina americana de la “representación” es en El Federalista. Como se sabe, lo integran una serie de artículos publicados con el pseudónimo de Publius. Salieron a la luz entre octubre de 1787 y mayo de 1788 en cuatro periódicos: The Independent Journal, The Daily Advertiser, The New York Packet y The New York Journal. En ese mismo año fueron reunidos en dos volúmenes por los editores John y Andrew McLean;22 los precedió un prólogo de Hamilton, quien tuvo la iniciativa de reunirlos. Detrás de Publius están Hamilton, el más prolífico, con 51 artículos; Madison con 29, y Jay con 5.

Al adoptar ese pseudónimo, los tres autores proporcionaron una pista sobre cierta fuente de inspiración que subyace al conjunto de las propuestas políticas que elaboraron en El Federalista. Dicha fuente fue la obra de Plutarco, Vidas paralelas.23 Entre todas las biografías y comparaciones que integran ese libro, el cual fue leído y releído principalmente por Madison, y en menor grado, por Hamilton, destacan dos, la de Numa y la de Poblícola (Publio Valerio).

Abreviaré las valiosas lecciones que aprendieron esos americanos de ambos personajes históricos. Vayamos con el primero. Numa Pompilio era sabino de origen. Cuando desaparece Rómulo, sabinos y romanos alcanzan varios acuerdos sobre la alternancia en el gobierno para evitar envidias y atajar cualquier sospecha de oligarquía. Los romanos eligen a Numa, hombre virtuoso, quien estaba convencido de que la religión y la filosofía libraban a los individuos de las pasiones y de la violencia, estorbos insalvables para el buen gobierno. No obstante, Numa declina el ofrecimiento de los romanos. El motivo de su rechazo es que éstos, piensa, están demasiado acostumbrados a la guerra. Necesitan un rey fogoso y no un rey que honre a los dioses y la justicia. Poco después, su padre y Marcio lo hacen entrar en razón, diciéndole que gobernar es, además de un don, un servicio. Ante tales argumentos, Numa cede y por fin acepta.

Los cambios que poco a poco introduce irán modificando positivamente la vida de Roma a todos los niveles. La convertirá en una ciudad menos guerrera y más justa. Así, instituye las vestales y las prácticas religiosas que giran en torno a ellas. Organiza el ritual de los entierros; crea el sacerdocio de los feciales,24 cuyas palabras solucionan los pleitos; realiza modificaciones al calendario con el propósito de planear mejor la agricultura y otras tareas productivas; etcétera.

Pero entre tantas novedades instauradas, algo que dejará una profunda huella en los partidarios del federalismo americano será su combate al espíritu de partido o espíritu de facción, el cual representa una grave amenaza contra la armonía social y la unión de una sociedad. Para lograrlo, a Numa se le ocurre una idea insólita: distribuir la población en gremios de oficios. Con tal medida pretende erradicar la gran diferencia entre los individuos que reside en su riqueza o pobreza, elemento que incrementa las diferencias entre ellos.

Por otro lado, Publio Valerio constituirá un ejemplo de mayor influencia. Él y Bruto, refiere Plutarco, consiguen expulsar a los reyes de Roma, poniendo fin de ese modo a la monarquía. Tiempos de una república todavía endeble, se adopta la idea de un gobierno dividido; quizá así pueda ser más justo. El pueblo elige a Bruto, pero no a Valerio, quien se enfada y abandona los asuntos públicos. Se suceden incontables disputas entre bandos que atentan contra la estabilidad de la ciudad. Cuando el cónsul Bruto muere en una pelea contra Arrón, hijo de Tarquino, la lucha entre los romanos y los tirrenos se desata. Vencen los romanos, y Valerio entra victorioso en Roma.

Desde ese momento, Valerio da muestras de gran sabiduría política. Para contener los rumores y maledicencias del pueblo, acusándolo muchos de querer gobernar en calidad de tirano, manda que unos operarios destruyan su rica casa en una sola noche. Más adelante, ordena un conjunto de leyes que otorgan un mayor poder al pueblo. El gesto más elocuente de ese proceder tiene lugar cuando decide quitar las segures25 de las fasces26 y, cada vez que se presenta en los comicios, inclina las fasces hacia el pueblo, señal inequívoca de que le reconoce la primacía de la autoridad democrática. Tras ese gesto, los romanos le conceden el nombre de Poblícola, que significa “el que ama y honra al pueblo”. Y con ese mote será conocido desde entonces.

Plutarco sintetiza las dos virtudes más notables de Valerio cuando lo compara con Solón. A lo largo de su gobierno, acota, demostró con creces su odio a la tiranía y siempre se rehusó a ejercer una autoridad despótica. En consonancia con su rechazo a cualquier forma de despotismo, poco antes de morir tomó la increíble decisión de entregar el poder de la ciudad a los que habían sido elegidos cónsules para el año siguiente.

Tras su muerte, fue honrado de dos maneras inusuales, las cuales demuestran el aprecio y la devoción que la gente había llegado a tenerle. La primera, cada ciudadano ofreció una moneda para sufragar los gastos del entierro, incluidas las mujeres. La segunda, se lo enterró dentro de la ciudad, en una parte llamada Velia, privilegio que también recibió su descendencia (Plutarque, 1784: 381-382).

12

EL FEDERALISTA SE IRGUIÓ COMO UN BASTIÓN de combate contra las críticas de los antifederalistas y como un baluarte de la resistencia ante la nostalgia por la Confederación. Su meta era convencer a los electores de Nueva York para que eligieran delegados favorables a la ratificación de la Constitución federal por parte de su estado. Al final, la votación fue muy apretada. Nueva York consentirá ratificar el proyecto constitucional de Filadelfia por un margen solamente de dos votos.

En nuestros días, para cualquier estudioso que pretenda indagar en la vida política de Estados Unidos, ya como nación independiente durante la segunda mitad del siglo XVIII, le resulta esencial la lectura de El Federalista. La importancia de esa obra es indiscutible. Pero no fue así desde el principio. Cuando apareció, su influencia fue bastante relativa, por no decir modesta. Casi no tuvo el efecto deseado. Aventuro una razón de ello: muchos de sus artículos son demasiado extensos y, de seguro, resultaban un tanto sofisticados para el lector no erudito de esa época (incluso de la nuestra). Muchas veces, el tono abstracto en que se desarrollan los argumentos de los autores lo hace parecer más un sesudo tratado de filosofía política que una obra periodística, la cual buscaba, no olvidemos, la propaganda de ciertas ideas.

En todo caso, la ratificación de Nueva York al texto de Filadelfia se consiguió, pero no tuvo un carácter decisivo. El 21 de junio de 1788, el noveno estado en ratificarlo fue New Hampshire. Por consiguiente, la Constitución federal, según estaba prevista en su artículo séptimo, fue adoptada definitivamente. Cuatro días después, los federalistas triunfaron con un amplio margen en Virginia; es el décimo estado que ratifica. El 2 de julio, el presidente del Congreso, Cyrus Griffin, confirma el voto de New Hampshire y proclama con la debida solemnidad que la Constitución federal entra en vigor a partir de esa fecha. El voto de Nueva York ya no urge; se sumará al movimiento generalizado que continúa ratificando una constitución que ya es la ley suprema del país.

Todo lo anterior suena bien. La prueba de que ha resultado convincente es que el mundo en que hoy vivimos, al igual que nuestras principales concepciones políticas, descansan en esa acepción específica, propiamente moderna, de soberanía. Pero sería un error suponer que la creencia en la soberanía popular, en el pueblo como origen de poder y de legitimidad, implica por fuerza el respaldo y el respeto incondicional a todas las personas que integran “el pueblo”.

En más de un sentido, “el pueblo” es una hermosa abstracción que sirve para incrementar el tono emotivo y grandilocuente de los discursos patrióticos. Sólo eso. Un mero artificio para poner en marcha, dentro de la vida política moderna, la estrategia de una totalidad excluida. Porque como la mayoría de los pensadores políticos de la época —entre ellos Rousseau,27 Burke o Mably—, los Padres Fundadores, artífices de la soberanía popular, desconfían por naturaleza del pueblo.

Pueblo es sinónimo de populacho, al cual consideran embrutecido por los empleos que sus integrantes se ven obligados a ejercer, condenándolos a la vileza. Degradado de ese modo, el pueblo es incapaz de desprenderse de sus preocupaciones cotidianas y elevarse a la altura suficiente para meditar acerca de los principios de la política.

Según esos pensadores europeos, el tipo de gobierno que el pueblo sueña instaurar invariablemente es la democracia “pura”, un gobierno en el que la mayoría de los ciudadanos termina por ejercer la opresión más cruel sobre la minoría, respaldándose en una concepción desfigurada del “interés común”. De hecho, la democracia pura difiere poco de la monarquía absoluta, pues también tiende a instituir una tiranía de origen monárquico.

En resumidas cuentas, la democracia pura resulta peligrosa en la medida en que otorga a individuos ignorantes derechos tan grandes que siempre abusarán de ellos.

Rousseau va todavía más lejos. Sostiene en El contrato social que semejante democracia nunca ha existido y nunca existirá. Además de ir contra el orden natural, señala, es difícil imaginar un pueblo reunido constantemente para deliberar acerca de los asuntos públicos. Si hubiera un pueblo de dioses, de seguro se gobernarían democráticamente. Pero un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres (Rousseau, 1975: 280-281).

Ni siquiera los antiguos conocieron la democracia pura, como bien lo explica Madison en El Federalista LXIII. Antes de la reforma de Solón, en Atenas gobernaban nueve arcontes, Cartago era dirigido por un senado, los éforos conducían el destino de Esparta y los tribunos, el de Roma. Todos ellos eran elegidos por el pueblo y considerados representantes de él “casi en su capacidad plenipotenciaria”. Sin embargo, subraya Madison, existe una diferencia fundamental entre el principio de representación de las sociedades antiguas y el que prevalece en su país. Escuchémoslo:

De estos hechos, a los que podríamos añadir muchos otros, resalta claramente que el principio de la representación no era desconocido de los antiguos ni totalmente ajeno a sus constituciones políticas. La verdadera diferencia entre estos gobiernos y el americano reside en la exclusión total del pueblo, en su carácter colectivo, de toda participación en éste, no en la exclusión total de los representantes del pueblo de la administración de aquéllos (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 373).

En un caso, el pueblo se reserva para sí ciertas prerrogativas gubernamentales; en el otro, cede todo su poder a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En realidad, el principio de la representación constituye para los americanos el eje central sobre el cual gira toda la vida republicana. Entre los antiguos era tan sólo un elemento más dentro de un marco normativo en el que se conjugaban una fuerte dosis de democracia directa y algunas funciones representativas.

Por consiguiente, la democracia americana nada tiene en común con la democracia pura o directa. Es una república; un gobierno donde el dispositivo de la representación está presente. En otras palabras, se trata de una democracia incompleta, cuyos excesos inevitables son contenidos por medio de estas instituciones republicanas: la presidencia y las asambleas elegidas. Dichas instituciones se encargan de una función terapéutica; remedian los abusos que, en términos generales, indican los autores clásicos que han reflexionado sobre la democracia.

¿En qué circunstancias ocurre el peor defecto de un gobierno popular? Cuando una facción particular se adueña de las riendas del poder para imponer su voluntad a los otros. En palabras de Rousseau, cuando la voluntad de todos se yergue por encima de la voluntad general.

13

AL ALERTAR SOBRE EL PELIGRO de las facciones, los Padres Fundadores no están enseñando algo nuevo; sólo retoman un tema que preocupa a la ciencia política de su tiempo. Ese peligro inherente a las democracias Sieyès lo definirá como un tumor maligno que corroe desde dentro el cuerpo político, ya que implanta un Estado dentro del Estado, un imperium in imperio. Por eso, la búsqueda del bien común exige hallar un modo efectivo de neutralizar a toda facción (Sieyès, 1982: 93). La solución que los franceses encontraron consistió en suprimir la jerarquía de los estamentos, en anular los privilegios de los gremios y las corporaciones, en atomizar a la sociedad civil en una serie de individuos con igualdad jurídica entre sí.

En nuestra época, Michel Foucault ha analizado de manera magistral las implicaciones de esa atomización:

El momento histórico de la disciplina es el momento en que nace un arte del cuerpo humano que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés (Foucault, 1989: 141).

A partir de entonces, el cuerpo ingresa en un mecanismo de poder que lo estudia, lo explora, lo desarticula y lo recompone, dando nacimiento a una “anatomía política”. El individuo es a la vez su objeto de estudio y presa de ella.

Por otra parte, el remedio hallado por los americanos fue distinto. Tuvo tal originalidad, que acarreó consigo un progreso notable en el arte de la política del siglo XVIII.

Lo primero que es preciso señalar es que las condiciones iniciales no fueron las mismas. La sociedad americana era sin duda más igualitaria que las sociedades europeas. Por esa razón no se vio en la necesidad de abolir estamentos ni privilegios; simplemente porque no existían. Si hemos de creer a Tocqueville, comparado con Europa, Estados Unidos era el país del consenso universal. Por supuesto que había conflictos, pero no eran fratricidas; no había facciones en pugna. Nadie ponía en entredicho la estructura republicana del gobierno. Ningún grupo intentaba frenar la expresión de la soberanía popular. Ello no significaba que no hubiese instancias de mediación que estorbaran el vínculo directo entre las opiniones particulares de los ciudadanos y las de los representantes elegidos. Las había; eran los estados. Ahora bien, el problema de los estados consistía en que los caracterizaba un esprit de corps demasiado arraigado, por lo cual anteponían regularmente sus intereses particulares al interés común, constituyendo un serio obstáculo a la organización de una nación unida y fuerte.

La solución propuesta en Filadelfia fue consolidar un gobierno central, es decir, poner en marcha un dispositivo federal, dotado en todas sus esferas de competencia de una completa soberanía. La tarea no era fácil. Había que lograr algo que se antojaba poco factible: erradicar la intermediación de los estados, sin llegar al extremo de suprimirlos y tampoco menoscabar su soberanía.

Los redactores de la Constitución echarán mano de un recurso hasta entonces desconocido. Ninguno de los estados será representado en tanto que tal en el seno de las instancias representativas de la nación. Al ubicar el lugar de la soberanía en el pueblo, fuente él de toda autoridad, los participantes del Congreso de Filadelfia no atentan contra la soberanía de los estados. Únicamente la desplazan. El resultado de esa hábil estrategia es que el gran actor político del nuevo régimen federal será, a partir de ese momento, la masa indiferenciada de los electores dentro de la Unión.

Tocqueville comprendió muy bien ese cambio, su alcance y su novedad. Lo demuestra con sus comentarios en el apartado “Lo que distingue a la Constitución federal de los Estados Unidos de América de todas las otras constituciones federales” de su libro acerca de la democracia en América (Tocqueville, 1961: 240-244). Allí, primero advierte que Estados Unidos no ha sido el único país en dar el ejemplo de una confederación. Ha habido, además de los antiguos, varios casos modernos. Suiza, el Imperio germánico, los Países Bajos, fueron o siguen siendo confederaciones. Cuando se analizan las constituciones de dichos países, uno se da cuenta de que los poderes conferidos al gobierno federal son casi los mismos que aquellos que la Constitución americana otorga al gobierno de Estados Unidos. No obstante, agrega Tocqueville, existen algunos principios de esa Constitución que son inéditos. Ellos son el pilar de una nueva teoría política. ¿Cuál? En Estados Unidos, los gobernados no son los estados, sino los ciudadanos. Para cualquier tasa que desea imponer, para cualquier ley que pretende promulgar o cualquier medida que intenta adoptar, la Unión no se dirige al gobierno de Virginia o de Massachusetts para buscar su aprobación; consulta a cada habitante de Virginia o Massachusetts. Los antiguos gobiernos federales lidiaban con pueblos; la Unión Americana lo hace ahora con individuos. En consecuencia, el poder central actúa sin intermediarios con los gobernados.

Al desconocer esa clase de unidad que emergerá con la Unión americana, las confederaciones anteriores desembocaban, sin poder evitarlo, en una guerra civil o en una vida política hundida en la inercia. En el mejor de los casos, los pueblos que las integraban carecían de la perspicacia para entender los males que les impedían llevar una vida armoniosa. “Los americanos”, concluye Tocqueville, “al mismo tiempo que sufrieron el mal, consideraron con firmeza el remedio. Corrigieron sus leyes y salvaron al país” (Tocqueville, 1961: 244).

Pero si el sistema federal disminuye el esprit de corps característico de los estados, jamás debe suprimir la libertad de los ciudadanos para agruparse en camarillas o facciones. A este respecto, Madison desarrolla en El Federalista X un análisis exhaustivo de los peligros que conlleva esa libertad, al mismo tiempo que la necesidad imperiosa de no erradicarla. Desde las líneas iniciales apunta: “Entre las numerosas ventajas que ofrece una Unión bien estructurada, ninguna merece ser desarrollada con más precisión que su tendencia a suavizar y controlar la violencia del espíritu de partido” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 122). Y un poco más adelante detalla:

Por facción entiendo cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 123).

En efecto, toda facción nunca es comedida, nunca es razonable. Territorio propicio para la irrupción de las pasiones humanas, ahí se expresan muchas cosas perjudiciales y escasamente compatibles con la búsqueda del bien común: humores pasajeros, prejuicios locales, un celo descontrolado por la religión, rivalidad de intereses, animadversión entre individuos, etcétera. La diversidad de las facciones es muy amplia, pero la mayor parte de ellas está relacionada con la distribución inequitativa de la propiedad.

Aunque es verdad que las facciones han sido a menudo una enfermedad que ha conducido a los gobiernos populares a su muerte, para Madison la meta no consiste en hacerlas desaparecer. Una comunidad privada de grupos particulares, perfectamente unitaria, homogénea, es algo utópico, y añadiría yo, algo aterrador. De ser posible una sociedad así, sólo podría pertenecer al universo de las idealizaciones teóricas o bien a la literatura;28 jamás al mundo de la vida política concreta. O al menos es lo que nos gusta creer.

Pensar que la consecución del bien común conlleva necesariamente la abolición de las facciones equivale a proclamar un remedio más dañino que el mal que se desea combatir. En realidad, las facciones poseen un gran significado para la libertad política. Su existencia constituye la prueba fehaciente de que dicha libertad no es un simple vocablo de la filosofía política.

Suprimir las facciones significa, pues, destruir la libertad política. ¿Qué hacer entonces, se pregunta Madison, para contrarrestar ese peligro inherente a la democracia? Su respuesta es clara: “La conclusión a que debemos llegar es que las causas del espíritu de facción no pueden suprimirse y que el mal sólo puede evitarse controlando sus efectos” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 125). Tal es la tarea que espera a los hombres de Estado.

Dando la espalda a toda suerte de cálculo coyuntural, un genuino representante del pueblo debe actuar conforme a los intereses permanentes de la comunidad. Por lo tanto, el régimen representativo que Madison defiende excluye cualquier mandato imperativo. Asimismo, implica la formación de una elite de representantes virtuosos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esa elite falla, cuando no son los mejores quienes gobiernan, o cuando los mejores, por los motivos que sean, abandonan el timón del gobierno? La democracia degenera entonces en un régimen de facciones. Dos cosas pueden derivarse de tal situación. Si las facciones son una minoría, sus efectos nocivos se anulan recíprocamente y la voluntad general consigue expresarse. Si, por desgracia, una facción particular se adueña de la mayoría, la democracia misma está en peligro de morir, pues es probable que dicha facción sacrifique el bien público a sus intereses dominantes.

En este punto llaman la atención las similitudes que el lector puede encontrar entre el planteamiento de Madison y las ideas a este respecto que Rousseau expone en la parte de El contrato social que lleva el título de “Si la voluntad general puede errar” (Rousseau, 1975: 252-253). En ese breve apartado, Rousseau distingue la voluntad de todos, la cual no ha de confundirse con la voluntad general.29 Cuando una asociación se yergue por encima del resto como la más importante o poderosa, su voluntad se vuelve general en relación con sus miembros, pero no deja de ser particular en el contexto global del Estado. Al permitir que una de las asociaciones existentes gane terreno de esa manera, ya no existe voluntad general, sino tan sólo una voluntad particular que ha logrado erigirse como la dominante.

Este peligro, que Tocqueville denominará más tarde “tiranía de la mayoría”, constituye la preocupación central de Madison. Por ello afirma: “Poner el bien público y los derechos privados a salvo del peligro de una facción semejante y preservar a la vez el espíritu y la forma del gobierno popular, es por ende el magno propósito de nuestras indagaciones” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 125).

No sólo Madison, sino también Hamilton y Jay, es decir, Publius en su conjunto, alberga la esperanza de poder demostrar con sus escritos que una república federal es el mejor régimen político. No es perfecto, pero sí el más justo de cuantos regímenes han conocido los hombres a lo largo de su historia. De ahí que sea tan importante apartar a la joven república federal de cualquier sospecha de tiranía, sobre todo para quienes la ven con malos ojos y desconfían de ella. Publius se esforzará entonces en probar que la Constitución federal contiene en su seno el remedio eficaz para evitar el predominio de cualquier voluntad particular y garantizar siempre la preeminencia del bien común.

¿Cuáles son esas minorías que deben ser protegidas de toda mayoría facciosa? Conviene precisar que no se trata de minorías en el sentido que hoy damos a ese término. No son minorías étnicas, por ejemplo, en las que piensan Publius y sus contemporáneos. Ellos se refieren principalmente a la minoría de los propietarios. Publius, como el resto de los Padres Fundadores (al igual que los filósofos ilustrados franceses, los fisiócratas y demás políticos de la época), valga subrayarlo, están convencidos del papel fundamental que desempeñan las elites en la vida económica y política, sin importar el régimen del que se trate. Ante todo, se interesan en proteger el derecho que estiman más sagrado: el derecho a la propiedad (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 124).30

Con el tiempo, pondrán en tela de juicio la superioridad de ese derecho, pero no modificarán en lo esencial su idea sobre la propiedad privada. Para unos y otros, hay injusticia cuando el deudor no paga a su acreedor lo que le debe, cuando algunos pregonan frenéticamente que lo justo es una distribución equitativa de la riqueza, cuando el agricultor que exporta los frutos de su tierra desea que se instaure el libre comercio, a diferencia del dueño de una pequeña industria manufacturera, quien apoya la urgencia de contar con tarifas proteccionistas que favorezcan a su industria en vías de crecimiento.

Cabe preguntarse por qué los Padres Fundadores estaban tan inquietos por el espectro amenazante de las mayorías facciosas. Quizá la respuesta tenga que ver con el temor que experimentaban ante ciertos sucesos de los que habían sido testigos. Consideraban perniciosas algunas iniciativas y manifestaciones recientes que se habían producido. Entre las más preocupantes, en su opinión, estaban las medidas agrarias que habían sido adoptadas en Rhode Island, las cuales favorecían a los granjeros endeudados, y desde luego parecían injustas a los acreedores que resultaban afectados por ellas; la emisión indiscriminada y abusiva de papel moneda, produciendo así una inflación galopante; algunas reformas fiscales, lanzadas a la ligera, que estaban muy lejos de mejorar la situación económica; y la revuelta encabezada por Shays. Todos esos acontecimientos y resoluciones ponían en grave peligro la estabilidad del país. Era preciso dar pronto con una solución duradera.

No es casual, por tanto, que Madison exprese en voz alta su miedo por la posibilidad de una explosión social si se persiste en el entusiasmo por el papel moneda, en defender a ultranza la abolición de las deudas, en proponer el reparto de la propiedad, o en cualquier otro proyecto “disparatado o pernicioso” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 128).

El verdadero peligro no son todas esas amenazas del presente, sino lo que ocurrirá seguramente en el futuro. Todavía hacia finales de 1780, la americana es una sociedad igualitaria. Por consiguiente, el mayor desafío al que se enfrentan los participantes en la Convención de Filadelfia es fundar un sistema político apto para la posteridad. Así lo piensa Madison. Urge anticipar los cambios profundos que sin duda vendrán en poco tiempo.

No resulta descabellado suponer que el crecimiento inevitable de la población aumentará la proporción de personas que viven bajo duras condiciones de vida y que anhelan una distribución más equitativa de la riqueza. Tal vez, en breve, esos individuos superen en número a los que viven de espaldas a la indigencia. Debido a que opera el principio de igualdad en el sufragio, el poder podría caer en cualquier momento en manos de los primeros. Aunque ninguna reforma agraria a nivel nacional aún se ha realizado, lo sucedido en Rhode Island es un síntoma del espíritu igualitario que poco a poco va ganando terreno. ¿Cómo conjurar ese peligro? ¿Cómo detener esa avalancha?

Madison y sus correligionarios tienen una fe inquebrantable en que los principios republicanos lograrán que la minoría no termine oprimida por una coalición de intereses contrarios a los suyos.

Con lo anterior, ahora se comprende bien lo que motivaba el temor de los Padres Fundadores hacia “las mayorías facciosas”. Habían advertido con clarividencia, y eso es lo que recelaban, la presión más y más creciente de una mayoría empobrecida sobre la minoría de los propietarios, fuesen éstos terratenientes o industriales.

Madison, hay que concedérselo, es lo suficientemente honesto para no ocultar las genuinas razones de dicho temor, aunque las formula de manera tal que las hace aparecer como razones casi cartesianas, de suyo evidentes, bondadosas y llenas de sentido común:

Los propietarios y los que carecen de bienes han formado siempre distintos bandos sociales. Entre acreedores y deudores existe una diferencia semejante. Un interés de los propietarios de tierras, otro de los fabricantes, otro de los comerciantes, uno más de los grupos adinerados y otros intereses menores, surgen por necesidad en las naciones civilizadas y las dividen en distintas clases, a las que mueven diferentes sentimientos y puntos de vista. El ordenamiento de tan variados y opuestos intereses constituye la tarea primordial de la legislación moderna e involucra el espíritu de partido y de bandería en las operaciones necesarias y ordinarias del gobierno (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 124).

Ante semejante derroche de sensatez, es casi imposible no estar de acuerdo.

14

DE AHÍ QUE EL BANDO en pro del federalismo se planteara algunas preguntas de vital importancia: ¿cómo han de frenarse los excesos de la democracia sin menoscabarla y destruirla? ¿Cómo impedir que cualquier mayoría facciosa imponga una concepción errónea o injusta del interés general? Los debates en Filadelfia idearán ciertas soluciones de corte republicano, cuya meta será reducir al máximo el margen de probabilidad de que una mayoría tenga la capacidad de atentar contra los derechos de una minoría.

A continuación expondré las soluciones de mayor trascendencia, las cuales han ejercido una enorme influencia en la configuración de la vida política contemporánea. En su conjunto, constituyen una notable estrategia —notable por su inteligencia y perspicacia—, encaminada a hacer realidad una manera de organizar el Estado hasta entonces impensable, creando un equilibrio racional y efectivo entre las distintas instancias del poder.

La primera fue concebir un gobierno representativo. La ventaja más notoria de la “representación” es que permite al representante, tras ser elegido, alejarse de su lugar de origen. Con ello escapa a la presión local. Si estuviera obligado a permanecer en su circunscripción, no podría tomar una distancia saludable en las decisiones que le competen en el ejercicio cotidiano de sus tareas. Así, cuanto mayor es el Estado, el representante electo está en mejor condición de trabajar para la consecución del interés general.

El acto representativo cumple la función de un filtro que purifica y engrandece las opiniones del cuerpo electoral. En efecto, el representante no es cualquier persona. En tanto que ha sido escogido, se espera de él sentido común y una dosis de sabiduría para discernir con acierto cuál es el mejor camino para satisfacer los genuinos intereses del país. También se espera de él un patriotismo inquebrantable, un amor por la justicia, que le impidan sacrificar el interés superior de la nación a consideraciones partidistas, personales o circunstanciales.

Al igual que los demás dirigentes de la independencia americana, Madison no cree en la viabilidad de una democracia directa y desconfía de la necesidad de elegir a un sujeto medio, quien sería a imagen y semejanza de sus electores. La elección no debe propagar esa identidad en el cuerpo electoral, sino introducir una fractura en el término medio de los ciudadanos. Por eso, el elegido, según él, tiene que ser un ser excepcional, distinto del resto de los individuos, dotado de virtudes también inusuales. Resulta seleccionado porque pertenece a una especie de aristocracia natural. Aunque esto parezca extraño, por no decir contradictorio, hay que recordar que una de las finalidades del sistema de representación republicana es la producción de una elite de legisladores virtuosos.

Otros Padres Fundadores opinan de modo parecido. Con diferentes matices, piensan que la asamblea ideal de representantes debe estar constituida por caballeros competentes y dueños de una situación holgada, por personas de reputación intachable, por los mejores y los más sabios, por los hombres mejor informados y de preferencia provenientes de un medio respetable, etcétera.

Madison expresa atinadamente ese ideal democrático en El Federalista LVII:

El fin de toda constitución política es, o debería ser, primeramente, conseguir como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar, tomar las precauciones más eficaces para que mantengan esa virtud mientras dure su misión oficial. La elección de los gobernantes constituye el sistema característico del gobierno republicano (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 343).

Los Padres Fundadores no son ingenuos. Si algo los define es el pragmatismo del que harán gala en Filadelfia. No necesitan enfrascarse en una discusión metafísica sobre la naturaleza del hombre para saber que los humanos no somos seres angelicales. Por eso están conscientes del desfase que suele ocurrir entre un ideal y la realidad.

En consecuencia, todo el sistema político que inventan durante las sesiones de la Convención consiste en edificar reglas y procedimientos que contengan los embates de una mayoría injusta y guiada por intereses particulares o sectarios. El objetivo de esa extensa y minuciosa normatividad es prevenir la degeneración del cuerpo legislativo.

Entre dichas reglas, vale la pena destacar algunas.

Se prohíbe la acumulación de funciones electivas y administrativas con el objeto de impedir tanto la dependencia como la corrupción y clientelismo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Las elecciones legislativas y presidenciales deben ser frecuentes para mantener un vínculo íntimo entre gobernantes y gobernados. La corta duración de los mandatos –dos años para la Cámara y cuatro años para la presidencia– se compensa con la duración más larga del mandato senatorial, la cual comprende seis años. Con esto se protege al electorado de los efectos nocivos de un continuo cambio de las decisiones legislativas. La permanencia de un senado compuesto por individuos respetables y ponderados ha de contrarrestar, al menos en un plano ideal, los impulsos y pasiones que pudieran suscitarse en el seno de la Cámara de Representantes. Acerca de todas estas consideraciones, Madison reflexiona en El Federalista LVII.

Otra de las reglas importantes se refiere a la pertinencia de distinguir los modos de elección. Ésta debe ser directa para el caso de la Cámara de Representantes e indirecta para el Senado y para la presidencia.31 Este último tipo de elección proporciona una doble garantía. Asegura una asamblea integrada por los ciudadanos más respetables y esclarecidos, los cuales, a su vez, después de deliberar, eligen a los hombres que se han caracterizado por su virtud y su competencia.

Al final, precisa John Jay en El Federalista LXIV, es casi seguro que los senadores y el presidente elegidos de este modo pertenezcan al círculo restringido de aquellos que disciernen con más tino los intereses de la nación (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 376).

La segunda solución novedosa encontrada en Filadelfia fue la separación de los poderes, idea que en el caso histórico de Estados Unidos requiere demorarse en ciertas precisiones.

El tema en el que quizá se revela mejor el talento político de Madison es justamente en sus comentarios sobre la separación de los poderes. Su punto de partida no podía ser otro que la piedra fundacional de la ciencia política moderna: Montesquieu. Tal como éste señala, Madison está de acuerdo en que la división tripartita de los poderes es la mejor alternativa para evitar cualquier forma de dictadura, sea la de un solo individuo o la de un grupo.32 Pero se resiste a tomar este parecer de Montesquieu al pie de la letra y suscribir, entonces, a manera de corolario, la necesidad de una demarcación categórica, total, entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Su resistencia se apoya en un doble razonamiento. Por un lado, cree que una separación tajante puede acarrear algunos efectos nada deseables, incitando a una de las ramas del poder a actuar de manera tan enérgica y aislada que no tenga en cuenta los intereses de las dos restantes, y más grave aún, que haga caso omiso del interés general; por otro, considera ilusorio que barreras administrativas levantadas entre los poderes garanticen que cada uno de ellos no invadirá el terreno de competencia de los otros.

Es irrebatible que es necesaria la división de los poderes porque salva a un país de vivir bajo la tiranía de un poder único, sin importar que éste sea fruto de una elección o monárquico. Pero esa división no basta, a juicio de Madison. Hay que propiciar la “permeabilidad” entre ellos, promover una determinada mezcla de sus funciones, pues en la práctica gubernamental, quiérase o no, resulta inevitable. Dicha permeabilidad ayuda a que ninguno de los tres poderes crezca desmesuradamente en autonomía y que en algún momento se le ocurra justificarse aludiendo a un celo irreprochable en el cumplimiento de sus deberes. Madison propondrá la siguiente medida:

¿A qué expediente recurriremos entonces para mantener en la práctica la división necesaria del poder entre los distintos departamentos, tal como lo estatuye la Constitución? La única respuesta que puede darse es que como todas las precauciones de carácter externo han sido inadecuadas, el defecto debe suplirse ideando la estructura interior del gobierno de tal modo que sean sus distintas partes constituyentes, por sus relaciones mutuas, los medios de conservarse unas a otras en su sitio (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 318-319).

Con el propósito de ahondar más en la conveniencia de su propuesta, Madison pone un caso hipotético. Dice que si el estado de Rhode Island33 se separara de los demás estados y tuviera que valerse por sí solo, la inseguridad de los derechos civiles, bajo la forma popular de gobierno dentro de unos límites tan reducidos, facilitaría la opresión por parte de las mayorías facciosas. El resultado sería a todas luces lamentable. Algún poder independiente del pueblo sería pronto respaldado por dichas facciones.

En consecuencia, cuanto más amplia sea una sociedad, más capacitada estará para gobernarse. Madison llegó a estar convencido de esto gracias a su lectura del ensayo de David Hume “Idea de una perfecta República” (1985a). Contra la opinión generalizada de que un Estado pequeño es preferible a uno de grandes dimensiones, ya que resulta supuestamente más sencillo de gobernar, Hume sugiere que en el seno de un Estado grande es más viable garantizar la estabilidad “sin tumulto ni facción”. Entre algunos de los argumentos que esgrime, alega que por estar sus miembros bastante alejados entre sí, les es complicado concertarse para tomar medidas contra el bien común o conspirar a favor de una persona, propiciando que ésta se adueñe a la larga del poder y busque establecer un gobierno monárquico (Hume, 1985a: 527).

Pero la correlación entre mayor magnitud y mayor capacidad de gobierno —Madison lo sabe bien— exige que dentro de la esfera del poder político, al ampliarse la sociedad hasta alcanzar un gran tamaño, se modifique el principio federal de la división de los poderes y no sea puesto en práctica de un modo tan absoluto que al final resulte inoperante. “La justicia —señala— es la finalidad del gobierno. Es la finalidad de la sociedad civil” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 322).

La conclusión de Madison no deja lugar a dudas. Anima a los partidarios de la causa republicana a que salgan en defensa del sistema federal, ya que está demostrado que las intenciones opresoras de toda mayoría son más fáciles de llevar a cabo cuanto más reducidos sean los territorios en que esté dividida la Unión (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 321).

Esa permeabilidad entre los poderes no sólo es una idea que Madison avala con gusto. Será compartida y respaldada por los demás Padres Fundadores. ¿Qué permite afirmar esto sin tener que leer la obra completa de cada uno? Con asomarse a los artículos iniciales de la Constitución federal, se percibe que fue algo expresamente deseado por ellos. Compárense la sección 8 del artículo I y las secciones 2 y 3 del siguiente artículo. En dicha sección 8 se enlistan las numerosas atribuciones que corresponden al Congreso, que van desde la facultad de pedir préstamos o dar crédito a nombre del país, acuñar moneda, aprobar leyes, hasta declarar la guerra.

Por otra parte, en las secciones 2 y 3 del artículo II se establecen las facultades correspondientes al Ejecutivo. El resultado es en verdad increíble. Cada facultad tiene su contrapeso y una instancia distinta que la limita, o mejor dicho, que le impide extralimitarse. Así, aparecen múltiples áreas de responsabilidad compartida y de contención. El presidente es el jefe supremo de las fuerzas armadas, pero el Congreso es el único que tiene la capacidad de declarar la guerra y recabar fondos para el funcionamiento del ejército. El presidente es el jefe de la diplomacia, ya que recibe a los embajadores, negocia los tratados y designa a los embajadores de Estados Unidos. Pero sólo el Senado puede ratificar los tratados con una mayoría de dos tercios, y además, ningún embajador puede ser nombrado sin el consentimiento suyo. Gracias a su derecho de veto, el presidente puede intervenir en el ámbito legislativo y contrarrestar los posibles abusos del Congreso. Ese derecho es un arma, pero no es absoluto. Tiene restricciones. A su vez, puede ser anulado por una resolución del Congreso que haya sido votada por dos terceras partes de los miembros presentes en las dos asambleas.

Esto es lo que se conoce como sistema de pesos y contrapesos [checks and balances]. Su rasgo más definitorio consiste en el hecho de que la Cámara de Representantes dispone de un verdadero poder judicial, el impeachment. Puede acusar al presidente de crimen de Estado —o de otros crímenes— por voto mayoritario y no unánime.

En cuanto al Senado, goza también de otro poder judicial, el de juzgar las imputaciones o impeachments. En consecuencia, un presidente no puede ser declarado culpable si no se da la mayoría de las dos terceras partes de los senadores presentes.

Al relativizar, como lo hicieron, el principio de la división de los poderes preconizado por Montesquieu, los Padres Fundadores adoptaron una cierta distancia en relación con la doctrina de aquél. Esa diferencia no respondía a un simple capricho. Obedecía a una lógica ausente en Montesquieu, la cual, por cierto, dio origen a una nueva máxima que habría de sustentar el diseño del edificio político-institucional construido en Filadelfia. Madison alude a ella con su proverbial desenfado en El Federalista LI: “Debe recurrirse a la ambición para contrarrestar a la ambición” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 321). En otras palabras, es preciso oponer a la pasión humana más poderosa la misma pasión para que, después de todo, sea factible servir mejor al interés superior de la sociedad.

15

LA IDEA QUE LOS PADRES FUNDADORES tuvieron acerca del gobierno representativo es claramente deudora del pensamiento de Rousseau, ya que privilegia la voluntad general por encima de la voluntad de todos y la búsqueda del bien común por encima del universo desordenado, anárquico, de los intereses individuales. Sin embargo, no siguen su doctrina al pie de la letra. No comparten con él la viabilidad de una democracia directa.

Rousseau, conviene subrayarlo, no apreciaba la representación, pero eso no significa que la hubiese descartado por completo. La considera pertinente —o el menor de los males posibles— cuando se trata de un Estado de grandes dimensiones, donde el Poder Legislativo no puede mostrarse directamente y sólo le es dado actuar a través de la diputación.

Pero el tipo de diputación que Rousseau acepta posee características bastante restringidas: carece del poder de deliberación y está compuesta por delegados o comisarios obligados a seguir rigurosamente las instrucciones de los votantes y a rendirles cuentas de sus acciones. En El contrato social advierte que la soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser alienada. Ella consiste fundamentalmente en la voluntad general, voluntad que no puede representarse de ningún modo. Por consiguiente, los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes, así como tampoco es lícito que tomen decisiones independientes (Rousseau, 1975: 301-302).

En Filadelfia, los Padres Fundadores desecharon la idea de Rousseau acerca del mandato imperativo, directo, que sólo puede recaer en la voluntad del cuerpo civil o voluntad general. Era obvio que así debía suceder, pues los asistentes a la Convención iban justamente en calidad de representantes de una entidad soberana: el pueblo. Sabemos lo que proclamaron ahí. Defendieron la necesidad de contar con una elite dirigente porque pensaban que el pueblo, aún cuando es virtuoso, no tiene el tiempo ni el conocimiento indispensable para tomar decisiones atinadas.

Les parecía inobjetable que el pueblo desea alcanzar generalmente el bien común. Sin embargo, a veces se equivoca. La experiencia lo ha demostrado. No es raro que se deje llevar por ilusiones momentáneas, que se deje seducir por demagogos, que sea acosado “por los ardides de parásitos y sicofantes”, como dirá Hamilton. Por eso corre el riesgo de decidir a la ligera los asuntos que, debido a su dificultad, requieren de reflexión y sabiduría. En suma, los deseos del pueblo pueden en ocasiones atentar contra sus verdaderos intereses. Por lo tanto, hay que defenderlo de sí mismo, corregir sus yerros, mediante la intervención de aquellos que han sido elegidos para deliberar sobre el bien común de la sociedad.

El pueblo delega y sus representantes se sacrifican. Hermosa ecuación para asegurar el funcionamiento armónico del Estado. Así lo expresa Hamilton en El Federalista LXXI:

Cuando se presentan acontecimientos en que los intereses del pueblo no coinciden con sus inclinaciones, el deber de las personas a quienes ha designado como guardianes de tales intereses estriba en resistir esa decepción temporal con objeto de dar al pueblo tiempo y oportunidad de que reflexione con más serenidad y sosiego. Podrían citarse ejemplos en que una conducta como la que describo ha salvado al pueblo de las funestísimas consecuencias de sus propios errores y ha ganado monumentos imperecederos de gratitud a los hombres que poseyeron la valentía y la magnanimidad necesarias para servirlo a riesgo de disgustarlo (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 410).

Más aún, según los Padres Fundadores, la instauración de un sistema de representación deliberativa proporciona una garantía adicional para fortalecer la establidad de la sociedad que la democracia directa está lejos de poder ofrecer. La deliberación de los elegidos corrige y mejora la elección de los electores. De hecho, es probable que la vox populi se exprese mejor y concuerde mejor con el bien público cuando recurre a la intermediación de los representantes del pueblo.

Sieyès compartirá esta idea pocos años después, al sostener que los representantes del pueblo disponen de un juicio más lúcido para determinar el interés general e interpretarlo. En efecto, dentro del debate que se suscita en Francia entre 1788 y 1789 sobre el tema de la representación política, se discute la conveniencia o inconveniencia de restringir la libertad de los diputados que asisten a la reunión de los Estados Generales a través del mandato imperativo que han recibido de sus electores.

En todo caso, Madison se pregunta si la democracia directa ha funcionado de modo aceptable alguna vez. Escéptico en este punto, no lo cree. Ni siquiera admite que así haya ocurrido en Atenas, modelo de todo régimen democrático. Comenta en El Federalista LXIII que, aún cuando se supone que la diferencia más significativa entre las antiguas repúblicas y la reciente república americana sea el principio de representación, lo cierto es que en dichas repúblicas había ya funcionarios elegidos por el pueblo y lo representaban en su capacidad ejecutiva. Fuesen los arcontes de Atenas, los éforos de Esparta o los tribunos de Roma, todos eran elegidos por el pueblo y eran considerados sus representantes con atribuciones casi plenipotenciarias (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 372-373).

Sin embargo, para Madison, Atenas muestra la torpeza de un pueblo que se ha privado a sí mismo de dirigentes virtuosos. Resultado de ello: el pueblo ateniense obligó un día a Sócrates a beber la cicuta en nombre de la “libertad del pueblo”, y poco después glorificó su memoria ordenando que se erigieran en la ciudad estatuas del hombre que antes había condenado a morir.

Cabe preguntar a Madison qué habría sucedido a Sócrates si hubiera prevalecido en su patria un régimen representativo como el americano…

La elección de un cuerpo de representantes comprometidos con su quehacer, capaces de deliberar y ponderar cuál es el sendero que conduce con seguridad hacia el bien común, constituye el mejor remedio contra el peligro de las facciones y la posibilidad siempre amenazante que toda democracia tiene de desvirtuarse y convertirse en el régimen despótico de una mayoría.

Por supuesto, recurrir a una elite dirigente no garantiza siempre la virtud de sus integrantes. Es imposible descartar el hecho de que el pueblo puede resultar de pronto traicionado por sus representantes. Pero aún así, nada permite suponer que la tiranía de un grupo de individuos elegidos sea más llevadera que la de un monarca absoluto. Un déspota puede resultar tan despiadado y opresivo como cien.

16

EL FEDERALISMO ES SIN DUDA LA GRAN NOVEDAD de la Constitución de 1787; es la causa por la cual ésta difiere radicalmente de los Artículos de la Confederación. Y la versión peculiar de dicho federalismo hará que también se distinga de cualquier otra Constitución federal. El vocablo “federal” resulta un tanto ambiguo debido a su determinación excesiva que llevó a cabo la ciencia política del siglo XVIII, al grado de que dificulta la descripción del sistema ideado por los delegados en Filadelfia.

Recordémoslo. En su acepción clásica, “federal” es sinónimo de confederativo. La República federativa, según Montesquieu, es una convención por medio de la cual diversos cuerpos políticos están dispuestos a convertirse en ciudadanos del Estado que desean formar. Es una especie de sociedad de sociedades que tiene la capacidad de crecer cuando nuevos asociados se unen a ella. Lo importante de un sistema tal, agrega Montesquieu, es que los confederados sigan siendo soberanos (Montesquieu, 1980e: 577). Lo contrario de un Estado federado es el unitario, el consolidado o, como se lo describe a menudo durante esa época, el Estado nacional o “perfecto”.

¿En qué reside la singular maturaleza del régimen instaurado por los Padres Fundadores? No deja de ser sintomático que Madison, en sus múltiples comentarios a este respecto en El Federalista, sea ambiguo. Para él, la nueva Constitución no es del todo nacional, tampoco completamente federal, sino compuesta:

La Constitución propuesta […] no es estrictamente una Constitución nacional ni federal, sino una combinación de ambas. Desde el punto de vista de su fundamento, es federal, no nacional; por el origen de donde proceden los poderes ordinarios del gobierno, es en parte federal y en parte nacional; por la actuación de estos poderes, es nacional, no federal; por la extensión de ellos es, otra vez, federal y no nacional, y, finalmente, por el modo que autoriza para introducir enmiendas, no es totalmente federal ni totalmente nacional” (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 259).

La novedad del federalismo americano sorprende a la mayoría de los observadores extranjeros. Uno de muchos, Tocqueville, comprueba que no existe un auténtico gobierno federal en Estados Unidos; el que existe es “incompleto”. ¿Cómo catalogar entonces el nuevo sistema estatal diseñado por los participantes en la Convención de Filadelfia?, se pregunta. Nótese que Tocqueville escribe su obra sobre la democracia americana alrededor de cuarenta años después de la creación de la Constitución federal. Y aunque no es poco el tiempo que ha transcurrido, admite su desasosiego porque no sólo se trata de una forma desacostumbrada de gobierno que no es ni nacional ni federal; no hay palabra en el vocabulario político disponible que permita designar esa realidad tan insólita.

Semejante vacío conceptual es revelador. Muestra una anomalía, o mejor, una transgresión inimaginable de las normas que definieron la ciencia política del siglo XVIII. Al crear un sistema político que no era federal ni nacional, los Padres Fundadores dieron la espalda al lenguaje y a la lógica imperantes en torno a la soberanía. Sustituyeron ambos con una fórmula mixta que reconciliaba lo que hasta entonces se antojaba irreconciliable. Instauraron de manera legítima un conjunto de estados soberanos dentro de una federación soberana.34 Esto contradecía un lugar común, una verdad axiomática en la ciencia política de la época: dos autoridades supremas no pueden coexistir dentro de un Estado. Habría significado dar lugar a un imperium in imperio, el cual, a todas luces, constituía —y sigue siéndolo— un absurdo político.

El alcance de dicha propuesta política resulta más claro cuando recordamos el sentido que tenía la palabra “soberanía” en la tradición tanto anglosajona como continental.

Una larga reflexión, inaugurada por Jean Bodin, estipula que la soberanía es indivisible. Indivisible como es el punto en la geometría. Dicha tradición se mantendrá vigente hasta finales del siglo XVIII, y Rousseau será su máximo exponente. La autoridad soberana es única y simple, argumenta en El contrato social; no se puede dividir sin destruirla. Cualquier otra modalidad termina por ser absurda, ya que haría del soberano un ser aberrante, compuesto por diversas piezas, como sería el caso de un hombre constituido por partes de múltiples cuerpos, con los brazos de uno, los ojos de otro, los pies de un tercero, etcétera.

La idea unitaria de la soberanía se encuentra también en Hobbes, para quien el único soberano es la cabeza o jefe del Estado. En cuanto a Locke, el verdadero soberano es el pueblo. Sin embargo, admite la posibilidad de que la soberanía pueda ser delegada. Así, el pueblo puede ser representado por un parlamento que preserve todos y cada uno de los atributos de la soberanía, es decir, su carácter único, supremo e inalienable.

Después de la expulsión de los Estuardos en 1689, lo que distingue al nuevo régimen británico de las monarquías continentales es la índole abstracta del sitio donde se asienta la soberanía de la Constitución inglesa: el Parlamento. En efecto, qué otra cosa es el Parlamento si no una institución que reúne en su seno a los tres estamentos del reino: la aristocracia [the Lords], el pueblo [the Commons] y la monarquía [the Crown].

La soberanía siempre permanece una, indivisible e inalienable, y ya no pertenece al rey, quien ha perdido lo esencial de su poder, el cual reside en su potestad para dar nacimiento a las leyes. Esa potestad corresponde, en lo sucesivo, al Parlamento, a partir de entonces todopoderoso. El rey ya no hace la ley, sino la ley al rey. El monarca o poder soberano, tal como lo habían definido Hobbes y Locke, no es más que King in Parliament, es decir, un engrane, entre otros tantos, dentro del dispositivo de la soberanía.

Ahora resulta sencillo comprender hasta qué punto la idea de los Padres Fundadores significó un desafío inusitado a la lógica político-gubernamental proveniente de una tradición nacida en el siglo XVII y que aún prevalece en la mayor parte de los países occidentales. Para esa lógica, era inadmisible el hecho de compartir la soberanía entre dos ámbitos de gobierno, el federal y el de cada estado, dando así origen a una república combinada, cuyo cuerpo legislativo federal sólo detentaría una cierta parcela, cuidadosamente acotada, de la autoridad legislativa.

En consecuencia, la construcción federal que idearon los Padres Fundadores en 1787 estaba lejos de promover una “solidificación” del poder, con el consiguiente peligro de volverse tarde o temprano despótico y arbitrario, tal como lo alertaron los antifederalistas, pues no es “federal” en el sentido tradicional del término, en la medida en que los estados entregan tan sólo una parte de su soberanía. Lo acertado sería decir, por ende, que es parcialmente federal y parcialmente nacional.35

El poder soberano federal ejerce un número bastante reducido de poderes, todos ellos delimitados con precisión. Por el contrario, el poder soberano estatal conserva un amplio repertorio de poderes y su campo de acción es, en cierta medida, indeterminado. De esa manera, el primero, el federal, se encarga primordialmente del control de las actividades exteriores: la diplomacia, la guerra, la paz y el comercio con el resto de las naciones. El segundo, el estatal, abarca todo lo que compete a la esfera de la vida social, las libertades, la propiedad de los ciudadanos, el orden civil, así como todo lo relacionado con el bienestar de las personas.

La singularidad de dicha construcción federal no escapó a la inteligencia y sensibilidad de Tocqueville. Más aún, resulta esclarecedor asomarse a la interpretación que ofrece de la experiencia estadunidense en torno a la soberanía compartida. Y no únicamente vale la pena destacar esa interpretación en particular. En muchas páginas del primer tomo de su libro sobre la democracia en Estados Unidos, Tocqueville lleva a cabo, en mi opinión, uno de los análisis más puntuales que se han hecho del gobierno federal, tanto de su Constitución como de sus importantes consecuencias, tomando como punto de partida el amplio conocimiento que tenía de El Federalista. De hecho, en un momento llega a sostener que esa obra, aunque trata específicamente acerca de los Estados Unidos de América, debería ser conocida por los políticos de todos los países (Tocqueville, 1961: 186).

Lo primero que Tocqueville observa en relación con esa doble soberanía es que una de ellas es claramente artificial, mientras que la otra no. En ese sentido, señala, la soberanía de la Unión es en realidad una obra de arte, lo que significa: un artificio. A su vez, la soberanía de cada estado es natural; existe en sí misma y su realidad es inapelable. La soberanía de la Unión sólo se deja sentir cuando están en juego los grandes intereses; engloba el ámbito inmenso, escurridizo, de la patria, y siempre está relacionada con un sentimiento vago e indefinido.

En contraposición a esa vaguedad, la soberanía de cada estado es algo que toca de muy cerca a los individuos y se manifiesta de múltiples maneras en su vida cotidiana. Gracias a ella hay mecanismos legales que garantizan su derecho a la propiedad, que protegen su libertad, que respaldan las formas de sociabilidad que hacen posible su derecho a ser felices. En suma, su bienestar o su miseria dependen de su influjo.

Así las cosas, cabe enfatizar que el objetivo principal perseguido por los federalistas era legitimar la soberanía federal, ese artificio de índole política que, estaban seguros, permitiría estrechar los lazos afectivos entre los ciudadanos de la Unión. Lograrlo era una tarea complicada. Hamilton o Madison lo sabían, pues no ignoraban que el estado local era capaz de proporcionar un bienestar más palpable, más inmediato, a los ciudadanos, debido a que estaba en condición de ofrecerles un mayor número de empleos y emolumentos que el gobierno federal. Además, cualquier estado federado poseía una ventaja de suyo atractiva sobre el Estado federal: la rapidez con que le era factible encargarse de la administración ordinaria de la justicia civil y criminal. Dicha ventaja no era despreciable. Por el contrario, era crucial porque en ella descansaba la protección de la vida y la propiedad de los individuos.

Para Madison, las zonas donde se rozaban los distintos poderes, las esferas que una y otra soberanía compartían tangencialmente, los procedimientos de ratificación y enmiendas constitucionales, un Senado que encarnaba a los estados y una Cámara Baja representando al pueblo de los estados en tanto que individuos, todo esto aconsejaba que se evitara establecer, en la medida de lo posible, una línea tajante de demarcación entre el centro y la periferia, entre el ámbito de lo nacional y el de lo estatal. En consecuencia, la sacrosanta tradición europea, de largo cuño, que afirmaba como posibilidad única la existencia de un Estado unitario o confederado, perdería su valor axiomático con el ejemplo de ese régimen inverosímil adoptado por Estados Unidos.

En lo sucesivo, el éxito o fracaso de ambos gobiernos, el federal y el estatal, dependerá entonces del éxito o fracaso de su administración respectiva. Con el tiempo, lo anterior llegaría a constituir el criterio primordial que los ciudadanos habrían de tomar en cuenta para aprobar o condenar las acciones de su gobierno. Desde la administración gubernamental se pensaba, tal vez con un exceso de optimismo, que el mejor gestor ganaría el respeto y admiración del pueblo.

Por su parte, Publius, precavido, dejará que la Historia se encargue de enjuiciar esa nueva realidad política que, contra todo pronóstico, había nacido en Filadelfia.

17

HOY, DESPUÉS DE LO VISTO Y VIVIDO en los dos últimos siglos, cabe preguntarnos: ¿seguimos así, dentro de un Estado, o mejor volvemos a la selva?

Notas

1] Únicamente califico esas dos de “modernas”, pues la revolución bolchevique y la revolución mexicana son contemporáneas.

2] El Book of Common Prayer es el texto litúrgico principal de la iglesia de Inglaterra y de la Comunión Anglicana (la reunión de todas las Iglesias anglicanas en el mundo). En diciembre de 1548, fue presentado en la Casa de los Lores, donde se debatió durante varios días, especialmente acerca del apartado sobre la eucaristía. El acta que instituyó que dicho libro fuese usado se presentó a los lores el 15 de enero de 1549. Diez obispos votaron a favor y ocho en contra. Pasó a la Cámara de los Comunes alrededor del 22 de enero. El consentimiento del rey tuvo lugar el 24 de marzo. Entró en vigor a partir del 9 de junio de aquel año. En 1552, el libro sufrió cambios drásticos, entre otros motivos, por la rápida expansión que estaban experimentando las posturas de los seguidores tanto de Calvino como de Zuinglio (Maude, 1901: 6).

3] A partir de ahora uso profusamente el vocablo “americanos”. No se lea como un respaldo incondicional de mi parte a la doctrina Monroe. Los habitantes de Estados Unidos de América en el siglo XVIII son, sin más, americanos. Así se denominan ellos y así los denominan ingleses y franceses. Claro. Tengo presente que, durante ese mismo siglo XVIII, cuando Feijoo sale en defensa de los americanos, combatiendo el prejuicio que sostiene que los moradores de estas tierras australes sufren flojera mental a causa del clima tórrido en que vivimos, los “americanos” a los que se refiere son, en efecto, unos americanos muy distintos. Entre ellos no hay rubios, no hay pelirrojos, y casi todos hablan, con acentos variados, la lengua de Castilla. Pero son también americanos. De esta ambigüedad nadie es culpable. Por consiguiente, sostengo que los contemporáneos de Franklin, de Jefferson y de Washington fueron americanos, no estadunidenses. Y seguirán siendo americanos.

4] El Town Meeting constituía una forma de gobierno democrático directo. En él, la mayoría de los miembros de una comunidad se reunían para legislar las políticas y presupuestos locales.

5] Ésa fue la primera asamblea de representantes elegidos que hubo en las colonias inglesas. Fue creada por la Virginia Company. Un burgess era un representante u oficial designado de la municipalidad.

6] Vale la pena recordar que el Congreso encargó a Jefferson escribir un borrador de la Declaración de Independencia. Como bien se sabe, el Congreso realizó después varias modificaciones al texto de Jefferson. La principal corrección consistió en suprimir el párrafo donde Jefferson proponía que la esclavitud fuera erradicada.

7] En el capítulo IV, “Of Slavery”, de The Second Treatise of Government, Locke señala: “La libertad natural del hombre consiste en no verse sometido a ningún otro poder superior sobre la tierra, y en no hallarse bajo la voluntad o autoridad legislativa de hombre alguno, no reconociendo otra ley para su conducta que la ley de la Naturaleza. La libertad del hombre en sociedad consiste en no estar sometido a otro poder legislativo que no sea aquel que se establece por consentimiento dentro del Estado [Common-wealth], ni al dominio de voluntad alguna, ni a las restricciones de ley alguna, fuera de las que ese poder legislativo dicte de acuerdo con la tarea que se le ha confiado. Por consiguiente, la libertad no es eso que el señor R. F. nos dice ser: ‘La libertad para cada uno de hacer lo que le parece bien, de vivir según le plazca, y de no encontrarse atado por ninguna ley’. Por el contrario, la libertad del hombre sometido a un gobierno consiste en contar con una regla fija para dirigir su vida, que esa regla sea común a cuantos forman parte de la sociedad, y que haya sido dictada por el poder legislativo erigido en su seno […]” (Locke, 2003: 283-84). R. F. son las iniciales de Robert Filmer, autor de Patriarcha, en contra de quien Locke redactó su primer tratado sobre el gobierno.

8] Fue el caso de Vermont y Carolina del Sur, los cuales cambiaron de Constitución tres veces en pocos años.

9] De hecho, lo que tanto había alarmado a determinados círculos gubernamentales fue la política de tolerancia religiosa que el rey había adoptado desde 1685, la cual lo había conducido a estrechar lazos con Francia. Aquellos círculos temieron entonces que tuviera lugar un restablecimiento del catolicismo en Inglaterra.

10] Estas opiniones se encuentran expresadas esencialmente en tres escritos (Constitution des treize États-Unis de l’Amérique, 1783: 97-123; 1847d: 127-143; 1847b: 3-93).

11] El volumen no sólo incluye las constituciones de los estados, sino también otros documentos de primera importancia, como la Declaración de Independencia y algunos de los primeros tratados internacionales que Estados Unidos firmó con ciertas naciones europeas. Contiene en detalle Constitution de New-Hampshire/ Constitution de Massachusetts/ Constitution de Rhode-Island/ Constitution de Connecticut/ Constitution de New-Yorck/ Constitution de New-Jersey/ Constitution de Pensylvanie/ Constitution de Delaware/ Constitution de Maryland/ Constitution de Virginie/ Constitution de Caroline-Septentrionale/ Constitution de Caroline-Méridionale/ Constitution de Georgie/ Déclaration de l’independence/ Articles de Confédération et Union perpétuelle, entre les États de New-Hampshire, Massachusetts, Rhode-Island et Établissemens de Providence, Connecticut, New-Yorck, New-Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline-Septentrionale, Caroline-Méridionale, et Georgie/ Traité d’amitié et de commerce, conclu entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Treize États-Unis de l’Amérique Septentrionale, le six Février mil sept cent soixante-dix-huit/ Traité d’Alliance Éventuelle et Défensive/ Traité d’amitié et de commerce entre L.H.P. les États-Généraux des Pays-Bas-Unis, et les États-Unis de l’Amérique/ Traité d’amitié et de commerce, conclu entre Sa Majesté le Roi de Suède et les États-Unis de l’Amérique Septentrionale (Constitutions des treize États-Unis de l’Amérique, 1783).

12] En efecto, el último artículo de la declaración de derechos —la cual antecede a los artículos que definen la organización del gobierno y sus funciones legítimas— sostiene que: “En el gobierno de este commonwealth, el departamento legislativo nunca ejercerá los poderes Ejecutivo y Judicial, o cualquiera de ellos; el Ejecutivo nunca ejercitará los poderes Legislativo y Judicial, o cualquiera de ellos; el Judicial nunca ejercitará los poderes Legislativo y Ejecutivo, o cualquier de ellos; al final, podrá haber un gobierno de leyes, y no de hombres” (The Federal…, vol. 1, 1878: 960).

13] Esta idea está inspirada en el periodo republicano de la antigua Roma.

14] El 17 de septiembre de 1787, la Constitución fue firmada, tras alcanzar un acuerdo general, por los miembros de la Convención. Sin embargo, se abstuvieron de firmarla el representante de Massachusetts, Mr. Gerry, y los de Virginia. Mr. Mason y Mr. Randolph. El presidente de la Convención dio a conocer el suceso al Congreso a través de una resolución donde también se explicaba cómo debía ser puesto en marcha en nuevo gobierno federal. El 4 de marzo de 1789 fue el día fijado para que comenzaran las operaciones del gobierno bajo la nueva Constitución, fecha en que ya había sido ratificada la Constitución federal por la mayoría de los estados mediante sus respectivas convenciones locales.

15] Para un análisis más detallado de las razones económico-agrarias que originaron el movimiento encabezado por el capitán Daniel Shays, véase Szatmary (1980: 1-33).

16] Con ese tratado se puso fin a la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, quien reconoció a partir de entonces la independencia de las trece colonias. Se firmó en el hôtel d’York, ubicado en el 56 de la rue Jacob, en París, el 3 de septiembre de ese año. El Congreso de Annapolis lo ratificó posteriormente.

17] Entiéndase por este término cualquier partidario de la monarquía.

18] De hecho, a todo lo largo de este Federalista, Hamilton debate el conjunto de deficiencias de la Confederación para preservar la Unión (Madison, Hamilton y Jay, 1987: 145-151).

19] Existe una buena recopilación de algunos de los artículos escritos por los antifederalistas, entre los que destacaba el autor que firmaba con el pseudónimo de The Centinel. Se trata de The Anti-federalist. Writings by the Opponents of the Constitution (1985).

20] Se titula “Sur la forme des gouvernements, et quelle est la meilleure?”. Está incluido en su obra Huit dissertations que M. le Comte de Hertzberg, Ministre d’État, Membre & actuellement, Curateur de l’Académie de Berlin, a lues dans les assemblées publiques de l’Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin, tenues pour l’anniversaire du Roi Frédéric II dans les années 1780-1789, Chez George Jacques Decker, Berlin, 1787, pp. 141-180. Hertzberg matiza, empero, su preferencia por la monarquía con estas palabras: “Cuando digo que prefiero la Monarquía a la República, no estoy pensando en esos gobiernos despóticos que, desde los siglos más remotos hasta nuestros días, han mantenido a todas las naciones de Oriente y de África en una esclavitud servil y estúpida, y que abruman y deshonran a la humanidad al no conocer ni el nombre de libertad ni el de República; me refiero a la Monarquía libre y atemperada que desde todas las épocas ha sido propia a la mayoría de las naciones europeas, sobre todo a las germánicas” (Hertzberg, 1787: 149).

21] Esa nueva Constitución, al final de las deliberaciones, la ratificó el quorum necesario de nueve estados.

22] Esa edición la retoma la editorial Penguin (véase el apartado de Fuentes).

23] La primera traducción de esa obra a una lengua moderna fue al francés. La hizo Jacques Amyot (1513-1593), un autor destacado del Renacimiento. Como era obispo, El Vaticano le permitió consultar el ejemplar de las Vidas paralelas que conserva hasta hoy en su biblioteca. Basándose en dicho ejemplar, Amyot trabajó su traducción desde 1559 hasta 1565. En su camino de regreso a Francia, Francisco I le encomendó una tarea diplomática que lo condujo a asistir al Concilio de Trento. La traducción que utilicé es una edición de 1784, publicada en París por Jean-François Bastien, en nueve volúmenes.

24] Sacerdotes que declaraban la guerra y concertaban la paz.

25] El segur era un hacha grande.

26] Insignia de los cónsules compuesta por un segur en un haz de varas (comúnmente treinta). Simbolizaba la fuerza que se deriva de la unión, pues una vara resulta fácil de romper, pero treinta son inquebrantables.

27] Rousseau llega a decir que un pueblo inquieto, siempre dispuesto a intervenir en los asuntos del Estado, debe ser contenido. Los ciudadanos, absortos en sus labores domésticas, sólo piensan en el interés público cuando el interés propio se ve amenazado (Rousseau, 1740: 220).

28] Me refiero, por supuesto, a 1984 de George Orwell, y a Un mundo feliz de Aldous Huxley.

29] Aclaro que la voluntad general es la del cuerpo civil (o de la mayoría de sus miembros). Siempre es justa y tiende a la utilidad pública. Esta noción es crucial en la argumentación de Rousseau para fundamentar la democracia. Reemplaza el concepto de “voluntad del rey” que servía para legitimar la monarquía.

30] Por ejemplo, para Madison, el derecho a la propiedad se origina en la diversidad de las facultades que el hombre posee, derecho que obstaculiza, como ninguna otra cosa, la unanimidad en los intereses de los individuos (Madison, Hamilton y Jay, 1975: 124).

31] Indirecta significa que los senadores son elegidos por los cuerpos legislativos de los estados, así como el presidente por un colegio electoral.

32] Montesquieu argumenta de la siguiente manera: “Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, el Poder Legislativo se suma al Poder Ejecutivo, no hay libertad, pues cabe temer que el mismo monarca o el mismo senado hagan leyes tiránicas para hacerlas ejecutar tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder de juzgar no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Si estuviera unido al Poder Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, ya que el juez sería legislador. Si estuviera unido al Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo grupo de principales o de nobles o del pueblo ejerciera esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o los diferendos de los particulares”(Montesquieu, 1980e: 586).

33] En realidad, la alusión de Madison a ese estado no es casual. Cuando, el 21 de febrero de 1787, el Congreso aprobó que se celebrara una convención en Filadelfia, los estados que aún no habían designado representantes se apresuraron a hacerlo, salvo Rhode Island.

34] Es obvio que la soberanía de la federación no provenía de una mera sumatoria de las soberanías estatales. Por tal motivo, ese nuevo esquema adoptado por los Padres Fundadores desconcertó tanto a sus contemporáneos. El asunto era bastante más complejo de lo que aparentaba ser.

35] Así lo subraya Madison en El Federalista XXXIX (Madison, Hamilton y Jay, 1987). En este contexto, es claro que “nacional” equivale a “estatal”.

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Ignacio Díaz de la Serna

Es escritor e investigador titular en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN-UNAM). Doctor en Filosofía, imparte cursos y seminarios en el Posgrado de Filosofía de la UNAM. Obtuvo el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía “Carlos Pellicer 1989”, otorgado por CONACULTA.

Sus últimos libros son: El planisferio de Morgius Cancri. Enciclopedia Universal (Fondo de Cultura Económica, 2014); Para leer a Georges Bataille (Fondo de Cultura Económica, 2012); Franklin y Jefferson: entre dos revoluciones. Inicios de la política internacional estadunidense (CISAN-UNAM, 2009); Los acordes esféricos (Ediciones ERA/CONACULTA, 2005); y Príncipe de Ligne: Extravíos o mis ideas al vuelo (Editorial Sexto Piso, 2004, y edición española en la misma editorial, 2009).

Los dioses llegaron tarde a Filadelfia. Una dimensión mitohistórica de la soberanía

editado por CISAN-UNAM y Bonilla Artigas Editores

Edición digital para ePub por KubikPress

diciembre 2015